La nueva reforma penal promovida por el gobernador Rodrigo Medina será hoy turnada a la Comisión de Justicia para luego ser presentada ante el pleno, pero ya con la tipificación de la desaparición forzada y con la modificación al tema de flagrancia.
Y es que la propuesta había sido tratada de introducir a comisiones en la pasada Legislatura, precisamente durante los últimos tres días, pero no alcanzó a pasar y tenía dos puntos muy especiales en su redacción.
El primero es que la tipificación del delito de desaparición forzada no estaba contemplada, además con la debida discusión de las organizaciones civiles y la presidencia del Congreso del Estado, tema que ahora está superado.
Tema de desaparición forzada que asociaciones como CADHAC han promovido vehemente ante la ola de personas que se han desvanecido por supuestos actos de autoridad o por presuntas acciones del crimen organizado.
Pero además hay un segundo punto que contiene la reforma y que ahora sido aparentemente afinado por la Procuraduría y por las organizaciones civiles que trabajan en el diseño de la reforma al Código Penal.
Se trata de los tiempos en que la autoridad podría considerar la flagrancia como válida en un proceso de averiguación ministerial y luego judicial.
Por tratarse de una parte muy sensible de la reforma al nuevo sistema penal acusatorio, y porque podría violar los derechos humanos del acusado, Nuevo León fundamentó su reforma en la que aprobó el estado de Chihuahua.
Esta entidad adelantó su reforma penal y aunque fue de los primeros estados en lograrla, su modelo tuvo diversos problemas para aplicar las nuevas reglas.
Entre estas reglas destaca la flagrancia, que tiene muchas aristas porque el concepto de inmediatez puede ser subjetivo.
En Chihuahua la redacción de la reforma estableció que la flagrancia bajo el concepto de inmediatez, tenía que ver con los tiempos del proceso para su aprehensión.
Es decir, si a un mando ministerial le tomaba 20 horas o más el rastreo, la geolocalización y la ubicación exacta de un presunto homicida, todo este tiempo era considerado como “flagrancia”.
Y por esta redacción es que en Nuevo León la reforma fue la misma, se fundamentó en el concepto de flagrancia que utilizó la reforma al Código Penal de Chihuahua.
Sin embargo, ésta ya fue revisada y modificada para la reforma que hoy ingresará a comisiones y luego de días será votada en el pleno.
Ahora en Nuevo León se quitó en la redacción el hecho de que la flagrancia podría significar incluso días después de los hechos.
Y está regida por el concepto de inmediatez, pero con una acotación: que la inmediatez dependerá del criterio del juzgador, según las condiciones del caso que se trate.
Así que ahora el Poder Judicial tendría que decidir si hay, o no, flagrancia.
De hecho, las autoridades que defienden la redacción del Código Penal de Chihuahua sostienen un ejemplo para defender esta supuesta “inmediatez”: un hombre que estaba secuestrado en la sierra de Santiago, Nuevo León, y que logró salir de la casa de seguridad donde lo tenían.
Durante la madrugada pudo salir de la casa y bajó varios kilómetros sierra abajo a oscuras, durante la madrugada. Así que tardó unas tres horas en llegar a la parte más baja.
Una vez que llegó a la Carretera Nacional, encontró a una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional y les pidió ayuda.
Les dijo que estaba secuestrado y cuando los soldados le pidieron que los llevara al lugar donde estaba secuestrado, éste aceptó.
Los militares reventaron el lugar y detuvieron a los plagiarios.
Entonces consideraron que había flagrancia, aunque el plagiado ya no estaba privado de su libertad porque había huido.
Y es que para la autoridad, el proceso de fuga, ubicación y aprehensión, fue parte la flagrancia contra la que actuaron los militares.
¿Tú qué piensas?
Pero con los últimos cambios a la reforma que se aprueba hoy, la flagrancia quedará totalmente en manos del juez.
Falta camino por recorrer en capacitación
A pesar de que la reforma de seguridad que entrará en vigor el próximo año convertirá en investigadores a los policías de Nuevo León, aún falta camino por recorrer en la capacitación de uniformados en el nuevo sistema penal acusatorio.
La entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en esta materia, con 14 capacitaciones a elementos de Seguridad, y está sólo por debajo de Jalisco, que realizó 26, según las últimas cifras de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
El Estado también registró entre 2010 y 2011 un total de 17 cursos a ministerios públicos, lo que ubicó a la entidad de nuevo en el segundo sitio, superado también por Jalisco, con 28.
El Poder Judicial de Nuevo León es el más adelantado: en esos dos años se llevaron a cabo 56 eventos para preparar a jueces y magistrados en el nuevo sistema de justicia penal.
Esto ubicó al Estado por encima de todas las entidades del país en relación al adiestramiento a integrantes del aparato judicial.
Sin embargo, la mediación y los métodos alternos para solucionar conflictos no fueron prioritarios para el gobierno de Rodrigo Medina, porque la SETEC registró sólo 10 capacitaciones para mediadores y facilitadores.
Este número ubica a Nuevo León muy por debajo del Distrito Federal con 103 cursos, o Jalisco con 16.
La tendencia se repitió con las cuatro capacitaciones a defensores públicos, que están por debajo de las registradas en entidades más pequeñas como Colima, Guanajuato, Hidalgo y Tabasco.
El Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco también superaron en su adiestramiento a los miembros del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León.
También se realizaron en el mismo periodo tres capacitaciones para peritos y un número igual destinado a periodistas del Estado. Ojalá capacitación no sea sinónimo de “evento”.
Da click para ampliar la imagen.
