Cárceles porosas

La reciente fuga de José Esparragoza Monzón, “El Negro”,  de la prisión de Culiacán evidencia la fragilidad con que operan la mayoría de las cárceles estatales en cuanto a sistemas de seguridad.

El hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, acompañado de otros cuatro reos de alta peligrosidad, se dio apenas supo de su requerimiento de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

No existen datos oficiales recientes sobre la cantidad de reos fugados en México en los últimos dos años, pero los reportes periodísticos apuntan que entre el 2015 y el 2016, por lo menos 53 presos recluidos en cárceles estatales y municipales, salieron por su propia decisión del encierro oficial en el que encontraban.

Para Luis Carlos Sainz, autor del libro “Rejas Rotas” (Grijalbo 2013), debido a la corrupción y los malos esquemas de seguridad penitenciaria, las prisiones en el país se han convertido en verdaderas cárceles porosas, en donde la última decisión de permanecer o no en prisión la toman los propios internos.

Pero Ignacio Mendoza, abogado defensor José Manuel Mireles, asegura que a esa situación se suma la ineptitud de las fiscalías que no logran establecer supuestos de delitos graves a reos que deberían estar en cárceles de máxima seguridad, y éstos terminan en cárceles de mínima segurida, facilitando con ello la posibilidad de la fuga.

Es una falla de origen, explica Mendoza, pues el Nuevo Sistema de Justicia Penal establece que las personas a las que se les acredita la prisión preventiva oficiosa, deben permanecer en sus lugares de origen, en donde se cometieron los supuestos ilícitos, a menos que la fiscalía acredite la posibilidad de delitos graves, como delincuencia organizada, que justifique su reclusión en una cárcel de máxima seguridad.

Solo bajo esa tesis se entiende la razón por la que “El Negro” se hizo acreedor a un amparo federal para no ser trasladado a una cárcel federal que disminuyera la posibilidad de la fuga.

“Finalmente el sistema lo favoreció, al no poder la PGR sustentar el supuesto de delincuencia organizada que lo habría llevado a una cárcel federal”, detalla el abogado.

En la misma tesis jurídica se mantiene el abogado José Refugio Rodríguez Núñez, defensor de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien en entrevista con Reporte Índigo explicó que la permanencia de algunos reos considerados “de alta peligrosidad” en cárceles estatales, en realidad no es responsabilidad de los jueces ni magistrados, sino que es una consecuencia directa de la falta de capacidad de alguno fiscales.

El planteamiento del abogado de Guzmán se afianza en los datos vertidos por medios periodísticos, en donde se establece que de los 53 reos que se fugaron entre el 2015 y el 2016, solo 14 eran considerados de baja peligrosidad. Los otros 39 fugados estaban relacionados con delitos de alto impacto que no fueron cuadrados por el Ministerio Público en las averiguaciones previas correspondientes.

Cárceles: inseguras, pero en uso

De acuerdo al más reciente Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria (2015) realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cárceles estatales en su conjunto registran una ponderación de 6.21, debido a sus condiciones de inseguridad, tratos inhumanos, existencia de grupos de autogobierno y deficiencia en instalaciones.

Sin embargo, en esas prisiones se concentra casi el 73 por ciento de todos los reos procesados, ante la incapacidad del sistema penitenciario federal para asumir el control de todas las cárceles del país.

Todas se encuentran con sobrepoblación, lo que acarrea problemas de gobernabilidad dentro de esas prisiones, asegura el periodista Luis Carlos Sainz.

Eso mismo ya lo había advertido la CNDH en su Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, en donde estableció que “una deficiente distribución de los internos, aunado a la sobrepoblación da como resultado que en una parte importante de centros exista hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad, es decir que en áreas donde deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30”.

Para el investigador, eso es lo que hace que las cárceles estatales se sigan utilizando para la reclusión de reos peligrosos, aun cuando esas prisiones son consideradas como inseguras.

Hace apenas unos días, un video tomado con un teléfono celular reveló cómo en la cárcel de Apodaca en Nuevo León, un grupo de internos son sometidos por otros reclusos, obligándoles a realizar faenas de limpieza ataviados con prendas femeninas, y algunos totalmente desnudos, mientras son humillados y golpeados.

El video evidencia lo que ya había advertido la CNDH en su Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, del 2015, donde estableció que “en algunos centros (estatales de reinserción social) se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población”.

De acuerdo a la CNDH, las cárceles estatales que ya habían sido advertidas de condiciones cuestionables son la de Nayarit, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Baja California Sur, Oaxaca, Sinaloa, Nuevo León, Colima y Campeche.

‘El jefe de Puente Grande’

El corrido a “Don Chelo”, vertido en las redes sociales, los dice claramente:

“A pesar de que me encuentro/encerrado, sigo firme hacia adelante/con los años he forjado mi destino/ y ahora soy muy importante/ orgulloso de mi cargo:/el jefe de Puente Grande”.

Lo canta Alejandro Villa. Es una composición dedicada a Marcelo Valencia, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), preso en la cárcel estatal de Puente Grande, en Jalisco, al que no se le pudo sustentar la acusación de delincuencia organizada, y quien no oculta el domino que tiene de esa prisión.

“Don Chelo”, quien se encuentra procesado bajo el nombre de Marcelo Valencia, “El MV” y/o José Luis Gutiérrez Valencia, es una muestra de la existencia de grupos de autogobierno al interior de las cárceles estatales; mantiene el control de toda la población penitenciaria de ese lugar.

Goza de privilegios dentro de su celda y ha logrado que la dirección de la cárcel estatal le permita el acceso de sus hijos, durante la visita familiar, montados en patinetas eléctricas, para las que se han adecuado los pasillos de la prisión, a fin de que no tropiecen en su rodado.

Valencia, quien también se hace llamar Mario del Valle Sahagún, realiza labores de autoridad dentro de la prisión: es el primero en juzgar cuando un reo comete alguna falta a los lineamentos de seguridad que él mismo establece.

No por nada dice su corrido:

“Hoy mi rostro ha cambiado/buenas malas experiencias lo han marcado/ el trabajo y el respeto de niño me lo enseñaron/ paso a paso fui subiendo/ ahora yo soy el que mando…”