Temporada de chapulines
La época para que los gobernantes y legisladores que buscan un nuevo puesto político en las elecciones de 2018 abandonen sus labores actuales ya comenzó, una práctica polémica que gran parte de la ciudadanía desaprueba
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_9cc971lr” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /]
Como en cada periodo electoral, cientos de servidores públicos dejarán sus cargos para competir por otro en las elecciones del 2018.
Eso sí: a diferencia de otros años, en éste la desbandada será masiva pues se elegirán a más de 3 mil 447 nuevos servidores públicos.
Gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, legisladores locales u otros trabajadores de los tres niveles de gobierno dejarán sus funciones en las próximas semanas para entrar de lleno a la competencia electoral.
En el caso del Congreso de la Unión, la desbandada de legisladores vuelve casi imposible que se aprueben reformas importantes en el último tramo de cada Legislatura
Más allá de ser una práctica cuestionable, el chapulineo afecta la administración de los gobiernos, frena proyectos y planes.
Y no sólo porque el trabajo del que se va queda trunco, sino porque personas improvisadas llegan a ocupar los cargos de manera temporal, mientras el titular intenta conquistar su siguiente trabajo.
En el colmo de los casos, muchos de ellos vuelven a sus cargos sin importar si ganaron o perdieron la elección.
En el caso del Congreso de la Unión, la desbandada de legisladores vuelve casi imposible que se aprueben reformas importantes en el último tramo de cada Legislatura; ésta, la LXIII, concluye el 31 de agosto del 2018.
“Saltar” de un puesto a otro ha generado desconfianza y rechazo en la ciudadanía; conscientes de ello, los políticos ahora han convertido la permanencia en el cargo en una oferta política.
Algunos candidatos prometen en sus campañas que no renunciarán a sus cargos hasta que los concluyan, pero el asunto se queda en el olvido cuando viene una nueva oportunidad de competir en una elección.
Así sucedió, por ejemplo, con Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, hoy gobernador de Nuevo León y aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, mismo que, cuando era candidato, pregonaba que el chapulineo era inmoral.
“El chapulineo es inmoral, no puedes dejar abandonada tu responsabilidad, no puedes hacerle eso al Estado”, escribió “El Bronco” en su cuenta de Twitter en febrero del 2015, cuando estaba en plena campaña por la gubernatura de su entidad.
En ese y otros estados han habido varios movimientos contra el chapulineo: ciudadanos que impulsan el rechazo a los candidatos que “brincan” de un puesto a otro, pidiendo que detengan su intento o promoviendo que ningún ciudadano les dé su voto.
A partir de hoy será noticia de todos los días conocer a estos políticos que dejarán todo por amarrar un cargo en esta elección.
Esta semana comienza la temporada de chapulines.
Los tiempos
En cada periodo electoral, la temporada de chapulines comienza con el mes de diciembre.
Para quienes aspiren a la Presidencia de la República, la Constitución mandata que deben separarse de su cargo seis meses antes del día de la elección; esto es el 31 de diciembre. En ese supuesto están Miguel Ángel Mancera y Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’
Hoy pide licencia a su cargo Claudia Sheinbaum para ir por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México; los aspirantes a la Presidencia deben irse a más tardar el último día del mes. Es ya el banderazo de la época.
Aunque los tiempos legales para separarse de su cargo son emitidos en las leyes electorales a nivel federal y en cada uno de los estados, también depende de las reglas de cada uno de los partidos.
En el caso de quienes aspiren a la Presidencia de la República, la Constitución Política mexicana mandata que deben separarse de su cargo seis meses antes del día de la elección; esto es, el 31 de diciembre.
En ese supuesto están Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León.
En el caso de quienes aspiren a ocupar un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados deben separarse de su cargo 90 días antes de la elección; es decir, a más tardar el 1 de abril.
Para los cargos de gobernador, diputado local, alcalde o miembro de los ayuntamientos, los plazos dependen de la legislación de cada estado.
Sin embargo, no son los únicos plazos que importan. Cada partido establece en sus estatutos el tiempo en que sus militantes deben separarse de sus cargos si quieren perseguir otro.
En el caso del PRI, por ejemplo, quienes aspiren a una candidatura deben renunciar o pedir licencia a su cargo -sea público o partidista- a más tardar el día de su registro como precandidato.
Fue así lo que ocurrió con José Antonio Meade, quien renunció a la Secretaría de Hacienda y pocas horas después ingresaba su solicitud para ser precandidato a la Presidencia de la República, 34 días antes del plazo indicado en la Carta Magna.
El PAN indica que en el caso de los funcionarios partidistas a nivel federal, estatal y municipal deben renunciar o pedir licencia a ese cargo “antes del inicio legal del proceso electoral correspondiente”, pudiendo regresar tan pronto como pasada la precampaña -en el caso de cargos plurinominales- o al concluir la jornada electoral -en el caso de cargos de mayoría relativa-.
En el caso de Ricardo Anaya, líder nacional del blanquiazul, si desea participar como precandidato a la Presidencia tendría que renunciar a más tardar el 13 de diciembre, un día antes del inicio de las precampañas.
El PRD sólo establece un plazo para los militantes que ocupen un lugar en la estructura del partido, al que deberán renunciar a más tardar el día de su registro como precandidatos.
Desbandada en el Legislativo
El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, es el principal frente de donde salen candidatos a otros cargos de elección popular.
En la pasada elección federal, en 2015, más de 110 diputados federales solicitaron licencia para buscar otro cargo. En el Senado fueron casi 40.
En ambas Cámaras se mueven las aguas para las solicitudes de licencia que vendrán. En el Senado, Armando Ríos Piter ya tramitó sus papeles para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República
El Congreso es semillero de gobernadores. En el caso de los mandatarios en funciones, 12 dejaron su lugar en el Senado y seis en la Cámara de Diputados para conquistar la gubernatura.
Salieron de la Cámara alta los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
En el caso de los mandatarios de Campeche, el Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, pidieron licencia como diputados federales para convertirse en gobernadores.
En el próximo proceso electoral se elegirán a los mandatarios de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Ya en ambas Cámaras se mueven las aguas para las solicitudes de licencia que vendrán.
En el Senado, Armando Ríos Piter ya pidió licencia para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República.
Para las gubernaturas hay ya algunos que se perfilan.
Para Chiapas se apuntan los senadores Luis Armando Melgar, del PVEM, y Roberto Albores Gleason, del PRI.
Por Guanajuato pedirían licencia los senadores Fernando Torres Graciano, del PAN, así como Miguel Ángel Chico Herrera y Gerardo Sánchez García, del PRI; lo mismo que la diputada priista Bárbara Botello.
La gubernatura de Jalisco es perseguida por el senador panista José María Martínez.
En Morelos también se prevé la participación de legisladores federales. Pedirían licencia el diputado Javier Bolaños, del PAN; y Rabindranath Salazar, de la bancada del PT-Morena.
Por Puebla pedirán licencia los senadores Javier Lozano, del PAN, y Luis Miguel Barbosa, del PT-Morena; también el diputado federal Jorge Estefan Chidiac.
Para Tabasco buscará participar en la elección el senador perredista Fernando Mayans.
En Veracruz irían José Yunes Zorrilla, senador por el PRI; y Cuitlahuac García, diputado federal por Morena.
En el caso de Yucatán están el senador del PAN, Daniel Ávila, y los diputados federales del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín y Pablo Gamboa Miner.
En las pasadas elecciones federales de 2015 casi 40 senadores solicitaron licencia para abandonar el cargo y más de 110 diputados federales hicieron la misma petición para poder perseguir sus nuevas aspiraciones laborales
A estas licencias, que serán para buscar los cargos más importantes en los estados del país, se sumarán todas aquellas que sean solicitadas para ir por un lugar en el Senado, en la Cámara de Diputados, en un congreso local o en un ayuntamiento.
Rechazo ciudadano
El chapulineo es una actividad que ha sido criticada y rechazada por los electores.
Una encuesta de Mitofsky del 2015 señaló que el 91 por ciento de las personas están por obligar a los políticos a terminar un periodo de mandato o una Legislatura antes de que puedan inscribirse para participar en otro periodo electoral.
Apenas un 9 por ciento manifestó que sí se debería permitir a un político renunciar a su cargo para buscar otro.
Esta situación ha llevado a que organismos empresariales y ciudadanos armen campañas contra los políticos chapulines.
En 2012, en Nuevo León, el Colectivo Antichapulinazo presentó recursos legales contra Ivonne Álvarez y Fernando Larrazábal, entonces alcaldes de Guadalupe y Monterrey, por haber pedido licencia para buscar otro cargo. Los inconformes pedían se respetara su derecho a ser representados por los tres años que duraba el puesto
Uno de los esfuerzos más consistentes es el que se ha realizado en Nuevo León, donde un grupo de organizaciones civiles ha llevado, desde hace varios años, una lucha contra el chapulineo.
Apenas en octubre pasado, grupos como Vertebra, Castores A.C., Fundación Conexus o Avance por los Derechos de México recordaron el tiempo en que “El Bronco” repudiaba el chapulineo y pidieron que si se iba para buscar la candidatura presidencial independiente, lo hiciera de forma definitiva.
En 2012, en Nuevo León, el movimiento contra los políticos chapulines pasó de los dichos a los hechos, cuando el llamado Colectivo Antichapulinazo presentó recursos legales contra Ivonne Álvarez y Fernando Larrazábal, entonces alcaldes de Guadalupe y Monterrey, por haber pedido licencia para buscar otro cargo.
Los inconformes se ampararon pidiendo que se respetara su derecho a ser representados por los tres años que duraba el cargo.
Un tribunal en materia administrativa les dio la razón en el caso de Álvarez, a quien se le revocó la licencia y se le ordenó cumplir su mandato.
Ella no cumplió la sentencia y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo atrajo en mayo del 2012; en septiembre de ese año, ella tomó protesta como senadora por Nuevo León y, en 2015, fue candidata del PRI a la gubernatura del estado.
El caso de Larrazábal también fue resuelto por un tribunal que determinó que debía volver a Monterrey a concluir su encargo como alcalde.
No llegó a la SCJN pero sí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó sí dar la licencia y proteger su derecho a ser electo.
Hoy Álvarez todavía es senadora del PRI y Larrazábal fue diputado federal del PAN en la LXII Legislatura, del 2012 al 2015.
A las licencias para buscar los cargos más importantes en los estados del país se sumarán las que sean solicitadas para ir por un lugar en el Senado, en la Cámara de Diputados, en un congreso local o en un ayuntamiento
Además de estos recursos legales, otros esfuerzos por combatir la práctica del chapulineo han incluido la presentación de iniciativas en congresos locales para prohibirla.
