Por una vasta mayoría, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la que se reglamenta que ningún funcionario de los tres poderes, órganos autónomos y otros organismos, podrá tener ingresos mayores a los del presidente de la República, además de desaparecer las pensiones de los expresidentes.
En un movimiento político, la bancada de Morena se negó a modificar la minuta que se sometió a votación, ante la exigencia del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que la iniciativa no está armonizada con el texto vigente de la Constitución Política, tiene inconsistencias e, incluso, que se contrapone a otras leyes.
Para Morena el plan es modificarla después, una vez que entre en vigor y antes de aplicar su contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019.
La bancada de Morena se negó a modificar la Ley, a pesar de no estar armonizada con el texto vigente de la Constitución
La aprobación se dio con 433 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención. A favor votaron diputados de todos los partidos políticos, incluidos los inconformes, que dijeron estar de acuerdo con la regulación de las remuneraciones de los funcionarios pero no con las inconsistencias de la legislación.
Esta nueva Ley tocará por primera vez a todos los servidores públicos que trabajan en los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, además quienes laboran en los órganos autónomos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal, que no podrán tener una remuneración mayor que la del presidente.
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, anunció hace algunas semanas que bajará su remuneración y será de 108 mil 248 pesos al mes, 1 millón 298 mil pesos al año, un 60 por ciento menos de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto.
Esos 108 mil 248 pesos mensuales serán en tope de la remuneración de los servidores públicos; nadie podrá ganar más que eso.
Legisladores de las bancadas minoritarias previeron que esta disposición traerá una ola de amparos que emitirán servidores públicos contra esta disposición.
Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, expuso que en todo el sector público hay 103 mil 177 plazas que ganan más de un millón de pesos anuales, y será a quienes toque la disminución salarial.
Las remuneraciones de los servidores públicos se determinan cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que esta nueva Ley será la que rija sus percepciones para el 2019.
Como esta Ley ya fue aprobada en el Senado en el 2011, basta con el voto de los diputados para que el Ejecutivo pueda publicarla.
Nadie se salva
Con la entrada en vigor de esta Ley, y de su aplicación en el PEF, ningún servidor tendrá ingresos superiores a los del jefe del Ejecutivo.
“Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, establece la Ley.
En este punto, sin embargo, se establecen cuatro excepciones: que una persona desempeñe varios puestos; que haya un contrato colectivo de por medio; que una persona realice un trabajo técnico calificado; o que tenga un trabajo de alta especialización.
Para el cálculo de la remuneración, la Ley establece que se toma en cuenta toda percepción, en efectivo o en especie, que incluya dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o cualquier otra.
La remuneración de los servidores públicos, señala la Ley, se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda.
Será en el PEF donde se establezcan los máximos y mínimos para todos los cargos públicos.
En su capítulo IV, la Ley habla sobre las percepciones de retiro, y es ahí donde se prohíbe la pensión a los expresidentes.
“Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”, establece el artículo 11.
Los cambios también tocaron al Código Penal Federal, en el que se establecen sanciones para quienes no respeten estas disposiciones.
La legislación sobre las remuneraciones de los funcionarios también contempla la eliminación de pensiones a los expresidentes
Los castigos contemplan desde inhabilitación para ocupar un cargo público hasta pasar 14 años en prisión por recibir de más hasta 3 mil veces el salario mínimo (hoy, Unidad de Medida y Actualización), lo que equivaldría a recibir 265 mil pesos más a los permitidos.
Además de una multa y castigo de prisión, se deberá restituir el daño a la Hacienda Pública.
Ahora o nunca
La consigna de los legisladores de Morena parecía ser: “ahora o nunca”.
La bancada de Morena se aferró a aprobar la minuta a pesar de que los diputados opositores alertaron sobre los problemas de aprobarla tal cual fue redactada hace 7 años, cuando no existían elementos como el Sistema Nacional Anticorrupción o ciertos organismos autónomos; la Ciudad de México era el Distrito Federal; o se añadía un artículo al Código Penal Federal cuyo número ya fue ocupado por otra disposición.
Dulce María Sauri, diputada por el PRI, se dijo a favor de regular el ingreso de los servidores públicos, pero llamó a que se hiciera de forma correcta.
“No compartimos que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación”, expuso Sauri.
Pablo Gómez, de Morena y autor en primer lugar de la iniciativa que se aprobó en 2011 en el Senado, acusó que sus opositores solo buscan pretextos para no aprobar esta Ley que fue una exigencia de quienes votaron el 1 de julio por su partido.
“No es solo el salario máximo, referido al del presidente. No, es acabar con los elevadísimos sueldos ilegales, abusivos, porque han convertido a este en un país de privilegios”, lanzó Gómez.
Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, argumentó que durante los sexenios pasados se tuvo a magistrados de la Suprema Corte, a consejeros del INE, a magistrados del Tribunal Electoral que ganan más de 2 millones 300 mil pesos al año.
“Entendamos que los recursos públicos deben ser tratados como sagrados, que vienen del esfuerzo del sudor de la frente de miles de trabajadores (…) que con mucha tenacidad luchan por salir adelante”, expresó Delgado.
El siguiente movimiento será esperar su promulgación por parte del Ejecutivo y después realizar las modificaciones que se requieran.
