Supuesto ‘porro’ que irrumpió en casino tiene denuncia penal
Uno de los “porros” que cubrieron su rostro para tratar de despojar a la fuerza el casino La Fortuna de sus propietarios, fue denunciado penalmente en mayo de este año ante la Procuraduría de Nuevo León.
En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se observa que Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel se encapuchó antes de ingresar al centro de apuestas, donde el miércoles de la semana pasada ocurrió un zafarrancho protagonizado por cetemistas, así como por autoridades civiles y militares.
Javier Estrada
Uno de los “porros” que cubrieron su rostro para tratar de despojar a la fuerza el casino La Fortuna de sus propietarios, fue denunciado penalmente en mayo de este año ante la Procuraduría de Nuevo León.
En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento se observa que Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel se encapuchó antes de ingresar al centro de apuestas, donde el miércoles de la semana pasada ocurrió un zafarrancho protagonizado por cetemistas, así como por autoridades civiles y militares.
El denunciado vestía una camisa gris y pantalón azul de mezclilla, y se dirigió a La Fortuna acompañado de otros dos individuos.
Uno de sus acompañantes también se cubrió el rostro y se unió a otro sujeto encapuchado, de acuerdo con los videos en poder de Reporte Indigo.
Los tres “porros” entraron cerca de las 11:21 horas al centro de apuestas, con la facilidad del personal castrense que resguardaba la entrada del casino.
Los propietarios aseguran que los dos encapuchados que acompañaron a Ramírez Voguel se presentaron como agentes del Ministerio Público Federal, pero nunca acreditaron ese supuesto.
El artículo 250 del Código Penal Federal sostiene que se sanciona con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días a quien, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y lo ejerza.
Ramírez Voguel forma parte del grupo que fue denunciado penalmente por el casinero Arturo Cardona Calderón el 24 de mayo de este año por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada.
Según el empresario, el presunto secuestro fue ordenado por el juez federal Luis Armando Jerezano Treviño con la intención de despojarlo de sus acciones de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.
Esta sociedad poseía La Fortuna, pero después del incidente los socios constituyeron Doblecaras S.A. de C.V., que desde el pasado 1 de octubre tiene la posesión del inmueble.
El ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, su hijo Antonio Balderas Martínez, y Jerónimo Garza Chaib, también forman parte de esta agrupación, de acuerdo con la querella del empresario.
A excepción de Jerezano Treviño, todos los personajes anteriores fueron captados por las cámaras de videovigilancia en el centro de apuestas, mientras dirigían la operación con supuestos sindicalizados de la CTM.
Los denunciados intentarían en mayo pasado despojar en una primera ocasión a Cardona Calderón de sus acciones de Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.
Pero el Ministerio Público dictó el “no ejercicio de la acción penal” contra el juez federal y los otros cuatro civiles, porque no otorgó valor a las pruebas que los implicaban en estos delitos.
Y arman nueva estrategia
Uno de los integrantes del grupo penalmente denunciado que intentaría despojar de La Fortuna a sus dueños, optaría ahora por una estrategia de negocios para adueñarse del casino.
Este lunes, cinco días después del zafarrancho en la casa de apuestas, se publicó en medios locales una convocatoria a todos los accionistas de Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V. para celebrar una asamblea ordinaria.
El desplegado está firmado por Jerónimo Garza Chaib y Juan Gerardo Quintanilla López, quienes se ostentan respectivamente como supuestos presidente y secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
La asamblea se celebrará el próximo 13 de noviembre en el edificio Losoles, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en San Pedro, para decidir el futuro de la empresa.
Según el orden del día, se discutirá y, en su caso, se aprobará la revocación de apoderados, las designaciones de nuevos delegados y el incremento de capital social de la empresa.
También se decidirá si se suscriben y pagan acciones representativas del capital, expiden más títulos de acciones, y designan un nuevo Consejo de Administración de la sociedad y un comisario de la misma.
