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México posee unas 240 islas con una riqueza natural que no han sido exploradas y de las que ni siquiera se cuenta con un registro puntual.
Esta situación genera un vacío de información de un bien nacional que constituye parte importante del territorio.
En 1931 el rey Víctor Manuel de Italia acató las órdenes de Benito Mussolini y le otorgó a Francia la soberanía de la isla Clipperton, un pequeño atolón coralino situado en el Océano Pacífico, a unos mil 300 kilómetros al suroeste de Acapulco, en la costa mexicana.
México llevaba catorce años sin poner un pie allí, por lo que no hubo disputas y gracias a la distracción administrativa, en 1934 la Isla de la Pasión –como la rebautizaron los franceses- fue borrada de la Constitución Mexicana.
El tema de estas islas olvidadas ha sido abordado en el Senado más de una vez.
En el 2010, el entonces senador del PAN, Luis Alberto Coppola Joffroy, remarcó la necesidad de que el Congreso interviniera y solicitara al Gobierno Federal elaborar un catálogo general del territorio insular mexicano, para remitir a ese órgano legislativo un informe sobre la situación jurídica de cada isla.
La petición, aseguró Coppola Joffroy, la había realizado desde el 2007.
En ese año, el senador denunció que – a pesar de ser de jurisdicción federal- algunos gobiernos estatales y municipales pretendían administrar y hasta vender islas que se encontraban en sus litorales.
Puso como ejemplo a Narciso Agúndez Montaño, en ese entonces gobernador de Baja California Sur, quien había pedido al Congreso local que le autorizara “promocionar, licitar y en su caso, enajenar, a título oneroso, una fracción del predio Punta Belcher, en la isla Bahía Magdalena, frente al municipio de Comundú”.
El artículo 48 constitucional dice que las islas dependen de la Federación, excepto las que hasta la fecha de la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, hayan ejercido su jurisdicción los estados.
Ello significa que los estados costeros que pretenden retener alguna isla, deberán demostrar que, además de contemplarlas en su legislación, han aplicado el derecho local en los territorios insulares.
La única que tiene ese estatuto jurídico es la isla del Carmen, Campeche, mismo que le concedió en abril de 1863 el entonces presidente Benito Juárez.
La semana pasada, el senador del PAN Francisco Salvador López Brito regresó el tema al Senado.
El legislador exhortó al presidente de la República para que, a través de las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública, remitan el inventario actual y el status jurídico del territorio nacional comprendido por las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes.
Ya en el 2010, Coppola Joffroy había solicitado al Inegi un informe sobre cuántas de las 240 islas mexicanas están en manos de particulares.
“Contar con registro fidedigno de islas y archipiélagos permitiría generar proyectos sustentables para esa otra parte de nuestro territorio que no hemos explorado”, argumentaba Coppola Joffroy.
Haber descuidado la isla Clipperton hizo que en 1931 Francia se quedara con ella. En 2005 se suscitó un conflicto entre ambas naciones, cuando un buque galo detuvo a la embarcación atunera mexicana Arkos I. Chiapas, porque se encontraba en aguas de jurisdicción francesa.
Dos años duraron las negociaciones entre los gobiernos de México y Francia, y en marzo de 2007 se concedieron licencias gratuitas para que las embarcaciones mexicanas pescaran en junto a Clipperton, región de la que se obtiene de 20 a 30 por ciento de las capturas nacionales de atún.
En su solicitud, López Brito indicó que con todo y los antecedentes y las pérdidas históricas que ha dejado la apatía en este tema, actualmente se mantiene un desinterés colectivo sobre las islas mexicanas.
Esto, aseguró, pone en riesgo, no solo el control y la conservación natural de estos territorios para beneficio del país, sino la propia unidad territorial y soberanía del Estado mexicano.