SSP se deslinda de uso letal de fuerza

Luego de la condena que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la matanza en el Penal de Cadereyta, donde hubo 18 muertos, el secretario de Seguridad del Estado, Arturo González, se pretende deslindar de haber ordenado usar la fuerza letal contra los reos.

Un documento en poder de Reporte Indigo revela que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo del general Arturo González García, pone sobre la mesa como responsable al vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua.

En el texto exhibe que Fasci Zuazua declaró a los medios que él se hacía responsable del uso de la fuerza letal, y que esto sería una irresponsabilidad administrativa y penal.

“Los medios de comunicación difunden reiteradamente lo siguiente: ‘cuando traes una arma tienes que tomar la decisión de salvar la vida de alguien o te quedas como espectador… en ese sentido, si quieres un responsable, yo me hago responsable de la orden’ (lic Aldo Fasci)”, cita el texto.

El documento plantea que conforme al Artículo 127 de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, el mando supremo de las instituciones policiales sería el gobernador; el mando superior, el secretario de Seguridad Pública, y el mando directo sería el titular de cada una de las mismas.

“Por lo tanto, el vocero de seguridad no se encuentra en la línea de mando respecto de la policía de Fuerza Civil y personal de custodia de los centros penitenciarios.

“La conducta asumida por el vocero de Seguridad podría ser considerada como generadora de una presunta responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y violación de los derechos humanos”, dice el informe.

Este escrito se basó en lo dispuesto en el Artículo 50, fracciones I, IX y XXI de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

“(Así como) lo previsto en el Artículo 208, fracción IV del Código Penal del Estado de Nuevo León, pues el principio de legalidad, que se expresa como: los servidores públicos solamente puede hacer lo que les está legalmente permitido”, dice el documento.

Cabe recordar que el secretario de Seguridad, el general González García, sobrevoló el Penal de Cadereyta, y por altavoz amenazó a los reos para que detuvieran los disturbios.

Pero todo apunta a que la presión de organizaciones Derechos Humanos nacionales, locales e internacionales, ha repercutido en los mandos de Seguridad Pública, quienes ahora pretenden “tirarle la bolita” al vocero de seguridad.

Recientemente en un boletín de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se exigió que el Gobierno de Nuevo León indague las muertes de los internos presuntamente abatidos por el uso de la fuerza letal.

“Según declaraciones del vocero de Seguridad del Estado, por lo menos dos internos habrían muerto a causa de los disparos de los agentes de la Fuerza Civil. La CIDH reitera el deber del Estado mexicano de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza”, señala el comunicado.

Un penal humillado

Marco Antonio de la Garza, director de vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno independiente, calificó de mucha tristeza la situación en el interior del Penal de Cadereyta.

En su cuenta de Facebook describe las condiciones en las que se encontraban los reos, tras el uso de la fuerza letal, donde lo más importante era mantener la dignidad de los reclusos.

Su texto inicia “Motín en Cadereyta”: “Vivir en la incertidumbre, es no saber algo que provoca demasiada inquietud, ansiedad, angustia y mucha tristeza. A una semana de estar en el penal, con las familias y las personas privadas de la libertad.

“Dios me regala la oportunidad de reafirmar, a través de una experiencia de vida, que lo más importante, ante todo, es siempre mantener la dignidad de las personas en cualquier circunstancia”, dice Marco Antonio en su escrito.

Asegura que sintió impotencia de pedir una y otra vez a personal de Derechos Humanos documentar lo ocurrido, y asegura que comprobó, que solo tres de cada 10 celdas se visitó en los días siguientes del motín.

“Fue difícil entrar y ver que el 70% de la población tenía golpes visibles, limpiar las heridas de los cerca de 400 descalabrados, hacer el diagnóstico con apoyo de 3 traumatólogos, quienes voluntariamente nos ayudaron a detectar 180 personas que tenían alguna fractura.

“30 de ellos necesitaban cirugía. Apoyar a las familias de los 18 muertos afuera del Hospital Universitario para canalizarlos a la Comisión de Atención a Víctimas, en donde se cubrieron sus gastos funerarios”, dice Marco Antonio.

Añade que a pesar de lo complejo de los filtros de seguridad y del personal que resguarda el centro penitenciario, se logró el objetivo.

Y las autopsias, ¿para cuándo?

A una semana del motín de Cadereyta donde perdieron la vida 18 reos, la Procuraduría de Justicia no ha podido rendir un informe completo sobre el resultado de las autopsias de los reclusos, y con esto determinar cuántos murieron a causa de la fuerza letal.

En redes sociales circulan imágenes de los muertos, que son por lo menos seis, quienes presentaban disparos en la cabeza y por la espalda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió que la investigación sobre el uso de la fuerza letal fuese abierta y efectiva.