“Acabo de instruir requisar a todas las líneas de transporte que cobren de manera ilegal e indebida 15 pesos”, anunció el 1 de julio el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por el “tarifazo” de 12 pesos a 15. Las primeras horas del 29 de junio, los transportistas comenzaron a cobrar este incremento, que no fue aprobado por el Gobierno del estado.
Tras el descontento social por el aumento, la ruta 400 del empresario Abelardo Martínez fue “asegurada” por elementos del Instituto de Movilidad, que depende de Hernán Villarreal, quien dirige la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.
Villarreal ofreció prestar el servicio a los usuarios de esta ruta a través de camiones asignados a la Ruta Express. Negó cualquier negociación con los transportistas e invitó a otros empresarios a prestar este servicio.
El ordenamiento de la requisa obligó a las rutas 223, 240, 226, 209, 317, 219, 30, 201, 160, 134 y 39 a no seguir cobrando los 15 pesos. Y aunque también estas rutas violaron la ley, no fueron requisadas, sólo la 400, pero el secretario de Movilidad podría levantar esta sanción.
El artículo 168 de la Ley de Movilidad señala que será causa de revocación de las concesiones no respetar la tarifa establecida por el Instituto de Movilidad.
“Serán causa de revocación de las concesiones: No respetar el concesionario la tarifa establecida por el Instituto. No respetar el concesionario los trayectos de rutas establecidos por el Instituto, suspender el concesionario el servicio sin causa justificada previamente autorizada por el Instituto”, dice la ley.
Además, el artículo 195 establece la requisa del servicio público de transporte y demás bienes muebles e inmuebles por varias circunstancias que no cumpla el empresario.
“Alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la paz y seguridad interior del Estado y cuando se interrumpa la prestación del servicio público de transporte, sin causa justificada”, dice esta reglamentación.
Subsidio contra el mal servicio del transporte
El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, sostuvo que se han entregado recursos para subsidiar a los empresarios transportistas para que no incrementen la tarifa de este servicio.
El Gobierno del estado anunció una bolsa de 50 millones de pesos, de los cuales se han entregado 6 millones 874 mil pesos a 11 empresas transportistas. No obstante, el servicio del transporte público sigue siendo deficiente y de mala calidad.
Una encuesta de la plataforma Así Vamos reveló que 37.9 por ciento de los usuarios no se sienten seguros viajando en transporte público y 38 por ciento manifestó que las unidades que normalmente utilizan presentan fallas físicas o mecánicas. Los usuarios invierten casi el doble de tiempo a su destino principal viajando en camión en lugar de en automóvil.
Apuesta Gobierno de Nuevo León por tecnología
Los camiones que arrendará el gobierno de Samuel García contarán con tecnología. Hasta el momento están operando 30 unidades y se espera que el resto llegue en próximas semanas a Nuevo León.
Estos camiones tipo ANKAI, de gas natural comprimido, cuentan con un sistema de geolocalización (GPS) y telemetría que se adapta a nuevos modelos de negocios en el transporte público.
“Mostrará la ubicación de la unidad, identificará fallas en la unidad, para recabar los datos del camión kilómetros recorridos y funcionamiento de unidad indicador de exceso de velocidad”, dice una copia a la cual Reporte Índigo tuvo acceso.
En cuanto a la seguridad de la unidad se instalaron tres cámaras internas y una externa trasera. Otra con tecnología para la Identificación de rostros que conectará con el C-5 e identificador de baches en el asfalto.
Esto último será reportado a los municipios para su reparación, y con esto, evitar un desgaste de las unidades.
