Solicitan amparo contra bono de diputados

Por considerarlo un aumento salarial “disfrazado”, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) presentó ayer una solicitud de amparo contra el bono de gestoría que se autoaprobaron los diputados locales.

El director del organismo empresarial, Roberto Gallardo, acudió alrededor de mediodía a la Oficialía de Partes de los juzgados federales para presentar el recurso contra la reforma al Artículo 18 del Reglamento interno del Congreso.

Esta modificación, derivada de un decreto del gobernador Rodrigo Medina, permite a los diputados crear oficinas de enlace con preferencia en las cabeceras de sus distritos y para ello pueden contar con una partida adicional de gastos.

Gallardo sostuvo que este bono es parte del ingreso de los diputados porque no tienen ninguna obligación de reportar cómo se gasta.

“Es un aumento disfrazado”, dijo, “es irregular y nosotros estamos presentando este amparo para solicitar a la autoridad judicial que deje sin efectos este acto ilícito.

“Estamos nosotros en contra de cualquier incremento en las percepciones de los funcionarios públicos, sobre todo porque no han demostrado con su trabajo que se las merezcan”.

Según el amparo, el bono de gestoría viola la Ley de Egresos de 2013, porque no contempla este gasto adicional, además de que es necesaria la recomendación del Consejo Ciudadano de Remuneración para aprobar la reforma.

Precisa que transgrede el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nuevo León, pues los diputados tienen un beneficio personal en este asunto.

También reclama que es inconstitucional porque el Congreso se tomó facultades extraordinarias con la creación de las oficinas, las cuales generarán inequidad entre los 26 distritos de mayoría relativa y los 16 de representación proporcional. 

“La creación de esas oficinas con cargo al presupuesto público no es más que el disfraz a un aumento en los ingresos de los diputados”, se lee en el recurso.

“Habrá distritos que tengan dos o más oficinas de enlace, lo que dividiría a la ciudadanía entre quienes cuentan con dos o más representantes en el Congreso y quienes sólo tengan uno”.