La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe detallado de las cifras y datos con los que cuenta sobre las extorsiones que se realizan desde centros penitenciarios, así como las estrategias que se han implementado para combatir este delito.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también requirió se informe cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones para combatir el delito de extorsión desde los centros penitenciarios y con cuales instrumentos se cuenta para informar y prevenir a la ciudadanía de este delito.
La legisladora por Zacatecas informó que la extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia en México, sólo por debajo del robo de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE).
Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Veracruz, son las entidades donde existe mayor incidencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“En 2018, se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 6 mil 542 extorsiones por cada 100 000 habitantes. No obstante, es el delito con mayor cifra negra en el país, ya que 97.9% de las extorsiones no son denunciadas”, mencionó.
De acuerdo con cifras del INEGI en 2018, el 91.6% de los casos la extorsión fue telefónica, la extorsión fue pagada en 7.1% de las ocasiones.
Un dato alarmante, subrayó la senadora, es que especialistas y autoridades señalan que entre 50% y 80% de las llamadas de extorsión salen de los penales, “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión”.
