Especialistas, políticos de oposición, académicos e incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) alertaron a las autoridades estatales de que el incremento a la tarifa del transporte público traerá graves consecuencias a los bolsillos de la población.
“Las decisiones que se toman sobre estas temáticas impactan la economía de miles de personas usuarias de esos servicios de transporte público, por lo que su actualización o modificación, debe ser analizada a profundidad con una metodología de cálculo exacta que coadyuve a la obtención de una tarifa justa del pasaje”, publicó la CEDHJ después de que el 24 de julio el Gobierno de Enrique Alfaro anunció el alza en la tarifa del transporte, en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, que incluye al Tren Ligero, el Macrobús, Trolebús, SiTren y otras rutas privadas de 7 pesos a 9.50 pesos.
Este incremento representa un 35.71 por ciento más en el costo del pasaje para los usuarios del transporte público, uno de los aumentos más altos a nivel nacional.
El sociólogo y analista político, Julián Atilano, señaló que esta nueva medida es un duro golpe a a la economía familiar, pues aún cuando el nuevo acuerdo incluye una alianza con los patrones para que se dé un incentivo diario de diez pesos, existen muchos usuarios del transporte que viven en la informalidad y los hace más vulnerables.
Esa medida de los diez pesos no sostiene el golpe económico, porque no ha quedado claro cómo va a ser y, por otro lado, en el supuesto de que se le diera a todos los usuarios del transporte público que están en la ocupación formal, hay un 50 por ciento que están ocupados pero no en la formalidad y a ellos no les va llegar ese apoyo
Por eso comerciantes, amas de casa, estudiantes y otros miembros de la ciudadanía arrancaron desde el 26 de julio y durante todo el fin de semana pasado protestas en el centro de Guadalajara y a las afueras de Casa Jalisco, lugar de residencia de Enrique Alfaro.
Héctor Castañón, coordinador de la Asamblea sobre Desigualdades y experto en gestión del desarrollo, opinó que este incremento vuelve al transporte público de Jalisco uno de los más caros del país, pues se sube el costo del pasaje sin cumplir con los compromisos sobre mejoras y pondrá en aprietos a muchas familias.
“Eleva el porcentaje de lo que pagan por moverse, muy cerca del umbral que, por ejemplo, ha establecido Naciones Unidas; dice que si tú pagas más del 30 por ciento de tu ingreso en moverte entras en una espiral de pobreza de la que es muy difícil salir”, denunció Castañón.
Para este experto el tema de la movilidad es de fuerte impacto en una ciudad como Guadalajara porque ha ‘expulsado’ a sus habitantes en los últimos años.
“Si no fuera una ciudad que expulsa (…) entonces el impacto no sería tan fuerte, pero el impacto es muy fuerte en una ciudad muy dispersa, muy desigual, muy mal equipada y con una planeación que no te permite tener cerca tus fuentes de trabajo, de empleo, educación, etcétera. En ese sentido sí pega muy fuerte. Sobre todo con el incremento del parque vehicular se generan incentivos para que la ciudad se siga llenando de vehículos particulares que muchas veces empiezan a competir con el transporte público en términos de cuánto se va a pagar”, explicó Castañón.
El coordinador de la Asamblea sobre Desigualdades señala que él sí está a favor de una mayor inversión de recursos públicos por parte de los estados para garantizar el derecho a la movilidad con un subsidio progresivo.
“Esta medida es regresiva porque ayuda a las que ya tienen empleo, a los que ya tienen un ingreso estable, formal, y con prestaciones. Yo sí creo que tendría que ampliarse el programa de transvale, asumir como una responsabilidad pública –por las implicaciones que tiene la reducción de derechos– el tema del subsidio como una inversión. No entra en la política social el transporte, debería entrar en la política del transporte.
“¿Por qué tiene que ser más caro que en otras ciudades? Quiere decir que está presionando más al sector empresarial camionero para garantizar una rentabilidad. Este es un servicio no un negocio de transporte público. Ciertamente nos cuesta más al erario pero son cuestiones fundamentales, cotidianas, del día a día, que condicionan un montón de cosas”, señaló Castañón.
Sin embargo, como dijeron algunos ciudadanos durante las protestas de este fin de semana, alrededor del 95 por ciento de las rutas del transporte público están concesionadas a transportistas privados, mientras que solo el cinco por ciento es operado por las autoridades locales.
El incremento de 7 a 9.50 pesos representa un 35.71 por ciento más, uno de los aumentos más altos a nivel nacional
“La tendencia aquí en Jalisco es privatizar el transporte público”, señaló uno de los ciudadanos por el altavoz durante la manifestación del sábado 27 de julio que concluyó en Plaza de la Liberación.
Por ahora, justamente, el aumento que se ha aprobado se dio para los servicios que proporciona el gobierno estatal, mientras que a partir de septiembre el aumento en la tarifa del transporte será gradual para las rutas privadas que vayan cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en el programa Mi Transporte, promovido por el gobierno de Jalisco a inicios de año.
Dichos requisitos técnicos incluyen la adecuación al modelo ruta-empresa, pago electrónico, instalación de cámaras, GPS, transición a energías limpias y capacitación a conductores.
Sin embargo, para costear estos requisitos los privados también tienen el privilegio de acceder a financiamiento público para la adquisición de la tecnología que esto requiere. Pero hasta la fecha se desconoce el monto gastado en este rubro.
