El delegado del Gobierno Federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, anunció que exigirá a autoridades municipales en el estado la devolución a la Federación de cerca de 4 millones de pesos que fueron aplicados con irregularidades dentro del Programa 3×1 Migrantes 2018, al cual se le ha mantenido bajo fiscalización en las últimas fechas.
El equipo de Lomelí Bolaños, cuyo cargo oficial se denomina delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, precisó que la revisión al gasto efectuado en el Programa 3×1 Migrantes 2018 concluyó que hay 41 proyectos con observaciones que están localizados en 14 municipios distintos. En dichas obras el Gobierno federal aportó 15 millones 164 mil 844 pesos.
De esos 41 proyectos que ameritaron observaciones por las anomalías encontradas en su ejecución en 2018, el Gobierno de México “solicitará el reintegro total en 19 proyectos que suman 3 millones 991 mil 209 pesos del recurso federal que equivale al 25 por ciento del monto total”, según se informó.
Los 14 municipios donde fueron encontradas las 41 obras con anomalías y que fueron financiadas a través del Programa 3×1 Migrantes son todos del interior del estado, a saber, con un proyecto cada uno: Colotlán, Tuxcacuesco y Yahualica de González Gallo; con dos proyectos cada uno: Acatic, Casimiro Castillo, Jamay, Magdalena, Tizapán el Alto y Tototlán; con tres proyectos el municipio de San Gabriel; con cinco proyectos cada uno: Quitupan, Sayula, y Tolimán; y con ocho obras con anomalías: Concepción de Buenos Aires.
El Programa 3×1 Migrantes concentra recursos de los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal, además de aportaciones que realizan asociaciones de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, con el fin de mejorar las condiciones de sus comunidades de origen en este país. Sin embargo, los responsables en la ejecución de las obras son directamente los Gobiernos municipales.
Con respecto al tipo de anomalías detectadas en estas obras se informó lo siguiente: “Entre las irregularidades específicas detectadas destaca que algunos municipios pretendían hacer pasar por obras nuevas las realizadas en años anteriores; obras sin concluir; reportes de superficies mayores de calles y espacios a intervenir a las que en realidad se realizaron, materiales diferentes a los plasmados en documento, modificaciones de obras (lo impide las reglas de operación)”.
Todas estas anomalías encontradas, acotó el equipo del delegado federal, “se integraron a los reportes que fueron ya entregados a las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, y se notificó a la Secretaría de la Función Pública para las sanciones que pudieran proceder”.
También se informó que es probable que el monto que se está exigiendo en su devolución a las autoridades municipales aumente próximamente, pues hay otras revisiones al gasto en marcha en otro grupo de 22 municipios: “En los 22 municipios restantes se hará el cálculo de qué monto se reintegrará con base a volumetría de cada uno de los proyectos, pues los faltantes son menos del 25 por ciento del total”.
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