En la alcaldía Gustavo A. Madero las rehabilitación de escuelas está en la irregularidad y bajo la supervisión de proveedores que legalmente no existen.
La demarcación, gobernada por el morenista Francisco Chíguil, ha contratado en 2021 a personas físicas que no están registradas como contratistas públicos ante las autoridades federales, ni las locales, ni tienen experiencia comprobada en la supervisión de construcciones.
A estos privados se les ha encargado revisar la correcta construcción de instalaciones y se les ha otorgado más de un millón de pesos en contratos, mismos que fueron firmados por adjudicación directa, es decir, sin concurso de licitación pública entre varias empresas para asegurar las mejores condiciones.
La Ley señala que tanto autoridades federales como de la Ciudad de México requieren que todos los proveedores de la administración pública estén registrados ante mecanismos que sirven para verificar su legalidad
Los contratos de supervisión
En total, de enero a junio de 2021, el Gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero ha firmado tres contratos para la supervisión de la rehabilitación de planteles escolares con Santiago Hernández Ramírez, Jorge de la Cruz Hidalgo y Victoria Nanni Olivera, revela información que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre los contratos firmados en este año por la demarcación territorial.
Los tres documentos fueron concretados a través de la adjudicación directa, es decir, no hubo concurso de licitación pública entre varias empresas que garantizara las mejores condiciones para la administración pública y alcanzaron un monto en conjunto de un millón 126 mil 997 pesos.
Todos los contratos fueron asignados por adjudicación directa, es decir, sin un concurso de licitación pública entre varias empresas para asegurar las mejores condiciones
El primer contrato es el 02 CD 07 3O 003 1 21, cuyo objeto es la “Supervisión a la rehabilitación de 10 planteles escolares de nivel básico: E.P. Héroe Antonio Reyes, E.P. Prof. Daniel Delgadillo, E.P. Prof. Quintil Gómez Álvarez, E.P. Niño Héroe José Luis Ordaz López, E.P. Prof. Carlos B. Munguía, E.P. Constitución de Apatzingán, E.P. Patria Nueva, E.P. República de Sudán, Telesecundaria no. 127 y E.S.D. no. 138 Ángel Ma. Garibay”.
Según la información consultada, el convenio comercial se firmó en marzo de 2021 y como pago a la persona física se estipuló la cantidad de 386 mil 999 pesos.
Después está el contrato 02 CD 07 3O 005 1 21, que se le adjudicó a Jorge de la Cruz Hidalgo por un monto de 359 mil 999 pesos el pasado 18 de enero de 2021.
En esta ocasión, el objeto fue la “Supervisión a la rehabilitación de 10 planteles escolares: J.N. Miguel Ramos Arizpe, J.N. Tonanitla, E.P. Prof. Rafael Molina Betancourt, E.P. José Revueltas, E.P. Profa. Justina González, E.P. Rabindranath Tagore, E.P. José María Luis Mora, E.P. Prof. Laureano Jiménez y Coria, E.S. Técnica No. 76 y ESD. 110 Máximo Gorki”.
Por último, está el convenio comercial 02 CD 07 3O 009 1 21 que benefició a Victoria Nanni Olivera para la “Supervisión a la rehabilitación de 10 planteles escolares de nivel básico: J.N. Laura Domínguez Aguirre, J.N. Tlamatini, E.P. Quetzalcóatl, E.P. Gertrudis Armendáriz de Hidalgo, E.P. Lázaro Cárdenas, E.P. Prof. Roberto Martínez Flores, E.P. Tonatiuh, E.P. Aurelio Maldonado Cedillo, E.P. Emilio Bravo, y E.S.D. no. 251”.
Respecto al monto pagado, a Nanni Olivera se le adjudicó la cantidad de 379 mil 999 pesos por supervisar las obras mencionadas el pasado 15 de enero.
1.1
La supervisión de las obras que se les encargó a los tres proveedores consta de la gestión, planeación, ejecución, supervisión, control y entrega de los trabajos de construcción de obra.
Rehabilitación de escuelas en la irregularidad
Los tres proveedores contratados para supervisar la rehabilitación de 30 escuelas son irregulares porque no están registrados como proveedores a nivel local ni federal.
Ninguno de los tres están dados de alta como personas físicas con actividades mercantiles ante la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México, revela una revisión al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).
En consecuencia, los tres contratistas no tienen un folio real, no están constituidos como empresas legalmente y no pueden participar en procesos de contratación pública, según el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente que indica que los proveedores gubernamentales tienen que acreditar su existencia legal.
“Se deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente”, detalla la normativa.
Además, los tres beneficiados por la alcaldía Gustavo A. Madero no aparecen en el Padrón de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de México, requisito obligatorio de la administración capitalina para participar en procesos de contratación con el sector público de la ciudad.
En consecuencia, tampoco se puede conocer si las tres personas físicas tienen experiencia o si su giro mercantil es la supervisión de obras.
A pesar de que se infringe la Ley local y no se acreditó la experiencia de los contratistas, la alcaldía del norte de la capital los benefició con más de un millón de pesos.
