Tras varias horas de discusión y en medio de un franco enfrentamiento entre senadores del PRI y el PVEM con legisladores del PAN y el PRD, el debate de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se mantiene en un impasse.
Por la mañana, senadores de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, se enfrentaron por el reclamo de la oposición sobre la ausencia en la sesión del lunes para comenzar la discusión de las leyes del SNA.
El lunes, sin la presencia de senadores del PRI y el Partido Verde, algunos congresistas del PAN y el PRD decidieron que, en el tema de responsabilidades de los servidores públicos, la propuesta base fuera una Ley 3de3 plus.
Sin embargo, esto fue rechazado ayer por el PRI y el PVEM, quienes argumentaron que ni siquiera conocen ese documento.
El PRI propuso que, para acelerar los trabajos de dictaminación, las mesas directivas de las comisiones trabajaran en un proyecto que sirviera de base a la nueva legislación, dando marcha atrás al método de Parlamento Abierto que se había acordado anteriormente, donde se revisarían las leyes artículo por artículo en sesiones públicas.
En la discusión, los ánimos comenzaron a caldearse y tuvieron que llegar los coordinadores parlamentarios —Emilio Gamboa (PRI); Fernando Herrera (PAN); y Miguel Barbosa (PRD)— a pedir una reunión privada con los presidentes de las comisiones para acordar un nuevo método de discusión.
Tanto Herrera como Barbosa aseguraron que no se prestarán a negociaciones “en lo oscurito” y que no se van “a rajar” para sacar adelante las leyes anticorrupción.
La oposición se impuso al PRI y logró que se mantuviera el formato de parlamento abierto, aunque al reanudar los trabajos, nuevamente el punto toral fue la forma en que se hará el debate.
Finalmente, tras casi cuatro horas de discusión, los senadores acordaron que el PRI y el PVEM revisarán el documento que presentaron el PAN, el PRD y las organizaciones de la sociedad civil y emitirán comentarios sobre él.
Este impasse en el debate de las leyes anticorrupción complica su aprobación en el Congreso de la Unión antes del 28 de mayo, plazo constitucional para hacerlo.
Esto debido a que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de abril próximo y, aunque se aprobara en el Senado, podría ocurrir que la Cámara de Diputados no tenga tiempo ya de procesarlo.