Para analizar la situación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la rebelión contra el magistrado presidente José Luis Vargas, Reporte Índigo entrevistó a Tito Garza Onofre, académico de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien señala que, ante el vacío legal ocasionado, la solución deberá ser de índole política, aunque el daño a la institución ya está hecho.
“Es un caso difícil porque no hay manera de seguir defendiendo la presidencia de José Luis Vargas. Un tipo que está acusado de enriquecimiento ilícito, alguien que propiamente ha insultado a sus compañeros, que antepone sus decisiones políticas a las jurídicas, ha sido la peor presidencia en la historia del Tribunal. Dicho esto, y en apego a la verdad, la forma en cómo se llevó a cabo esto es bastante cuestionable jurídicamente.”
Garza explica que esta situación, sin precedentes en los órganos jurisdiccionales de alta constitucionalidad, deberá llevar a repensar la manera en la que se elige, y en este caso destituye, al presidente del TEPJF, ya que un acto como el llevado a cabo por los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Janine Otálora no está contemplado en la Constitución, la ley orgánica ni el reglamento interno de la institución.
Por ser el TEPJF la última instancia de la justicia electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal tienen poca injerencia. Esta se limitaría a que el CJF atrajera el caso mediante la Comisión de Administración, de la que también es miembro el presidente del Tribunal Electoral y otro magistrado elegido al azar. Además de que esta comisión no puede remover al magistrado presidente.
“En este país no estamos muy acostumbrados a respetar la Constitución, que no la respeten los jueces constitucionales, me parece de lo más grave y lo más bochornoso posible”
“Sí pueden afectar en el sentido de que, si esto no se destraba, es posible que se encuentre en el radar alguna negociación o solución política. Jurídicamente parece que esto no tiene alternativa. Los magistrados tendrán que discutir, encontrar soluciones, alguien tendrá que ceder.”
En ese sentido, advierte que la situación incluso podría afectar la calificación de las elecciones del pasado 6 de junio, dado que la incertidumbre no solo es sobre si el presidente del TEPJF es Vargas o Reyes Rodríguez Mondragón, sino también sobre la validez de las resoluciones que se emitan sobre temas como las impugnaciones de las elecciones en Campeche o Michoacán, así como las multas impuestas al Partido Verde y a Samuel García por los polémicos casos de los influencers.
Insistiendo en que la solución deberá ser de índole político y señalando que ya ha habido pronunciamientos en este sentido, como el hecho por el senador Ricardo Monreal, Garza incluso considera que la destitución de todos los magistrados “se va a plantear sobre la mesa, estoy seguro, ya escuché a varios senadores que van a encontrar argumentos suficientes para aducir que es el momento de echarlos a todos para renovar a esta institución”.
