Temen devastación por gas shale

Propietarios de ranchos y pobladores de ejidos en la zona sísmica de Nuevo León temen la contaminación de ríos y presas por la extracción del gas shale que realiza Pemex.

El temor de los habitantes es fundado: la empresa encargada de hacer los estudios sísmicos para localizar los yacimientos del hidrocarburo tiene un negro historial de quejas y devastación ambiental.

En agosto de 2012, en Nacajuca, exigieron a Pemex y a Comesa el resarcimiento de daños a viviendas, cultivos y pérdida de ganado, por las detonaciones de explosivos
La Secretaría de Energía calcula que este proceso requiere de la inyección a presión de 7.5 a 30 millones de litros de agua, que se mezclan en una solución con otros químicos para extraer tan sólo de un pozo el gas shale
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Propietarios de ranchos y pobladores de ejidos en la zona sísmica de Nuevo León temen la contaminación de ríos y presas por la extracción del gas shale que realiza Pemex.

El temor de los habitantes es fundado: la empresa encargada de hacer los estudios sísmicos para localizar los yacimientos del hidrocarburo tiene un negro historial de quejas y devastación ambiental.

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., (Comesa) es la filial de Pemex encargada de contribuir con el programa exploratorio de la paraestatal en los municipios de Los Ramones, General Terán y China, donde su actividad coincide con el enjambre sísmico.

Esta sociedad está integrada con una participación estatal mayoritaria y por la petrolera transnacional Schlumberger, encargada de algunas operaciones en la región, como el pozo Nerita-1, donde se extrae el gas shale o de esquisto.

Los pobladores de esas localidades culpan a Pemex de los inusuales movimientos telúricos, debido a la explotación de ese hidrocarburo mediante el método de fractura hidráulica, conocida como fracking.

En otras partes del mundo, este modelo de extracción ha sido criticado porque su implementación ha ocasionado  la contaminación de mantos acuíferos y por usar grandes volúmenes de agua.

Reporte Indigo publicó ayer que habitantes de comunidades en Los Ramones acusan a Pemex de ocasionar los sismos mediante el fracking, así como de ocultar las conclusiones de un estudio que determina si la explotación del gas shale tiene relación con los temblores.

La Secretaría de Energía calcula que este proceso requiere de la inyección a presión de 7.5 a 30 millones de litros de agua, que se mezclan en una solución con químicos para extraer tan sólo de un pozo el gas shale de la lutita.

La escasez del líquido representa un obstáculo para la explotación a gran escala del hidrocarburo y es por eso que los pobladores están preocupados, pues ahí se encuentran importantes reservas de agua para el Área Metropolitana de Monterrey.

Los municipios afectados por los movimientos de tierra están bordeados por los ríos Pilón y San Juan, que a su vez alimentan a las presas El Cuchillo, en China, y Cerro Prieto, en Linares, dos de las principales fuentes de abasto.

Comesa ha sido la empresa encargada de pagar las afectaciones ocasionadas por Pemex en la exploración de los yacimientos del gas en esas comunidades.

La paraestatal realizó el estudio sismológico “Sur de Burgos 2D”, un mapeo bidimensional para visualizar y conceptualizar los rasgos geológicos de la zona analizada.

Este método utiliza vibradores como fuente de energía y receptores sensibles al registro de las señales.

Genera energía que, al ser liberada, se propaga en formas elásticas hacia el subsuelo donde, al encontrarse con capas de diferentes propiedades físicas, se reflejan a la superficie y los datos sísmicos son captados por equipo especializado.

Propietarios de tierra preocupados por la exploración muestran a Reporte Indigo los reportes de las afectaciones ocasionadas por estos análisis, como desmontes mecánicos, así como los finiquitos que les han ofrecido Pemex y Comesa.

Algunos de los informes datan de julio de 2013 y todos corresponden a la exploración del Activo Integral Burgos, la cuenca de gas más importante en el norte de México que abarca los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

La Unidad de Operación Geofísica de Reynosa, a través de la brigada AIBSV-01 de Pemex, fue la encargada de realizar el estudio bidimensional.

“Eximo a Pemex Exploración y Producción y a la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., (Comesa) de reclamaciones posteriores derivadas de este estudio”, se lee en los pagos firmados por los dueños de terrenos afectados.

Los agricultores y ganaderos que poseen tierras de riego temen la contaminación del agua por los antecedentes de la compañía exploradora.

Comesa tiene un largo historial de quejas en estados del sureste, como Tabasco, donde al menos desde 2007 hasta la fecha, diversos grupos de campesinos han denunciado catástrofes ambientales por el uso de dinamita en las exploraciones.

Según registros periodísticos, en comunidades de los municipios de Centro, Nacajuca, Huimanguillo y Jalpa de Méndez, han bloqueado los accesos a los pozos, también han organizado protestas o retenido vehículos de la empresa.

Por ejemplo, en agosto de 2012, en Nacajuca, exigieron a Pemex y a Comesa el resarcimiento de daños a viviendas, cultivos y pérdida de ganado, por las detonaciones de explosivos.

Los afectados en esa demarcación denunciaron que la exploración contaminó el agua y la tierra, lo que mermó la pesca y la salud de los pobladores.

Por otro lado, en julio de 2009, pescadores de la ranchería El Espino, en el municipio de Centro, bloquearon el paso a Comesa, debido a la contaminación de la laguna El Desagüe, a raíz de pruebas sísmicas para localizar yacimientos de crudo.

La exploración, de acuerdo con testimonios, afectó a cerca de 600 familias pesqueras, que impidieron el paso a la empresa hasta que ésta no reparara el daño a la comunidad, pues su incursión afectó la actividad productiva.

La compañía también ha sido criticada por otorgar de forma directa, sin licitación de por medio, contratos a la transnacional Schlumberger.

Al ser una entidad con participación gubernamental, Comesa es fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, que tan sólo en la revisión de la cuenta pública de 2010, encontró diversas irregularidades.

El órgano halló, por ejemplo, que había expedientes de contratos incompletos, documentación faltante que acreditara recepción de servicios y bienes que no fueron “localizados”.

La empresa fue creada en 1968 para responder a la necesidad de Pemex en sus programas exploratorios y localizar nuevos yacimientos de petróleo en el país.

Comesa tiene participación gubernamental mayoritaria, pues Pemex posee el 60 por ciento de las acciones, mientras que el 40 por ciento restante pertenece a la petrolera Schlumberger, una de las principales contratistas de la paraestatal.

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