Tenía razón

Cuando José Manuel Mireles intentó avanzar sobre los municipios costeros de Michoacán para ir contra las células de Los Caballeros Templarios que aún seguían operando en esa zona, fue catalogado como “un loco” por los asesores del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. 

Hubo nerviosismo en la cúpula federal y se ordenó la inmediata anulación del fundador de los grupos de autodefensa.

Los informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) apuntaban que en la zona de Lázaro Cárdenas no había células actuantes del crimen organizado, las que insistían en perseguir los grupos de autodefensa. 

“No hay vestigios de actividad criminal en el puerto, ni en los municipios costeros”, subrayaba el informe que llegó a las manos del secretario de Gobernación.

Por eso, el estado decidió ir contra el fundador de los grupos de civiles armados. La decisión de encarcelar a Mireles surgió en el momento en que advirtió que tomaría el puerto de Lázaro Cárdenas y toda la zona costera del estado.

El líder de los autodefensas aseguró que sus informes apuntaban hacia una intensa actividad criminal en esa parte de Michoacán, donde los sicarios actuaban en completa impunidad y hasta con tolerancia de las autoridades locales y estatales.

El tiempo le dio la razón.

Casi ocho meses después del intento de toma al puerto michoacano -ya sin la oposición del que fuera comisionado para la seguridad del estado, Alfredo Castillo-, Fuerzas Federales al mando del General Felipe Gurrola ingresaron a la franja costera de la entidad. Encontraron un paraíso intocado del crimen organizado.

El operativo –diseñado en base a datos obtenidos de los grupos de autodefensa que siguen actuantes en la entidad- logró el decomiso de 62 inmuebles propiedad de integrantes del grupo criminal, que presuntamente eran utilizados para diversas actividades delictivas. 

Ese es el golpe más fuerte a la estructura financiera del cartel michoacano en los últimos ocho meses.

De acuerdo a los datos que inicialmente proporcionaron los grupos de autodefensa a las Fuerzas Federales que ingresaron al estado con el Plan Michoacán, la mayoría de los jefes de plaza del cártel de Los Caballeros Templarios invertían su ilícitas ganancias principalmente en bienes raíces, no en las operaciones financieras ni en la supuesta compra de dólares u oro sobre las que se había desplegado una unidad de inteligencia de la SHCP.

Lo sabían

Desde febrero del 2014, un grupo de inteligencia de las autodefensas habría entregado al Gobierno Federal una lista con la ubicación de las propiedades de los principales jefes del cártel michoacano, detallando el sitio geográfico, la forma de procedencia y hasta el valor estimado del inmueble. 

Se remarcó con rojo –dijo un autodefensa- aquellos lugares en donde se habían cometido delitos, pero se hizo hincapié en que el crimen organizado optaba por invertir “a la segura” en bienes raíces.

Luego de ver que el Gobierno Federal no se decidía a ir contra la estructura financiera del cártel michoacano, Mireles insistió en avanzar sobre los municipios en donde las propiedades de los jefes de plaza eran de todos los vecinos conocidas. 

El convencimiento general que existe entre los hombres que se mantienen alzados y en armas en los municipios del sur de Michoacán, es que a Mireles se le negó el trofeo que significaba para el movimiento de las autodefensas el decomiso de las propiedades del crimen organizado en la zona costera del estado.

Reparan la omisión

El operativo en la costa michoacana, donde también participaron las policías estatales del gobernador Salvador Jara, en realidad se diseñó con información que la Federación mantenía en su poder desde hace más de 8 meses, cuando los grupos de autodefensa de José Manuel Mireles indicaron las propiedades desde donde actuaban las células delictivas.

No se sabe de manera oficial las causas por las que las Fuerzas Federales dilataron casi un año para entrar a las zonas señaladas por los autodefensas como los puntos de organización y del cartel michoacano, pero la irrupción en la zona costera ha redituado logística y mediáticamente al Plan Michoacán.

Tras el despliegue en la zona de la costa, el que se centró en los municipios de Aquila y Coahuayana, se logró el aseguramiento de cuatro hoteles, tres complejos turísticos en zona de playa, dos centros de espectáculos, una hacienda, dos estaciones de servicio de gasolina, tres ranchos, una huerta platanera, terrenos, casas habitación y residencias de lujo, algunas de ellas con albercas, sótanos y compartimientos secretos de diferentes dimensiones. 

También se decomisó un hato de 100 cabezas de ganado de distintas razas.

Trascendió que varios de los inmuebles sobre los que ya actúa el Servicio de Administración de Bienes Asegurados de SHCP fueron despojados entre los años del 2009 al 2011 por el crimen organizado a sus legítimos propietarios, algunos de los cuales fueron secuestrados y posteriormente ejecutados. De ello siempre tuvo conocimiento la Procuraduría de Justicia de la entidad.

Tras el operativo, también fueron detenidas ocho personas que al parecer colaboraban con las células del crimen organizado en la zona, algunas de la cuales habían solicitado ingresar a la policía estatal y otras más intentaron formar parte de los grupos de autodefensa en el municipio de Aquila, con la intención de infiltrar el movimiento armado que se alzó contra la delincuencia. A los detenidos se les incautó droga y equipo de radio comunicación.

El monto de lo incautado en bienes inmuebles se estima entre los 800 a los mil millones de pesos, donde –apuntan los informes de los grupos de autodefensa- estaban invertidas las utilidades de diversos líderes del cartel que siguen operando en la zona, tras el bajo perfil al que se han obligado desde el surgimiento del grupo civil armado.

El bastión de Los Templarios

Mireles señaló estos municipios como los principales bastiones económicos

> Aquila
> Coahuayana
> Chinicuila
> Aguililla
> Coalcomán 

Vuelven al origen

Habitantes de la comunidad indígena de Sevina, en Michoacán mantienen un bloqueo por la tala ilegal que se realiza en la zona.

Esta fue la principal razón por la que los civiles se levantaron en armas en 2012.

Alrededor de 700 hectáreas de bosque han sido devastadas. 

Por esto, la comunidad indígena se dispone a presentar una denuncia ante el Registro Agrario y el Gobierno del Estado.