La elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2019 será la oportunidad para que el gobierno electo termine con “la industria de los moches” que se institucionalizó en la actual administración.
En su estudio “La negociación política del presupuesto 1997- 2018”, la consultora Integralia señala que, durante todos esos años el dinero público fue usado por el poder para intercambiar recursos y prerrogativas por votos.
Presentado ayer por el presidente de la consultora Luis Carlos Ugalde, el estudio señala que la principal fuente de corrupción en este sexenio estuvo en el Ramo 23, donde se crearon diversos fondos que eran un cheque en blanco para que diputados etiquetaran recursos o para que el gobierno federal negociara apoyos con gobiernos estatales.
La bolsa de recursos que puede negociarse es apenas del 10 por ciento del presupuesto total; y aunque pareciera poco, se trata de cientos de millones de pesos que se prestan al manejo político.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha anunciado que en la construcción del Presupuesto de Egresos del 2019 se procurará eliminar o endurecer el Ramo 23 para evitar el manejo político del erario.
La consultora Integralia asegura que del Ramo 23 los diputados etiquetaron recursos directamente o el gobierno federal negoció apoyos con gobiernos estatales
Para esto, la Comisión de Presupuesto, presidida por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, convocará a una Convención Nacional Hacendaria para definir nuevamente las reglas para entregar dinero público a los estados.
Dinero por votos
La negociación del PEF sucede exclusivamente en la Cámara de Diputados, única facultada para discutir y modificar el proyecto que es enviado desde el Ejecutivo.
Antes del 2012, las negociaciones sobre la asignación del dinero público eran hechas entre los legisladores y los gobernadores de los estados; sin embargo, en el primer ejercicio del presidente Enrique Peña Nieto, las cosas cambiaron.
La firma del Pacto por México, convocado por Peña Nieto y signado por los presidentes del PRI, el PAN, el PRD y el PVEM, para impulsar las reformas estructurales, significó el cambio en las reglas para la negociación del Presupuesto, que a partir de entonces ya no se hizo con los gobernadores, sino con los presidentes de los partidos políticos.
El estudio de Integralia señala que tan pronto como se firmó el Pacto por México se propuso la creación de una serie de fondos en el Ramo 23 para pavimentación, así como infraestructura deportiva y cultural y para el desarrollo regional.
A través de este Fondo se asignarían anualmente grandes cantidades de dinero a los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados para distribuirlos, a su vez, entre todos los legisladores. Así, el monto total a los que cada coordinación parlamentaria accedía, estaría determinado por el número de diputados de su bancada”, expone el estudio.
81 mil
El monto de esos fondos oscilaba entre 10 mil y 20 mil millones de pesos. Esto es, cada diputado de la 62 Legislatura pudo tener a su disposición una bolsa de entre 18 y 30 millones de pesos entre el 2012 y el 2015. Este dinero se etiquetaba por los diputados de forma totalmente discrecional.
“La premura del presidente Peña Nieto para sacar adelante las reformas estructurales lo llevó a conceder en materia presupuestaria a cambio de contar con los votos de la oposición.
“Asimismo, esa urgencia política podría haber sido el factor que llevó al gobierno a aceptar la creación de fondos de libre asignación para repartirse por diputado y de esa manera ejercer una suerte de pago político a cambio de la aquiescencia activa o pasiva del Congreso para las reformas del Pacto por México”, apunta el análisis de Integralia.
Estos fondos de libre asignación crearon lo que la consultora llama “industria de los moches”, en la que se ventilaron escándalos de que diputados cobraban comisiones a municipios para bajar recursos federales hacia sus localidades.
Integralia recomendó a los diputados dar seguimiento trimestral al ejercicio del gasto y no solo revisarlo al momento de su aprobación
Una vez que se aprobaron las reformas estructurales en la 62 Legislatura (2012-2015), para la Legislatura 63 (2015-2018) continuó la asignación de bolsas millonarias para el reparto discrecional, con la diferencia que se creó un solo fondo, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).
“Los diputados entrevistados coinciden en que, a lo largo de esta legislatura, la asignación de esos recursos tuvo un efecto corruptor como antes y que la lógica de la desaparición de los tres fondos y la creación del Fortalece no cambió nada de fondo”, indica el análisis.
Los coordinadores de cada bancada se organizaron de forma distinta para “repartir” el dinero entre sus legisladores.
Integralia señala que en entrevistas con legisladores, estos revelaron que el PRD —liderado por Francisco Martínez Neri— decidió repartir la bolsa de forma democrática, dando la misma cantidad a cada uno de sus diputados. El PRI —liderado por César Camacho Quiroz— los repartió de acuerdo a la disciplina mostrada por cada uno de sus diputados; a más disciplinado y leal, mayor cantidad de recursos. En el PAN —liderado por Marko Cortés— el coordinador tuvo en su control el reparto de recursos, que fue poco clara.
El aumento en recursos del Ramo 23 fue exponencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mientras que en el 2012 se etiquetaron 81 mil millones de pesos, en el 2018 fueron 156 mil millones.
406 mil
Sin embargo, el dinero ejercido fue muy superior al planeado. En 2017, por ejemplo, se habían aprobado 138 mil millones de pesos, pero se acabaron ejerciendo 406 mil millones, un incremento del 293 por ciento.
El reto de Morena
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de realizar una construcción del PEF distinta, que haga un primer avance para erradicar las malas prácticas con el dinero público.
Integralia ofreció una serie de recomendaciones a los diputados de la 64 Legislatura para lograr no solo eficientar el gasto, sino eliminar la opacidad y discrecionalidad en el manejo del dinero público.
La firma consultora recomendó que se establezca en la ley la obligación de justificar las asignaciones presupuestarias tomando en consideración las evaluaciones a las que el Estado tenga acceso.
También que antes de asignar recursos a los estados se pida un informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las observaciones que no estén solventadas; y establecer que a más observaciones sin resolver, menos recursos para esas entidades.
Los expertos pidieron a la Cámara de Diputados no abandonar el PEF al aprobarlo, sino realizar evaluaciones trimestrales para analizar el ejercicio del gasto.
Además, se recomienda que se dé un impulso mayor al Sistema de Evaluación de Desempeño, para establecer metas en la asignación y verificar su cumplimiento; así como no permitir que los diputados etiqueten recursos de manera discrecional.
En la Cámara de Diputados, Morena tiene la oportunidad de erradicar las malas prácticas con el dinero público al elaborar el PEF para el año entrante
El PEF 2019 es construido ya por miembros del actual gobierno, pero con la participación activa de los miembros del gobierno electo, pues se trata del presupuesto para el primer año de ejercicio de Andrés Manuel López Obrador.
