SNA: Resistencia civil

Las organizaciones de la sociedad civil que a nivel federal han impulsado la creación y el arranque del SNA, lanzarán hoy una nueva campaña para continuar empujando la lucha contra la corrupción en el país.

Con el lema #VamosPorMás, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras, lanzarán una segunda cruzada por las reformas y nombramientos que falta concretar.

“Seguimos en la lucha contra la corrupción. Quienes pretenden debilitar al SNA sabrán que está batalla no la abandonamos. Nosotros #Vamospormás”, escribió Coparmex en su cuenta de Twitter.

Esta nueva campaña llega a unas horas de que el SNA entre en operación y lo haga de forma incompleta, ante el incumplimiento del Senado en el nombramiento del fiscal anticorrupción y los magistrados el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Y no solo han expresado su inconformidad por el retraso en el nombramiento, sino por la forma en que se han realizado algunos procesos sobre el asunto.

En enero pasado, estas organizaciones pidieron al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión que fueran transparentes en el debate de los nombramientos.

Sin embargo, en el proceso de evaluación de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, las 13 organizaciones civiles que realizaban la labor de acompañamiento con el Senado decidieron retirarse por considerar que se trataba de un proceso opaco y dominado por los partidos políticos, que se negaban a impulsar una fiscalía autónoma e independiente. Calificaron a la labor que se hacía como “un acto de mera simulación”.

Incluso, algunos aspirantes, como el prominente académico Miguel Sarre, abandonaron la contienda por considerar que el modelo de Fiscalía anticorrupción sería inservible tal cómo está en el papel.

Sin embargo, para cumplir con el requisito legal de la participación de la sociedad civil, el Senado se hizo acompañar de otras organizaciones, activistas y académicos, entre los que se encontraba Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, quienes estuvieron presentes mientras se evaluaba a los 23 aspirantes a la Fiscalía restantes.

Al final, en el mes de marzo, el comité de acompañamiento dio la recomendación de cuatro aspirantes que, en su criterio, cumplían los requisitos; uno de ellos renunció a su aspiración, por lo que solo quedaron tres.

Los senadores señalaron que la opinión del comité no es vinculante, por lo que solo se usaría como referencia para un posible nombramiento, que recaería en la Junta de Coordinación Política; es decir, en los coordinadores parlamentarios de las bancadas.

Esto despertó la indignación de estas organizaciones de la sociedad civil que, finalmente, también renunciaron la semana pasada a “acompañar” al Senado.

Los activistas han reclamado que, por si todo esto fuera poco, no se han dado recursos económicos para la operación del SNA.

Así, el Legislativo y el Ejecutivo han dinamitado su relación con las organizaciones de la sociedad civil, que han acusado múltiples obstáculos para el combate a la corrupción, pero han refrendado -y hoy lo harán de nuevo- que ésta es la cruzada en la que tienen puestos todos sus esfuerzos.

Entre rezago y señalamientos

Este miércoles deberá estar en pleno funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, algunos estados se han encargado de secuestrar la cruzada contra la corrupción, sea por omisión o por acción.

Mientras algunas entidades ni siquiera han aprobado la legislación necesaria para arrancar con su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en otras todo apunta a que el combate a la corrupción no será más que una simulación, pues han sido nombrados para esta tarea personas cercanas a gobernadores o, incluso, relacionadas con delitos de corrupción.

En el discurso, el combate a la corrupción es una de las prioridades de todos los poderes y de los tres niveles de gobierno; la realidad, sin embargo, es otra.

Los congresos estatales tomaron el plazo del 19 de julio para aprobar toda la legislación anticorrupción. Tuvieron que trabajar en la reforma a su Constitución local y las leyes secundarias para reglamentar la operación del Sistema y cambios en órganos de procuración de justicia y tribunales.

Para su aprobación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tuvo que sortear numerosas trabas y presiones en el Congreso de la Unión.

Una vez aprobada y promulgada por el Ejecutivo, la batalla no ha cesado: uno tras otro, la clase política parece poner obstáculos para que el Sistema no entre en operación.

Aún ahora, a dos días de que el SNA tiene que operar, el Senado ha fallado en el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tuvo que habilitar provisionalmente una de sus salas regionales para que juzgue los delitos de corrupción.

Esto ocurre en medio de varios escándalos de corrupción que han sacudido al país y a varios estados y que, incluso, han llevado a algunos exgobernadores a prisión o son buscados por varios delito.

La cruzada anticorrupción que impulsa la sociedad civil está por entrar en una nueva etapa, en la que intentarán convencer a los incrédulos de que, si no se combate el problema, tarde o temprano causará mucho más que pérdidas económicas.

La clase política se juega en esto su credibilidad y su capacidad de gobernar; la ciudadanía, su bienestar y calidad de vida.

La construcción en cada estado

Al ser creado el SNA, que opera a nivel federal, se estableció que los estados debían crear sistemas locales de combate a la corrupción a más tardar el 19 de julio de este año.

Hasta ahora, Chihuahua es el único estado que está en falta. Apenas el 5 de julio el gobernador Javier Corral presentó la iniciativa al Congreso local; seis días después, el 11 de julio, el Legislativo pospuso la creación del SEA, sin que hasta hoy haya sido aprobada la reforma a la Constitución del estado.

Los más atrasados, junto con Chihuahua, eran los estados de Campeche y Tabasco, cuyos congresos aprobaron ya la creación de sus sistemas anticorrupción la semana pasada.

En todos los demás estados, el camino legislativo del SEA ha ido avanzando; aunque las fallas podrían estar en la operación de esos sistemas.

Aunque debían seguir un modelo establecido en la Constitución Política mexicana, en ejercicio de su soberanía cada entidad pudo establecer las reglas con que operará su propio Sistema.

La construcción del andamiaje contra la corrupción quedó en manos de los congresos estatales, conformados por diputados de los diferentes partidos políticos. Y aunque en la mayor parte de los casos la sociedad civil pudo participar enviando propuestas, al final los legisladores tuvieron la última palabra.

A partir de que hayan sido aprobadas todas las reformas legales, cada congreso estableció el tiempo en que deberán empezar a funcionar los órganos de su sistema, como el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y otros. No en todos los estados comenzará a operar al mismo tiempo.

En algunas entidades, la aprobación de su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se convirtió también en una lucha entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar una intervención indebida; en otras, el mandatario en turno consiguió establecer criterios que le dan ventaja.

Eso sí, en todos los casos, desde la sociedad civil se ha impulsado el tema del combate a la corrupción.

Tanto organizaciones civiles como el sector empresarial, especialmente la Coparmex, han participado con propuestas y observaciones sobre lo que debería contener o no el SAE de su entidad.

¿Combate simulado?

En algunos estados se han prendido los focos rojos por la forma en que se ha construido o cómo se han puesto en operación algunas piezas de los sistemas locales de combate a la corrupción, sobre todo en los nombramientos de quienes deben perseguir y castigar a los corruptos.

Un caso emblemático es el de Nayarit, cuya administración estatal encabezada por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, está en jaque desde que Edgar Veytia, fiscal del estado, fuera detenido en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

A ello se sumaron diversas denuncias por enriquecimiento ilícito y otros delitos de que se acusa a Sandoval.

Aunque todos los escándalos estallaron este año, Roberto Sandoval quiso blindarse desde noviembre del año pasado al nombrar a su secretario particular, Raymundo García Chávez, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, la instancia donde se juzgará a quienes cometan delitos de corrupción.

García Chávez no era solamente secretario particular del gobernador, sino suplente del senador Manuel Cota, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura.

Cuando Cota pidió licencia a principios de este año para convertirse en candidato, García Chávez dejó el Tribunal de Justicia Administrativa para incorporarse al Senado.

En abril pasado, mientras García Chávez era senador, en Nayarit estalló un escándalo por la revelación de un audio donde se escucha al hoy exrector de la Universidad Tecnológica, Alejandro Fonseca Díaz, decir que García Chávez financiaba campañas políticas a cambio de quedarse con obras públicas y, además, que era prestanombres del exfiscal Veytia.

Nada pasó. Desde el Senado, García Chávez negó las acusaciones; y Roberto Sandoval, el gobernador, corrió al rector de la UT y ordenó una investigación en su contra.

El 21 de junio pasado, Cota volvió a su escaño, con lo que el magistrado pudo regresar al Tribunal. Raymundo García Chávez fue nombrado magistrado por 10 años, por lo que estará hasta el 2026 juzgando delitos de corrupción.

Otro ejemplo es el Estado de México, donde en la nueva Ley quedó establecido que el nombramiento de los magistrados que castigarán los delitos de corrupción serán nombrados por el gobernador y solo se requiere la aprobación del Congreso local.

Los magistrados Gerardo Lara García, Rafael González Oses, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, América Elizabeth Trejo de la Luz, Claudio Gorostieta Cedilla, Arlem Siu Jaime Merlos y Lydia Elizalde Mendoza, fueron nombrados recientemente por el gobernador y aprobados por el Congreso.

Sin embargo, de ellos, al menos Gerardo Lara, América Trejo y Rafael González han trabajado muy de cerca a los gobiernos priistas.

En la entidad mexiquense, el fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general del estado –que es nombrado por el gobernador-. Para la designación, solo tiene que dar vista al Congreso local, que tendrá 10 días hábiles para impugnarlo… pero debe hacerlo con las dos terceras partes de los votos.

Y esa designación ha caído en un exfuncionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de José de la Luz Díaz Correa, un abogado que en una parte de este sexenio trabajó como titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

En Sonora, en donde la gobernadora priista Claudia Pavlovich ha tenido como bandera de gobierno el combate a la corrupción y cuyas investigaciones han llevado al exgobernador Guillermo Padrés a prisión, también hubo un escándalo por el nombramiento de funcionarios anticorrupción cercanos al PRI.

Al inicio de su mandato, en 2015, la gobernadora Pavlovich creó la Fiscalía Anticorrupción y, desde ahí comenzaron a realizarse las investigaciones contra funcionarios de la administración anterior. Al frente de ella fue nombrado Odracir Espinosa Valdez, quien admitió abiertamente que era militante del PRI.

Ahora, con el cambio en las leyes estatales para crear el SAE, Odracir Espinosa fue ratificado al frente de la Fiscalía a pesar del rechazo del PAN.

En la nueva ley anticorrupción estatal también quedó establecido que la gobernadora propondría a los tres magistrados que juzgarán los delitos de corrupción y solo requeriría la aprobación del Congreso.

Los magistrados ya han sido nombrados y uno de los tres que ya se encuentran en funciones fue no solo funcionario federal, sino secretario dentro del PRI local.

Es decir, uno de los jueces que impartirá justicia contra la corrupción en Sonora ha sido abiertamente priista.

Se trata de Ricardo García Sánchez, cuyo cargo anterior era delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Sonora.

Pero antes trabajó como presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal; y fue coordinador de asesores de la bancada del PRI en el Congreso local.

Triunfos aislados

En algunos estados se han prendido los focos rojos por la forma en que se ha construido o cómo se han puesto en operación algunas piezas de los sistemas locales de combate a la corrupción, sobre todo en los nombramientos de quienes deben perseguir y castigar a los corruptos.

Un caso emblemático es el de Nayarit, cuya administración estatal encabezada por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, está en jaque desde que Edgar Veytia, fiscal del estado, fuera detenido en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

A ello se sumaron diversas denuncias por enriquecimiento ilícito y otros delitos de que se acusa a Sandoval.

Aunque todos los escándalos estallaron este año, Roberto Sandoval quiso blindarse desde noviembre del año pasado al nombrar a su secretario particular, Raymundo García Chávez, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, la instancia donde se juzgará a quienes cometan delitos de corrupción.

García Chávez no era solamente secretario particular del gobernador, sino suplente del senador Manuel Cota, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura.

Cuando Cota pidió licencia a principios de este año para convertirse en candidato, García Chávez dejó el Tribunal de Justicia Administrativa para incorporarse al Senado.

En abril pasado, mientras García Chávez era senador, en Nayarit estalló un escándalo por la revelación de un audio donde se escucha al hoy exrector de la Universidad Tecnológica, Alejandro Fonseca Díaz, decir que García Chávez financiaba campañas políticas a cambio de quedarse con obras públicas y, además, que era prestanombres del exfiscal Veytia.

Nada pasó. Desde el Senado, García Chávez negó las acusaciones; y Roberto Sandoval, el gobernador, corrió al rector de la UT y ordenó una investigación en su contra.

El 21 de junio pasado, Cota volvió a su escaño, con lo que el magistrado pudo regresar al Tribunal. Raymundo García Chávez fue nombrado magistrado por 10 años, por lo que estará hasta el 2026 juzgando delitos de corrupción.

Otro ejemplo es el Estado de México, donde en la nueva Ley quedó establecido que el nombramiento de los magistrados que castigarán los delitos de corrupción serán nombrados por el gobernador y solo se requiere la aprobación del Congreso local.

Los magistrados Gerardo Lara García, Rafael González Oses, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, América Elizabeth Trejo de la Luz, Claudio Gorostieta Cedilla, Arlem Siu Jaime Merlos y Lydia Elizalde Mendoza, fueron nombrados recientemente por el gobernador y aprobados por el Congreso.

Sin embargo, de ellos, al menos Gerardo Lara, América Trejo y Rafael González han trabajado muy de cerca a los gobiernos priistas.

En la entidad mexiquense, el fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general del estado –que es nombrado por el gobernador-. Para la designación, solo tiene que dar vista al Congreso local, que tendrá 10 días hábiles para impugnarlo… pero debe hacerlo con las dos terceras partes de los votos.

Y esa designación ha caído en un exfuncionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de José de la Luz Díaz Correa, un abogado que en una parte de este sexenio trabajó como titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

En Sonora, en donde la gobernadora priista Claudia Pavlovich ha tenido como bandera de gobierno el combate a la corrupción y cuyas investigaciones han llevado al exgobernador Guillermo Padrés a prisión, también hubo un escándalo por el nombramiento de funcionarios anticorrupción cercanos al PRI.

Al inicio de su mandato, en 2015, la gobernadora Pavlovich creó la Fiscalía Anticorrupción y, desde ahí comenzaron a realizarse las investigaciones contra funcionarios de la administración anterior. Al frente de ella fue nombrado Odracir Espinosa Valdez, quien admitió abiertamente que era militante del PRI.

Ahora, con el cambio en las leyes estatales para crear el SAE, Odracir Espinosa fue ratificado al frente de la Fiscalía a pesar del rechazo del PAN.

En la nueva ley anticorrupción estatal también quedó establecido que la gobernadora propondría a los tres magistrados que juzgarán los delitos de corrupción y solo requeriría la aprobación del Congreso.

Los magistrados ya han sido nombrados y uno de los tres que ya se encuentran en funciones fue no solo funcionario federal, sino secretario dentro del PRI local.

Es decir, uno de los jueces que impartirá justicia contra la corrupción en Sonora ha sido abiertamente priista.

Se trata de Ricardo García Sánchez, cuyo cargo anterior era delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Sonora.

Pero antes trabajó como presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal; y fue coordinador de asesores de la bancada del PRI en el Congreso local.

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…Y aquí ¿no pasa nada? por Indigo Staff