En su ENPOL 2016, el INEGI detectó que algunas de las prisiones en manos de empresas privadas tuvieron problemas en la prestación de algunos bienes y servicios, como acceso a agua potable
De acuerdo al INEGI, el 10.8 por ciento de los reclusos en México reportaron haber sido víctimas de un acto de corrupción al interior de los penales donde se encuentran
En el 2013, la empresa Homex Arendal vendió a Grupo Carso su participación en las prisiones de Chiapas y Morelos
La construcción del Cefereso 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue detenida por las amenazas y extorsiones de Los Caballeros Templarios, fueron 5 años de retraso
Desde el 2010 y por 22 años, toda la administración de servicios y mantenimiento de las prisiones quedó en manos de empresas privadas
La corrupción en las cárceles del país alcanza hasta a los centros de reclusión que tienen participación privada.
Desde el pago por el pase de lista hasta por tener una visita conyugal, las personas privadas de su libertad tienen que pagar casi por cada movimiento que hagan en prisión.
En México existen 210 mil 991 personas –hasta el 2016- que están privadas de su libertad en los 338 centros penitenciarios que existen en el país.
Cuatro de cada 10 internos han sido víctimas de actos de corrupción desde el momento de su arresto y durante su reclusión, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, del INEGI.
Este índice toca también a las cárceles que pertenecen al nuevo modelo penitenciario de privatización, las que tienen los mismos problemas de las cárceles tradicionales, pues la seguridad y custodia de los internos depende del Estado, no de las empresas.
La cifra se reduce si se trata exclusivamente de actos de corrupción que se hayan cometido dentro de las prisiones.
El INEGI señala que solo el 10 por ciento de los presos reportó haber tenido un problema de ese tipo en la cárcel; aunque los datos también muestran que no todas las faltas que se cometen en las prisiones son denunciadas.
La CNDH ha retratado un panorama de las cárceles mexicanas donde la corrupción y el autogobierno son los dos principales problemas del sistema penitenciario mexicano.
Sin embargo, las prisiones hechas y operadas por empresas también han fallado en cosas que sí tocan en su operación privada: han sido señaladas por tener fallas en algunos de sus servicios como el agua potable o la limpieza de sus instalaciones.
El coctel de adversidades que enfrentan los presos de todo el país convierten a las cárceles en lugares no aptos para la readaptación social, tal como lo muestran las altas tasas de reincidencia.
Privatizar, ¿una idea exitosa?
El expresidente Felipe Calderón fue el mandatario que lanzó el nuevo modelo para el sistema carcelario del país.
La sobrepoblación, los altos costos de mantenimiento y los problemas de violencia y autogobierno al interior de las prisiones, fueron las justificaciones que el Ejecutivo dio para privatizar la construcción y operación de varias cárceles mediante un esquema de Contrato de Prestación de Servicios (CPS).
Los contratos fueron otorgados en el 2010 y tienen una vigencia de 22 años; fueron otorgados mediante un esquema de Asociaciones Público Privadas.
En el nuevo modelo penitenciario, las empresas serían las encargadas de construir los penales y brindar algunos servicios para su operación, como la limpieza, el mantenimiento, la provisión de artículo básicos y la alimentación de los reos.
“Contrato de prestación de servicios integrales de capacidad penitenciaria para el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y requerimientos físicos, materiales y tecnológicos, a efecto de que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pueda llevar a cabo su función penitenciaria”, expone el texto de los proyectos.
Es decir, en manos de los privados queda toda la administración de servicios y mantenimiento de las prisiones; las tareas de seguridad y custodia permanecen en manos del Estado.
Actualmente existen seis prisiones federales CPS en operación construidas bajo ese modelo; además, otros proyectos que no resultaron exitosos.
En operación se encuentran los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, Sonora –contrato otorgado a Ingenieros Civiles Asociados (ICA)-; el 12, en Ocampo, Guanajuato –construido por ICA-; y el 13, en Miahuatlán, Oaxaca –cuyo contrato fue otorgado a la empresa Constructora y Edificadora IGA-.
Operan también el Cefereso 14, en Gómez Palacio, Durango –construido por Prodemex-; el 15, en Comatitlán, Chiapas –construido por Homex Arendal-; y el 16, un Cefereso femenil en Coatlán, Morelos –cuyo contrato se dio a Homex Arendal-.
Sin embargo, para las propias empresas parece que no fue un negocio redondo. Poco tiempo después de terminar la construcción, en el 2013, Homex Arendal vendió a Grupo Carso su participación en las prisiones de Chiapas y Morelos.
La constructora ICA vendió el 70 por ciento de su participación en la administración de las prisiones de Sonora y Guanajuato a la empresa estadounidense CGL.
Dos de las prisiones que fueron planeadas desde el 2010 por el gobierno de Felipe Calderón tuvieron retrasos de años.
Se trata del Cefereso 17, en Buenavista Tomatlán, en Michoacán, cuyo contrato fue otorgado a la empresa Prodemex y cuya construcción fue detenida por las amenazas y extorsiones de Los Caballeros Templarios.
Apenas en junio de este año este Cefereso entró en operación y recibió a sus primeros internos. Esto significa 5 años de retraso en su construcción –que estaba planeada para dos años-.
El otro es el Cefereso de Ramos Arizpe, Coahuila, cuyo contrato se otorgó a la empresa Tradeco y que todavía se encuentra en construcción, aunque se prevé que este año entre en operaciones.
La construcción de esta prisión tuvo retrasos, entre otras cosas, por la falta de pago a sus trabajadores y por varios paros que estos realizaron por las precarias condiciones en que trabajan.
Hay otros penales también que operan bajo el esquema de CPS, pero del fuero estatal.
Dos de ellos se encuentran en la Ciudad de México. Se trata del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1, cuya construcción estuvo a cargo del Grupo Financiero Interacciones; y el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 2, a cargo de Tradeco.
Prisiones en manos privadas
Actualmente existen seis cárceles federales mediante un esquema de Contrato de Prestación de Servicios en operación construidas bajo ese modelo:
Cefereso Ciudad Empresa
Número 11 Hermosillo, Sonora Ingenieros Civiles Asociados (ICA)
Número 12 Ocampo, Guanajuato ICA
Número 13 Miahuatlán, Oaxaca Constructora y Edificadora IGA.
Número 14 Gómez Palacio, Durango Prodemex
Número 15 Comatitlán, Chiapas Homex Arendal
Número 16 (femenil) Coatlán, Morelos Homex Arendal
‘Beneficios’ que cuestan
El pago que se les solicita a los reos es a cambio de favores como:
> Pasar lista
>Tener aparatos eléctricos
>Cambiar de celda
>Salir al patio de visita
>Tener agua potable
>Tener acceso a un teléfono o tener celular
>Acceder al servicio médico
>Recibir comida
>Tener una cama o cobijas
>Permitirles ir a los juzgados
>Permitirles ir al baño
>Tener energía eléctrica en sus celdas
>Acceder a la visita conyugal o a los locutorios
>Tener protección
>Participar en algún taller
Círculo de corrupción
Las prisiones del país son un caldo de cultivo para los actos de corrupción y violencia.
Dentro de las cárceles, los reos son víctimas comunes de la extorsión. Custodios, otros internos, personal técnico, administrativo y hasta los médicos de la prisión cobran a los prisioneros y sus familias por ciertos “beneficios” que pueden obtener al interior del centro de reclusión.
El INEGI señala que en México hay 210 mil 991 personas en prisión –a diciembre del 2016- y, de ellas, 22 mil 709 (10.8 por ciento) reportaron haber sido víctimas de un acto de corrupción al interior de los penales donde se encuentran.
Los estados donde esto se presenta con mayor frecuencia son la Ciudad de México, donde el 31 por ciento de los presos dijo haber padecido un episodio de corrupción en prisión; el Estado de México, con 22.9 por ciento; y Puebla, con 22.8 por ciento.
El pago les fue exigido a cambio de varios “beneficios”: pasar lista, tener aparatos eléctricos, cambiar de celda, salir al patio de visita, tener agua potable, tener acceso a un teléfono, acceder al servicio médico e incluso recibir comida, tener una cama o cobijas, permitirle ir a los juzgados o ir al baño.
Los presos también pagan por tener teléfonos celulares, tener energía eléctrica en sus celdas, acceder a la visita conyugal o a los locutorios, para tener protección y para participar en algún taller.
Estos casos suelen quedarse entre las paredes de la prisión. El 94 por ciento de los reos afirma que no denunció los hechos a ninguna autoridad. La mayoría de ellos no lo hizo por miedo a represalias, pero hubo quien considera que la corrupción es una práctica normal y que denunciarlo no serviría de nada.
Es más, hay quien no denunció los actos de corrupción el interior de la prisión en señal de agradecimiento por haber recibido el beneficio a cambio del dinero.
Los actos de corrupción no solo afectan a los internos, sino a sus familias. El 20 por ciento de los 161 mil 13 reos que recibió alguna visita el año pasado, reportó que se les cobró por el ingreso de comida para su familiar preso; el 19 por ciento pagó por pasar ropa; el 14 por ciento, por mandarlo llamar; el 13 por ciento por entrar al centro de reclusión; y el 8 por ciento por tener visita conyugal.
En este caso, el INEGI omitió desglosar los datos por centro penitenciario del país, de tal manera que no son públicos los datos sobre los penales específicos donde se registraron más actos de corrupción.
Sin embargo, otro índice general sobre la corrupción que pasan los internos desde el momento de su arresto hasta su estancia en prisión, señala que el 40 por ciento ha sufrido algún acto indebido.
Esta situación se presenta tanto en penales públicos como en donde hay participación de empresas privadas.
Por ejemplo, en el Cefereso 13, de Oaxaca, el 45.8 por ciento de la población reportó haber sufrido actos de corrupción; en el 12, de Guanajuato, el porcentaje fue de 39.2 por ciento; en el 11, de Sonora, el índice fue del 34.6 por ciento.
Sin embargo, estas cifras incluyen no solo la corrupción que viven los presos al interior de los centros de reclusión, sino desde que fueron aprehendidos, lo que involucra a policías, ministerios públicos, juzgados y cárceles.
Fallan en lo que les toca
Con los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, el INEGI reveló las carencias y los bienes y servicios que no son otorgados a los presos de todo el país.
De estas fallas no están exentas las prisiones que fueron construidas por empresas privadas, que están comprometidas a dar algunos bienes y servicios a las personas privadas de su libertad.
Mientras que la custodia y la seguridad están en manos de las autoridades del Estado, todo lo relacionado al mantenimiento y operación de las prisiones cae en la cancha de estas compañías que obtuvieron los contratos.
Un análisis de la consultora McBains Cooper México, presentado en noviembre del 2014, explicaba a inversionistas que los contratos de APP sobre las prisiones no solo incluían el diseño, la construcción y el equipamiento de los centros de reclusión, sino la provisión de algunos servicios.
“Limpieza integral y manejo de residuos; Fumigación, control de plagas y fauna nociva; Jardinería y mantenimiento de espacios exteriores; Conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble; Administración de servicios públicos, conservación y ahorro de energía; Servicio de almacenes; Servicio de alimentos.
“Servicio de lavandería y ropería; Servicio de laboratorio; Equipamiento y renovación de servicios tecnológicos: CCTV, control de acceso, seguridad perimetral, detección de objetos y sustancias prohibidas, comunicación, centro de control de integración de sistemas, inhibición de señal celular, radiocomunicación segura, redes, informática e impresión, videoconferencia a distancia, sistema de soporte a la operación y centro de coordinación operativa”, fueron los servicios incluidos en los contratos de CPS, según la firma.
En su ENPOL 2016, el INEGI detectó que algunas de las prisiones de este esquema tuvieron problemas en la prestación de algunos de estos bienes y servicios.
Por ejemplo, en el Cefereso 14, de Durango, solo el 55.6 por ciento de los reclusos dijo tener acceso a agua potable en su celda; cifra mucho menor al 94.4 de los internos del Centro de Reinserción Social No.1 de esa entidad, que depende del Gobierno estatal.
Es en el Cefereso 14, de Durango, donde se reporta la peor calidad de agua que tienen en prisión, con un índice de aprobación de apenas el 5.4 por ciento en cuanto a pureza y claridad y un 3.1 por ciento en cuanto a potabilidad.
En el Cefereso 12, de Guanajuato, el porcentaje de quienes tienen ese servicio es del 77.4 por ciento.
En cuanto a tener un lugar para su aseo personal dentro de su celda, en el Cefereso 13, de Oaxaca, solo 6 por ciento dijo contar con él; en el 12, en Guanajuato, la cifra es del 62 por ciento; en el 15, de Chiapas, es del 64.6 por ciento.
Al evaluar los centros de aseo personal de los centros de reclusión, la peor posición en cuanto a limpieza lo tiene el Cefereso 14, de Durango, donde solo 61 por ciento de los reclusos reportó que el lugar estaba limpio.
La situación cambia radicalmente cuando se trata de entregar a los reclusos calzado, ropa, cobijas y artículos de limpieza personal.
Mientras que en las cárceles estatales el porcentaje de quienes reciben estos bienes es escaso, en las prisiones operadas por empresas privadas se tiene casi un 100 por ciento de cumplimiento.
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