Terralta y su deuda con Hacienda

El fisco sería el primero en una larga fila de acreedores que esperan su dinero del proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta.

El crédito fiscal de más de 90 millones de pesos que Inmobiliaria Terralta adquirió con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) podría ser su primera deuda por pagar, en caso de que se compruebe que hubo un fraude de acreedores.

Este planteamiento proviene de Roberto Barquera, el síndico a quien le fueron conferidos los poderes y facultades sobre la inmobiliaria, después de que fue declarada en quiebra.

La Ley de Concursos Mercantiles detalla que los primeros créditos que se cobran son los fiscales y laborales, le siguen los hipotecarios, los prendarios y finalmente los de los acreedores comunes.

En este orden de ideas, según Barquera, el primer crédito a cobrar sería el de 90 millones de pesos que se debe al fisco y después los de los acreedores comunes de Inmobiliaria Terralta.

“Sería, en caso de que se decrete que el acto fue realizado en fraude de acreedores, el Sistema de Administración Tributaria el que cobraría primero”, asegura en entrevista para Reporte Indigo.

El abogado señala que se favoreció a D’Capital Consultores cuando fue adquirida la deuda que tenía Inmobiliaria Terralta por José Gómez Cañibe, quien creó Terralta Dos.

Esto se debe a que el empresario compró a la fiadora la deuda y adquirió en dación de pago 227 hectáreas de tierras de Inmobiliaria Terralta, valuadas en 8.4 millones de dólares.

Estas terrenos ascienden en realidad a más de 127 millones de dólares, como declaró a Reporte Indigo el abogado defensor de uno de los acreedores, Valdemar Martínez Garza.

Barquera dice que por esta razón no se cumplió el principio par conditio creditorium, una designación latina que se refiere a la igualdad de condiciones para el pago de todos los acreedores.

“(El principio) busca que, precisamente para evitar que se favorezca a uno o un grupo de acreedores, a todos se les trate igual y lo que quede que se divida por partes iguales, cosa que en este caso es claro que no sucedió”, explica.

El 11 de julio de 2011 se dictó sentencia para declarar en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta, pero los acreedores exigieron cancelar esta operación, en la que se transmitieron los bienes de una empresa a otra.

De tal forma que el pasado 28 de febrero, el acreedor Martín Gerardo Gallardo Hernández solicitó modificar la fecha de retroacción de la sentencia del concurso mercantil del 18 de octubre de 2010 y la movió para el 21 de abril del mismo año.

Así que la dación de pago de las tierras que se hizo el 21 de julio de 2010 quedó dentro de la fecha de retroacción. Por esta modificación, Barquera apunta a un posible fraude de acreedores.

“Dicho acto no tiene validez y se debe retrotraer sus efectos, es decir, debe de regresar el inmueble de Terralta Dos a Inmobiliaria Terralta”, dice.

“Con lo cual, los actos llevados a cabo entre el 21 de abril de 2010 y la sentencia de quiebra se presumen actos realizados en fraude de acreedores”.

El síndico informa que Roel Cavazos Morales, otro de los acreedores de Inmobiliaria Terralta, solicitó declarar ineficaz esta operación.

Barquera asegura que las modificaciones presumen actos en fraude de acreedores, de acuerdo con los artículos 113 y 114 de la Ley de Concursos Mercantiles.