La primera alcaldía Magdalena Contreras, encabezada por Patricia Ortiz Couturier, incurrió en malos manejos de recursos al contratar sanitizaciones irregulares durante la pandemia de COVID-19, revelan investigaciones de autoridades.
Una auditoría realizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCGCDMX), revela que en el 2020, la demarcación cometió anomalías en diversos contratos de sanitización que superan los 3 millones de pesos.
Entre las malas prácticas halladas por el órgano de control local están el no verificar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y contratos que no especifican los trabajos adjudicados.
Patricia Ortiz Couturier fue alcaldesa de Magdalena Contreras desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2021, cuando tuvo que dejar el cargo después de perder la reelección frente al priista Luis Gerardo Quijano.
La militante morenista actualmente es delegada metropolitana del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La investigación
En octubre de 2021, el Órgano Interno de Control de Magdalena Contreras —adscrito a la SCGCDMX— concluyó la auditoría A-1/2021, clave 1-6-8-10, realizada a los contratos firmados por la demarcación para el “Servicio de Sanitización de los inmuebles, vía pública, patrullas y ambulancias de la alcaldía Magdalena Contreras”, durante el 2020.
Una auditoría realizada por SCGCDMX revela que en el 2020, la demarcación cometió anomalías en diversos contratos de sanitización que superan los 3 millones de pesos
Dicho año fue cuando se declaró el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y se convirtió en prioridad de las autoridades el atender la pandemia.
Según el documento, la entidad analizó 6 contratos por un monto de 27 millones 949 mil 313 pesos, que representa el 61 por ciento de lo gastado la demarcación en sanitización durante el 2020.
En total, la contraloría hizo 3 observaciones por anomalías administrativas en 2 contratos, el AMC/DGA/AD/037/2020 y el AMC/DGA/AD/075/2020.
El hallazgo más importante es que la alcaldía no tuvo evidencia que se prestaron servicios de la manera acordada por un monto total de 3 millones 996 mil 432 pesos, cantidad que se acordó como pago para ambos contratos.
Entre las malas prácticas halladas están el no verificar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y contratos que no especifican los trabajos adjudicados
“Respecto al contrato AMC/DGA/ AD/075/2020 referente al servicio de sanitizaciones de inmuebles en la vía pública, patrullas y ambulancias para evitar la propagación del COVID-19, formalizado el 21 de octubre de 2020, cuyo servicio fue pagado por un importe de 2 millones 998 mil 600 pesos, la jefatura de la de Unidad Departamental de Servicios Generales y Combustibles en su carácter de área requirente no comprobó que, dichos servicios durante su ejecución se realizaron de conformidad con las buenas prácticas del uso del desinfectante”, señala la investigación.
Mientras que la segunda observación detalla que en el acuerdo AMC/DGA/AD/037/2020 no se ejecutaron servicios por un monto de 997 mil 832 pesos.
La tercera observación es que la demarcación no supervisó que los proveedores adjudicados ejecutaran los trabajos de acuerdo con los lineamientos federales en sanitización.
