Los estados de Sonora y Sinaloa, hoy gobernados por Alfonso Durazo y Rubén Rocha, bien pueden servir como ejemplo de las dos realidades que atraviesa el país en cuanto a inseguridad. Mientras en el primero la violencia es una constante cotidiana, el segundo se encuentra en una aparente “pax-narca”, es decir, bajo el control de un poderoso cártel.
El pasado 24 de junio, en el puerto de Mazatlán, los gobernadores Rocha y Durazo se reunieron con sus homólogos de Baja California y Baja California Sur para discutir la estrategia de seguridad conjunta de la región del mar de Cortés. Misma que registró más de dos mil homicidios entre enero y mayo de este año.
De estos, 732 se cometieron en territorio sonorense, mismo en el que la población ha manifestado una alta percepción de inseguridad pues, siendo que más del 94 por ciento de la población de Ciudad Obregón consideró que la localidad no es segura, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en abril pasado.
Apenas un día antes de la cumbre de gobernadores del noroeste emanados de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su conferencia matutina que sí estaba preocupado por la violencia en Sonora, pero que ya se estaba atendiendo.
Por tal motivo, desde enero de este año se ejecuta un operativo permanente entre la Comisión Nacional Antisecuestros y la Fiscalía General de Justicia de Sonora, coordinado directamente por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para ejecutar órdenes de aprehensión, cateos y otros mandamientos judiciales.
La violencia que se vive en Sonora estaría directamente relacionada con la disputa territorial entre grupos delincuenciales. Esto de acuerdo con el documento “México: Crimen Organizado y Organizaciones de Narcotráfico” elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés).
La violencia que se vive en Sonora está relacionada con la disputa territorial entre dos grupos delincuenciales: el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación
El documento, presentado a mediados de junio, plantea que Sonora es disputado entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, las dos principales organizaciones criminales en México. Estando en un escenario similar al que enfrentan Baja California, Zacatecas y Quintana Roo, todas entidades con altos índices de violencia.
Previo a las declaraciones de López Obrador, Durazo Montaño rechazó posibles pactos con estas organizaciones.
“El arreglo es que no hay arreglo con el crimen organizado”, dijo para posteriormente reconocer que el tema de seguridad es una tarea pendiente y que no evadirá esta responsabilidad.
‘Donde predomina una banda’
En contraste con Sonora, el estado de Sinaloa registró 206 homicidios, colocándose en la parte baja del listado nacional, y en la ENSU del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la tendencia fue más bien a considerar las ciudades sinaloenses relativamente seguras pese a que el 57 por ciento de los habitantes de Culiacán dijeron sentirse inseguros.
Aunque estos indicadores pudieran parecer alentadores, lo cierto es que se deben en buena medida al control que mantiene el Cártel de Sinaloa en el territorio. Algo que el mismo presidente López Obrador reconoció al decir que los estados en donde predomina una organización criminal presentan menores índices de violencia.
“Hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más, Sinaloa y Durango no están entre los estados con más homicidios porque hay una sola banda”
El planteamiento de López Obrador es corroborado por el citado informe del CRS estadounidense, el cual señala que la organización hoy comandada por Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán tiene el control sin desafíos de los estados de Sinaloa y Durango.
El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense reveló que Sinaloa se encuentra bajo dominio de la organización que lidera ‘El Mayo’ Zambada
Una muestra clara de este predominio se dio, precisamente, durante la última gira de López Obrador en Sinaloa, cuando un comando detuvo a parte de la prensa que cubría los actos del Presidente, montando un retén en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo a pocos kilómetros del poblado de La Tuna, donde nació “El Chapo”.
Tanto López Obrador como Rocha Moya minimizaron el incidente. El gobernador sinaloense declaró públicamente que esta clase de narcoretenes “son comunes” y que “ya ha habido más situaciones así”, por lo cual consideró una exageración de los medios de comunicación el haber denunciado al comando de civiles con vestimentas militares.
Rocha incluso planteó que el expresidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pactaron con el grupo criminal.
“Tenían pacto acá. Yo les puedo decir, ¿no será que Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional con la idea de echarle a perder la visita al presidente? Es exagerar”, dijo al respecto.
