La cofradía de magistrados

El Poder Judicial de Jalisco se ha vuelto un ente acorazado contra la rendición de cuentas,  donde sus magistrados se muestran inmunes tanto al desprestigio creciente que los envuelve, como a las quejas que presentan en su contra los ciudadanos inconformes con su actuar. 

La suerte que corren los expedientes de queja que promueven los ciudadanos afectados por las resoluciones de los magistrados, no es otra que su archivo, y lo mismo le depara a los que impulsan otras instituciones, como la Fiscalía General de Jalisco. 

La actual reticencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Luis Carlos Vega Pámanes, a renunciar pese a haber sido captado en audios haciendo gestiones por un par de presuntos delincuentes detenidos por la Policía de Guadalajara, es sintomático de la impunidad que impera en ese Poder de Jalisco. 

Según un informe del STJ obtenido por Reporte Indigo, de todas las quejas de ciudadanos presentadas contra los magistrados que encabeza Vega Pámanes, no existe una sola en la que se haya impuesto una sanción en toda una década.

Todas fueron desechadas o ni siquiera se admitieron 

En el lapso de 2007 a 2016, los ciudadanos que se han sentido afectados con las resoluciones y actuaciones de los magistrados promovieron 32 quejas para que fueran castigados. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 201 que en el caso de las faltas cometidas por los magistrados, será el propio pleno del STJ el que resuelva sobre estos expedientes, lo que los vuelve, literalmente, juez y parte, sin un contrapeso real. 

Lista negra

El informe del STJ ubica a los magistrados con más quejas ciudadanas en contra.  

Los tres con más son el exmagistrado Gilberto Ernesto Garabito García, quien acumuló cinco quejas y se retiró este 2016, y los magistrados Juan José Rodríguez López y Guillermo Valdez Angulo, de la Segunda Sala, con cuatro quejas cada uno, todas ya archivadas. 

Hay otra decena de magistrados a destacar con tres quejas cada uno:

Esteban de la Asunción Robles Chávez, Sexta Sala; Héctor Delfino León Garibaldi, Séptima Sala; Javier Humberto Orendain Camacho, Quinta Sala; José Félix Padilla Lozano, Primera Sala; Miguel Ángel Estrada Nava –en retiro-; y Ramón Soltero Guzmán y Tomás Aguilar Robles, de la Primera Sala. 

Y ya en el retiro también con tres quejas: Alfredo González Becerra, Ernesto Chavoya Cervantes y Jaime Cedeño Coral.

Tras la matanza, la corrupción

El 13 de junio de 2016, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez anunció que presentaría una queja contra los magistrados de la Sexta Sala, debido a que habían determinado la liberación de tres presuntos secuestradores que estarían ligados a la peor matanza que ha vivido el estado.  

Según el fiscal, esos detenidos habían participado en el multihomicidio de 26 personas cuyos cuerpos fueron colocados el 24 de noviembre de 2011 en los Arcos del Milenio. 

El hecho se atribuyó a La Resistencia, que se disputaba esta entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se les acusará a los magistrados por corrupción porque estudiamos la resolución de los magistrados, y presumimos que, al no haber una razón jurídica viable para dejar en libertad a tres peligrosos delincuentes, hay un acto de corrupción”, dijo el fiscal. 

Esa queja ante el STJ no fue admitida para su estudio por los magistrados, por lo que fue desechada no obstante la gravedad de la acusación, y de sus implicaciones, si bien el caso giraba en torno a un secuestro. 

La queja de Fiscalía fue contra los magistrados Esteban de la Asunción Robles Chávez, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Celso Rodríguez González.

Y aunque estos afirmarían que su resolución estuvo sustentada, lo cierto es que la inconformidad no fue siquiera analizada. 

Ejemplo corruptor

La acusación de la Policía tapatía contra el presidente del STJ, Vega Pámanes, de haber pedido liberar a dos detenidos, no solo golpea en sus cimientos la legitimidad del magistrado, también la del precario sistema anticorrupción de ese Poder en el Consejo de la Judicatura. 

Vega Pámanes, a quien se acusa de aprovechar su cargo para favorecer a unos detenidos a petición de un amigo suyo, es cabeza tanto del STJ como de ese Consejo, que es el órgano de control anticorrupción de todos los jueces. 

Por tanto, quien debería ser el primer responsable de prevenir y sancionar la corrupción en el Poder Judicial, está ahora denunciado penalmente por abuso de autoridad. 

Aunque el magistrado asegura que su llamada a la Policía fue “institucional”, no está entre sus facultades tales intervenciones, por tanto, está impedido a realizarlas, según el artículo 34. 

El poderoso del STJ

Los magistrados han hecho evidente que privilegian su autoprotección antes que sancionar los actos de corrupción de sus iguales. 

El caso paradigmático es el del magistrado Leonel Sandoval Figueroa, considerado el mandamás de facto del STJ, y acusado también con audios de alentar la comisión de delitos en 2015 para apoyar al candidato del PRI a Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. 

El magistrado, padre del gobernador Aristóteles Sandoval, fue objeto de cinco denuncias penales y cuatro juicios políticos, y no obstante, el STJ pidió al Congreso que lo ratificara por otra década, y luego aprobó por unanimidad una controversia constitucional para obligarlo. 

En su afán por ratificarse, el magistrado promovió además un juicio de amparo, pese a la gran mancha en su imagen pública, y a que el Congreso lo rechazó el 6 de octubre (19 diputados del PRI, PVEM, PRD y Panal sí lo apoyaron). 

Su falta

Al abogar por dos detenidos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, pudo haber incurrido en alguna de las siguientes faltas que implican responsabilidad para 

un funcionario judicial, según su Ley Orgánica, artículo 198:

>Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro poder (fracción I). 

>Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos (V), y No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores (VIII).