El destino del sistema de salud en México está en una encrucijada.
Por un lado, el Gobierno federal estableció un plazo de 5 años para garantizar el acceso a la atención médica y hospitalaria de manera gratuita a todos los habitantes del país.
Sin embargo existen muchos retos para cumplir con este compromiso. Entre los principales está tener la infraestructura hospitalaria necesaria, asegurar el abasto de medicamentos gratuitos y crear una cultura de salud que sea preventiva y no paliativa, reconocen las autoridades.
Otros obstáculos que pueden impedir el objetivo, señalan diputados de PAN y de Movimiento Ciudadano, son la falta de viabilidad financiera, de reglas de operación, de transparencia y la centralización de los sistemas estatales de salud.
Como un primer paso para lograr el acceso universal a los servicios de salud, el pasado 23 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley General de Salud.
Con ella se aprueba la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituye al Seguro Popular, fundado en 2003 durante el sexenio del expresidente Vicente Fox Quesada.
El Insabi es parte del Plan Nacional de Salud 2019-2024, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de octubre en su conferencia mañanera.
De acuerdo con el Plan Nacional de Salud, después de 15 años de la puesta en marcha del Seguro Popular, todavía hay 20 millones de mexicanos que no cuentan con cobertura de salud; población a la que prevé cubrir el nuevo instituto.
A diferencia del Seguro Popular, en el que los pacientes daban una cuota, en el nuevo modelo los servicios serán gratuitos y con ello se busca beneficiar a los sectores más vulnerables del país que no tienen seguridad social.
“Tiene el objetivo de atender a más de la mitad de la población de este país que no tiene derecho a la salud porque no están en un empleo formal”, explica Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
La legisladora de Morena dice que entre los principales beneficiarios se encuentran las personas que viven en ejidos, en la montaña, en las periferias de las ciudades y en las zonas indígenas.
En el Senado se espera que la iniciativa sea aprobada sin modificaciones para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor el 1 de enero de 2020, explica.
Según el Plan Nacional de Salud 2019-2024, el acceso a los servicios se incrementará de manera paulatina, todos los pacientes afiliados al Seguro Popular seguirán recibiendo los servicios y los de alta complejidad se van a garantizar, además los medicamentos serán gratuitos.
El proyecto de prestación sin costo de servicios médicos también se va a sostener con el sistema de salud de cada estado, por lo que contempla la federalización de los sistemas de salud de las entidades a través de convenios con los gobernadores, aunque algunos, como los de Jalisco y Guanajuato, han rechazado la propuesta porque sus recursos se verán comprometidos.
Esta reestructuración del sistema de salud es una de las más ambiciosas del actual Gobierno federal, por lo que existen muchas dudas de si se podrá cumplir la meta en este sexenio.
“Si lo hacemos bien y con el corazón creo que se puede. Yo espero mucho de este proyecto, de verdad, es una necesidad en este país.
“Porque el Seguro Popular, si bien tuvo su momento, vemos que en 15 años seguíamos teniendo limitantes con la atención de las enfermedades y no se diga con las catastróficas”, dice Sánchez.
Las trabas del instituto
La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, explica que existe la necesidad de garantizar la seguridad social de todos los mexicanos y el acceso a los medicamentos como un derecho a la salud, pero el objetivo del Insabi puede quedar en falsas expectativas debido a que no hay claridad en el financiamiento al sistema de salud.
Aunque la discusión de la iniciativa ya pasó al Senado, la legisladora espera que haya modificaciones de los temas que se insistieron durante la reserva.
Uno de los temas más preocupantes, señala, es la viabilidad financiera.
“Aunque se habla de que será progresiva no se establece cómo se va a ir alcanzando esa progresividad, ni por qué tipo de población van a comenzar”.
“El Seguro Popular tenía un número de personas inscritas y un catálogo de enfermedades que cubría, aquí será a población abierta y buscaría atender a toda la población y no hay recursos suficientes para eso. El riesgo es que los recursos que hay se den de manera discrecional y clientelar. Es decir, dependerá de qué tan cercanos sea el Gobierno federal al Gobierno local”.
Por su parte, el panista Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud, coincide con que la creación del Insabi es insuficiente para garantizar la universalidad del sistema de salud y espera que no se apruebe en el Senado.
“Eso no va a ocurrir con la creación del Insabi, es un deseo que tienen todos los gobiernos del mundo: que la población esté protegida. México en lo particular es uno de los países con menos inversión y el Insabi es uno de los que menos inversión tiene en el país”, señala.
También puedes leer: Sistema de salud: el reto de la austeridad de AMLO
Sistema de Salud para todos, ¿una utopía?
Garantizar que todos los habitantes del país tengan acceso gratuito a los servicios de salud es un reto mayúsculo, por lo que se requiere más que sólo voluntad política.
“El primer reto es tener la estructura hospitalaria, de clínicas o unidades o centros de salud que permitan garantizar el acceso a la salud. El segundo es asegurar que realmente los medicamentos, que además son gratuitos, estén en donde se necesitan. Además de lograr la cultura de la salud preventiva”, explica la diputada Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud.
Debido a las problemáticas en el sistema de salud público, como la saturación en el servicio y la falta de insumos y medicamentos, lograr la universalización de los servicios médicos para 2024 parece una misión imposible por la cantidad de recursos que se necesitan.
Sánchez explica que se busca establecer convenios de colaboración institucionales para cuando el Insabi o los hospitales generales no tengan forma de atender ciertos padecimientos se haga en el IMSS, el ISSSTE o alguna otra institución.
“Por otro lado las compras consolidadas van a ser fundamentales para abaratar los costos de medicamentos e insumos que nos permitan eficientar cada centavo. También es fundamental garantizar que se fiscalice el recurso que Insabi gaste”, dice.
Para evitar desvíos o corrupciones en salud, Miroslava Sánchez menciona que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP) deben de estar al pendiente.
Ante las críticas por la falta de recursos para el Insabi, Sánchez señala que éste sí tiene la viabilidad financiera para empezar a operar.
Para arrancar, la diputada explica que el instituto tiene el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) destinado al Seguro Popular.
“Del resto del Fondo de Salud para el Bienestar, un 20 por ciento ya está comprometido para atender enfermos que están en tratamiento y el resto se queda en reserva para algún imprevisto o emergencia sanitaria”, dice.
La legisladora señala que el dinero tomado del Fondo de Gastos Catastróficos no pone en riesgo a los pacientes que se benefician de él y éstos no se van a quedar sin tratamiento.
Aunque el panorama no es el ideal debido al poco presupuesto que México le destina a la salud, tomando en cuenta otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que se espera que se destinen más recursos.
Por lo pronto, para el Presupuesto 2020 se solicitaron más de 200 mil millones de pesos para el sector salud, es decir, el 1 por ciento del PIB, explica la legisladora morenista.
También puedes leer: AMLO anuncia la creación del Instituto de Salud para el Bienestar
Van contra monopolios
Las autoridades federales también van contra las prácticas monopólicas en el sector salud como parte de su estrategia para mejorar estos servicios, entre los problemas que se le atribuyen está el desabasto de medicamentos en México.
El pasado 23 de octubre, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una querella ante la Fiscalía General de la República contra varias personas que presuntamente cometieron prácticas monopólicas absolutas.
“Las prácticas monopólicas absolutas generan la más grave afectación, desde la perspectiva de la competencia, al funcionamiento de los mercados y al bienestar del consumidor, dado que eleva los precios y disminuyen la cantidad y calidad de bienes o servicios ofrecidos”, señaló la dependencia en un comunicado.
Sin embargo, no es la primera vez que se hace uso de esta facultad, pues en el documento la Cofece señala que tiene evidencias sobre la posible coordinación entre competidores en licitaciones públicas convocadas por el sector salud al menos entre 2011 y 2015.
Desde principios de año, hospitales públicos han sufrido por el desabasto de medicamentos, sobre todo los que sirven para combatir el cáncer. En septiembre, el Gobierno mexicano recibió el metotrexano, fármaco importado de Francia.
En ese entonces, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acusó al Laboratorio PISA de generar desabasto inducido de esta sustancia.
Su titular, José Alonso Novelo Baeza, reveló en su comparecencia ante el Senado que se había detectado contaminación en uno de sus lotes de 17 mil ampolletas, por lo que dejó de suministrarse en hospitales.
Las autoridades señalaron que el medicamento se comprará en el extranjero a países como Francia, China o India, que cumplan con las normas de seguridad.
No obstante, el desabasto de fármacos continúa en octubre, denuncian padres de familia de niños con cáncer en entidades del país como Nuevo León, Chiapas y Veracruz, así como en hospitales de la Ciudad de México.
Los familiares de los menores acusan que no solo hay falta de medicamentos para quimioterapias, sino en todos los ámbitos, por lo que consideran realizar un movimiento a nivel nacional para exigir los insumos.
Abren plazas para médicos en el sistema de salud
El Gobierno federal también anunció para 2020 la creación de 10 mil 794 nuevas plazas para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que se sumará a las 19 mil 763 consideradas en el presupuesto de este año.
De acuerdo con datos del Gobierno federal, también alrededor de 5 mil médicos se han sumado al programa Médicos del Bienestar.
Además señaló que para atender la demanda de atención médica en el país se requieren 200 mil profesionales de la salud.