La intención de ampliar el espectro de la prisión preventiva en nueve delitos podría ahondar aún más la crisis en el sistema penitenciario del país.
En México hay más de 200 mil personas que fueron encarceladas bajo el amparo de la prisión preventiva; alrededor del 40 por ciento de esos presos están en la cárcel sin haber sido sentenciados.
Sin embargo, todo indica que la Cámara de Diputados dará luz verde a la minuta aprobada por el Senado de la República, para ampliar el catálogo de prisión preventiva en nueve delitos, esto, como parte de las negociaciones para conseguir los votos para la conformación de Guardia Nacional.
El Senado aprobó en diciembre pasado cambios al artículo 19 de la Constitución Política mexicana para instaurar la prisión preventiva dentro del esquema de delitos de abuso o violencia sexual contra menores; asimismo el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de transporte, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares
También los delitos en materia de armas de fuego y explosivos; el robo a casa habitación; el feminicidio y otros delitos en materia de hidrocarburos y de corrupción, cuyas sentencias ameritan una media de más de cinco años de privación de la libertad.
En la actualidad, la Carta Magna señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, así como otros delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Sobresaturado
Los problemas en el sistema penitenciario mexicano tienen un origen: la sobrepoblación de las prisiones.
En su informe sobre las Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario Estatal en México 2017, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ubicó que en el año 2016, el 35 por ciento de las personas en prisión no habían sido sentenciadas.
“La saturación de los penales se debe, parcialmente, a las personas recluidas sin condena. Este tipo de población se encuentra encarcelada debido a que fueron acusados de cometer un delito pero aún se encuentran en proceso de tal modo que aún no tienen una sentencia”
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, indica que en marzo del 2018 había 204 mil 422 personas en prisión sentenciadas por algún delito del fuero común; a ellas se sumaban 80 mil 442 presos sin una sentencia. Es decir, por cada tres sentenciados existe una persona en espera de un fallo de la justicia.
En el caso de los delitos federales, esa proporción aumenta, pues el número de presos sentenciados de acuerdo con el mismo estudio era de 19 mil 475 reos, mientras quienes aún esperaban una sentencia eran 17 mil 11 procesados.
La prisión preventiva es un recurso utilizado por los jueces para evitar que todo aquel que ha sido señalado de cometer un delito evada la justicia. Cabe destacar que como parte de la reforma al sistema de justicia penal, a partir del 2014 el uso de la prisión preventiva comenzó a disminuir, en términos generales, en el país.
Cifras del estudio “¿Qué sabemos sobre el uso de la prisión preventiva en México?”, del IBD muestran que durante ese periodo, un total de 109 mil personas estaban en la cárcel sin haber sido sentenciadas; la cifra bajó en el 2017 a 80 mil.
Sin embargo, no en todos los estados fue igual. Aunque en todas las entidades esta cifra disminuyó, en el Estado de México el uso de la prisión preventiva aumentó y pasó de 7 mil 680 personas en el 2014 a 10 mil 918 en el 2018.
Pero la sobrepoblación no es el único problema al que se enfrentan las prisiones que albergan a personas que no han sido sentenciadas. Mezclar a quienes ya fueron sentenciados y a quienes no, también constituye un reto para el sistema penal mexicano.
+80 mil
El INEGI indica que casi 24 mil personas sin sentencia durante el año 2016, estuvieron mezcladas con quienes ya purgaban una condena dictada por un juez.
Guardia por prisión
Aunque diversas voces se han levantado para pedir que no se apruebe esta medida, pues consideran que solo traería un mayor hacinamiento en las cárceles del país, existe una alta probabilidad de que los diputados federales aprueben la minuta tal y como les fue enviada del Senado.
Esto pese a que en un primer momento los diputados habrían planteado eliminar seis de los nueve delitos que se aprobaron en la Cámara alta, y dejar solamente la prisión preventiva por delitos electorales, robo de hidrocarburos y por corrupción; ahora, lo que perfilan es dejar la minuta tal cual fue aprobada por los senadores, debido a que las otras bancadas fueron las que sumaron los demás delitos a los que Morena accedió con tal de reunir las dos terceras partes de los votos, al tratarse de una reforma constitucional.
El ánimo de Morena por reducir la lista terminó cuando necesitó votos para impulsar la aprobación de la Guardia Nacional, pues el no hacer una concesión sobre el tema hubiera dificultado que su principal iniciativa en materia de seguridad no se votara positivamente en el Senado.
Todo esto a la par de la insistencia por parte de organizaciones nacionales e internacionales, quienes han pedido a los legisladores no aprobar esta medida.
Una de esas organizaciones es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, instancia que ha pronosticado que la sobrepoblación de las cárceles será un problema grave en México de continuar con esta propuesta.
Además de todo, sería una medida que en consideración de estos organismos podría afectar a los más pobres, pues el encarcelamiento es ya de por sí un fenómeno que perjudica a las personas que viven en situación de pobreza, las cuales –al no tener oportunidades de una vida mejor– manifiestan comportamientos destructivos.