“Se identifican los reclamos y los intereses de la industria de la radio y la televisión, sus comunicadores y políticos buscan restaurar el trasiego de favores políticos de cara a los procesos electorales”
Los derechos de las audiencias están en peligro, así lo han advertido diferentes organizaciones civiles tras el aval de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados a la iniciativa Ley de Derechos de las Audiencias, la cual busca la autoregulación de las televisoras como Televisa y TV Azteca.
El pasado 5 de abril, la Comisión avaló el el dictamen para modificar el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el cual establece que el servicio público de radiodifusión es de interés general, por lo que deberá respetar los derechos de las audiencias.
Los diputados dieron su aval para que sean los mismos concesionarios de radio y televisión quienes creen su propio código de ética, el cual establecerá las medidas para evitar que se transmita publicidad, propaganda y opinión disfrazadas de información periodística.
Actualmente, el artículo 256 establece que los concesionarios deberán diferenciar de manera clara la información noticiosa de la publicidad y la opinión, sin embargo, la iniciativa sólo establece que los empresarios de radio y televisión deberán abstenerse de hacerlo.
En pocas palabras, la iniciativa ha encendido las alarmas, pues busca derogar la obligación de los concesionarios a diferenciar con claridad la información de la publicidad, lo que podría abrir la puerta para que los comunicadores mezclen ambas sin previo aviso.
Organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) han calificado esta iniciativa como un intento de contrarreforma para dar marcha atrás a los derechos ganados por las audiencias tras la aprobación de la Reforma en Telecomunicaciones.
“La AMEDI denuncia este intento de contrarreforma legislativa, de componenda política y el atropello que se busca ocasionar a los derechos de las audiencias a cambio de favores políticos y el engaño publicitario”, señaló la organización en un comunicado.
La iniciativa suprime, de acuerdo a la AMEDI, las facultades regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues concede a los concesionarios el derecho de emitir sus propios códigos de ética sin la aprobación del organismo regulador.
“Se identifican los reclamos y los intereses de la industria de la radio y la televisión, sus comunicadores y políticos buscan restaurar el trasiego de favores políticos de cara a los procesos electorales”, denunció la AMEDI tras el aval de los diputados.
La propuesta avalada por la Comisión, el cual todavía deberá ser analizado y votado por el pleno de la Cámara de Diputados, se compone de dos propuestas presentadas por el panista Federico Döring y el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
El dictamen se avaló mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve la impugnación hecha por la Presidencia a los lineamientos del IFT sobre derechos de las audiencias, por lo que la AMEDI ha exigido retrasar dictamen hasta que los ministros resuelvan.
“El debate de la Suprema Corte Corte debiera ratificar que el IFT es el órgano constitucional autónomo especializado y responsable de regular el servicio público de radiodifusión”, agregó la AMEDI en el comunicado.
