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Aún no aprueban las leyes secundarias de la reforma energética en la Cámara de Diputados, y las reacciones ya están en la calle.
Más de 33 agrupaciones de campesinos, productores y ejidatarios participarán hoy en una mega marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, en el Distrito Federal, la cual estiman concentrará a más de 70 mil personas.
José Durán Vera, coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) aseguró que la marcha será “para reclamarle al Senado haber permitido que se vulnere la propiedad social del país”.
El líder resaltó que la reforma energética trastoca el régimen social especial del derecho agrario y tutelar de las comunidades y los ejidos.
“Prácticamente la ley desentiende el marco jurídico, como si no existiera, y nos mete en un proceso de negociación entre particulares, en el ámbito del tribunal civil federal y no en el ámbito que maneja la fracción 19 del artículo 27 que son los Tribunales Agrarios, por tanto, nos deja en estado de indefensión”, indicó Durán Vera en entrevista con Milenio.
Las organizaciones denunciaron que con el término “ocupación temporal de tierras” que aprobaron los senadores, se dañará al 60 por ciento de los más de 31 mil ejidos del país.
Explican que al extraer gas y petróleo dejará las tierras inservibles.
Actualmente 35 millones de hectáreas se encuentran en poder de la industria minera, es decir, más del 30 por ciento del territorio nacional cultivable.
Los inconformes anticipan que, con la inminente aprobación de la reforma, por lo menos 15 mil ejidos enfrentarán procesos legales para evitar la explotación de sus tierras, ya que no están claros los términos de la “ocupación temporal”.
El 20 de julio, los senadores cambiaron el concepto de “expropiación”, que apareció en el dictamen que crea la Ley de la Industria Eléctrica, por el término “ocupación temporal”.
En conferencia de prensa el senador panista Roberto Gil Zuarth aseguró que la creación de esta figura jurídica busca dar certidumbre, para evitar que los dueños pierdan la propiedad de la tierra.
Su compañero de bancada, Francisco Domínguez Servién, refirió que la reforma constitucional en materia energética y las nuevas leyes que se expiden precisan que el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos plantee la posibilidad de establecer el avalúo de las tierras.
Los senadores hicieron en total 930 modificaciones a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto y entre los cambios aprobados al paquete energético -sin el aval de la izquierda- estuvo la cancelación de la expropiación de las tierras.
A cambio se dejó claro que los dueños de los terrenos y los empresarios que tengan contratos en el sector energético podrán celebrar acuerdos bajo las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta o cualquier otra que no contravenga la ley.
Por ejemplo, si los proyectos alcanzan la extracción comercial de hidrocarburos, el contratista deberá recompensar al dueño de la tierra con un porcentaje de las ganancias.
De acuerdo con integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, las tierras que han quedado muertas por la invasion minera se ubican en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde ya se perdio la producción de maíz y hortalizas.
Durán Vera, también dirigente de la Unión Campesina Democrática, indicó que los campesinos se encuentran en un estado de indefensión, ante el despojo de la tierra y la especulación al amparo de las leyes energéticas es inminente.
“Cualquiera va a llegar a querer su tierra y está obligado a un convenio de ocupación que se negocie sin ninguna vigilancia o tutela del estado, pues la controversia se atenderá en el ámbito de la justicia civil federal, no del ámbito agrario”, dijo a Milenio.
Durante el trayecto de la movilización, los campesinos ofrecerán sus productos para demostrar la expoliación que se hace por vía del precio a los campesinos.
“A nosotros nos pagan a 4 pesos el kilo de frijol y a la gente se lo venden no menos de 25 pesos, el más barato”, señaló el líder campesino.
