La suspensión se suma al juicio de lesividad que promovió el Municipio de Monterrey en contra del mismo proyecto
Un embrollo burocrático, entre autoridades de los tres niveles de gobierno, ocasionó que un juez de Distrito suspendiera provisionalmente los trabajos en el cuestionado fraccionamiento Solaria Brisas.
La autoridad judicial ordenó el pasado 13 de mayo la medida dentro de un amparo promovido por una vecina afectada por las obras de los fraccionadores, quien alegó omisiones de funcionarios municipales, estatales y federales.
Verónica López demandó en el juicio de garantías número 952/2014 la suspensión del desarrollo, debido a que omitieron tramitar, resolver y aplicar, medidas de seguridad solicitadas por la ciudadana en diversas denuncias.
El objetivo de las querellas era evitar daños físicos y materiales en su inmueble, pues los trabajos de urbanización del proyecto inmobiliario se llevan a cabo al lado de su domicilio, ubicado en la colonia Las Brisas.
“La suspensión provisional sería para que las autoridades administrativas ejercitaran sus facultades de inspección y vigilancia”, menciona el juez Iván Millán en su resolución judicial.
“Y, en función de ello, bajo su más estricta responsabilidad, decrete o no, las medidas de seguridad en el ámbito de sus atribuciones, según se advierta o no, la existencia de los daños y riesgos contemplados por la legislación”.
La suspensión se suma al juicio de lesividad que promovió el Municipio de Monterrey en contra del mismo proyecto, porque rebasa pendientes naturales del 45 por ciento en el predio donde se construye, localizado en el Cerro de Las Brisas.
La demanda que presentó la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes busca tumbar los permisos ilegales que los fraccionadores obtuvieron con dictámenes manipulados y estadísticas viales apócrifas.
El juicio que el Ayuntamiento regio abrió en contra de la desarrolladora Operadora Torre Brisas, S.A. de C.V., y la constructora Promotora Abraham Lincoln, S.A., filial de Vidusa, se dirime en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En este caso, la vecina afectada presentó su primer denuncia el pasado 27 de enero ante el coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, quien no envió personal especializado para inspeccionar el área.
Esta querella pasó un largo periplo burocrático que no llegó a una resolución satisfactoria, pues solamente fue remitida sin éxito entre instancias federales y estatales.
Así, la información pasó al director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Miguel Valdés, quien tampoco tomó acciones para conocer y mitigar los riesgos de la construcción.
Este funcionario, a su vez, envió el caso al subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacional de la Dirección de Investigación del Cenapred, Leobardo Domínguez, quien omitió valorar los datos del expediente.
La subdirección federal pasó el asunto, de nuevo, al director de Protección Civil de Nuevo León, Jorge Camacho, para que definiera los alcances de la problemática en el Cerro de Las Brisas, donde la vecina ya había advertido la inestabilidad del suelo.
Ante la ausencia del titular, el oficio fue remitido al subdirector administrativo de la misma dependencia estatal, Martín Castillo, quien nunca brindó apoyo a las áreas involucradas del Cenapred.
El subalterno de Camacho aseguró que el Municipio de Monterrey se había encargado de inspeccionar el predio donde se proyecta el fraccionamiento, aunque eso no fue cierto, como confirma el juez de Distrito en su resolución.
Con anterioridad, el director de Protección Civil estatal había sido advertido de los mismos riesgos en otra denuncia de la ciudadana quejosa, formulada desde el 31 de marzo de este año, y cuyos reclamos también fueron ignorados.
Esa queja se suma a otra que fue presentada el pasado 19 de marzo a la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Brenda Sánchez, quien no inspeccionó el lugar, ni aplicó medidas de seguridad en caso de ser necesarias.
El juez federal programó a las 10:45 horas de hoy la audiencia incidental y notificó por oficio a las autoridades responsables.
Por lo pronto, los funcionarios de los tres niveles de gobierno deben cumplir la resolución judicial e inspeccionar el área.