Temacapulín, pueblo vigilante
Los habitantes en contra del proyecto El Zapotillo tienen la esperanza de que con la recomendación 50/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco se realicen auditorías y peritajes independientes que les den certeza de que no habrá afectaciones
Jonathan ÁvilaLas comunidades afectadas por el proyecto El Zapotillo, que pretende llevar agua de Los Altos de Jalisco a León, no solo han sido espectadoras por más de una década de lucha, sino se han involucrado en todos los procesos.
Los años de presión les han permitido implicarse de tal modo que ahora hacen un llamado al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para que se tome en cuenta su voz de cara a la aceptación de la recomendación 50/2018 presentada públicamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en enero de este año.
Aunque Temacapulín celebra la disposición del gobierno del estado por atender los señalamientos de la CEDHJ, también muestra las inconsistencias en las respuestas y apela a que los pobladores tengan una voz en las negociaciones que lleve a cabo el gobierno en las mesas de trabajo por realizarse.
“No nos toca solo esperar los resultados en las mesas de trabajo como propone el gobierno en su respuesta a este punto, somos solicitantes de estas demandas y monitorearemos y evaluaremos su desarrollo”, expresaron los habitantes por escrito al gobierno de Jalisco.
En conjunto con el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), los habitantes criticaron que el gobierno estatal esté planteando diversas mesas de trabajo cuando se requiere de una sola de alto nivel, coordinada por el gobernador y el secretario de gobierno, por mencionar a algunos.
Gabriel Espinoza, luchador social y exsacerdote de ese mismo poblado, recuerda cómo se ha tratado de desacreditar su voz debido a que ha dado a conocer que los habitantes de la comunidad no apoyan las obras.
“Por favor, señor gobernador Enrique Alfaro y todo el gobierno de Jalisco, no se traguen la falacia de que somos poquitos en Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Son más poquitos los tres o cuatro empresarios beneficiados por la presa El Zapotillo”, expresó Gabriel Espinoza.
Lucha y organización
En sus análisis sobre la organización de los pueblos afectados por la presa El Zapotillo, Georgina Díaz Martínez, maestra en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, explica que la documentación e información por parte de los habitantes fue crucial para hacerle frente al gobierno estatal y federal.
Estas acciones colectivas dieron paso a la defensa de sus demandas para que su pueblo no fuera inundado, a pesar de la falta de experiencia política previa en muchos de los ahora defensores. Las medidas se apuntalaron con el apoyo solidario y económico de otras organizaciones, como los llamados ‘Hijos Ausentes’ que son redes de personas originarias del poblado que habían migrado a los Estados Unidos.
Por ello ahora los afectados piden de forma legítima el lugar que les corresponde en la discusión sobre el futuro del proyecto El Zapotillo. Aunque también han dejado claro que su postura es que se desmantele, cancele la presa y restauren los causes del Río Verde.
Responsabilidad local y federal
Uno de los puntos más importantes de la recomendación de la CEDHJ contempla que los trabajos de la presa que inundaría Temacapulín deben pasar primero por auditorías y peritajes independientes que den certeza a la comunidad de que ésta no se verá afectada por la altura de la cortina.
Pero la administración de Enrique Alfaro responsabilizó al Gobierno federal de llevar a cabo estas tareas y señaló que las autoridades locales se limitarían a realizar las gestiones necesarias para que la Federación lleve a cabo estos mecanismos de estudio y viabilidad del proyecto.
A lo cual las comunidades afectadas le respondieron por escrito que es el Gobierno estatal quien tiene firmados convenios de distribución del agua, por lo que es parte del conflicto y no debe diluir ni evadir su responsabilidad.
Además le aclararon que ya se tiene diálogo con la Federación y las comunidades están en interlocución y revisión del proyecto con funcionarios de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
Actualmente el proyecto del acueducto a León, Guanajuato, tiene un 30 por ciento de avance según han dado a conocer las autoridades en dicho estado.
Pero esto sólo se refiere a la liberación de paso, debido a los litigios interpuestos en algunos predios.