Tlalpan y el tráfico de agua en la pandemia
En Tlalpan, la pandemia ha agudizado el robo de agua por parte de particulares que se aprovechan de la necesidad de las personas para vender las pipas hasta en 3 mil 500 pesos; afectados acusan omisión de las autoridades
David MartínezEn la alcaldía Tlalpan, la pandemia por Covid-19 ha desatado el robo y la venta irregular de agua.
La problemática viola el derecho humano al agua de los habitantes de la demarcación, pues piperos sustraen hasta 20 mil litros sin permiso de un pozo de la comunidad y la venden entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos, acusan los afectados.
Más cuando debería ser gratis en una situación de pandemia que exige medidas de higiene como el lavado continuo de manos, señalan los denunciantes.
La asociación de Vecinos Participativos de Fuentes del Pedregal informa que desde el 2019, las pipas llegan a la garza abastecedora del pozo de la localidad sin contar con un permiso, una lona o un identificador de que sean parte del programa de estiaje del Gobierno de la Ciudad de México.
Los piperos tienen una actitud hostil, son groseros con la gente, no tienen permisos para sacar agua de la garza y la dejan derramar, afirma Julima Cardona, fundadora de Vecinos Participativos de Fuentes del Pedregal.
La situación se agravó a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19, declarada el 23 de marzo pasado.
Actualmente, Cardona denuncia que los piperos van hasta 5 veces a la semana a llenar pipas de 20 mil litros.
Son pipas sin lonas, a veces dañan la garza del pozo, dejan tiradas las tapas o van en la madrugada, eso quiere decir que están robando agua
La asociación también informa que el agua de los vehículos cisterna es vendida hasta en 3 mil 500 pesos en colonias como Héroes de Padierna.
Sin embargo, esta situación no solo ocurre en Tlalpan. El 27 de febrero de 2020, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso local, Guadalupe Aguilar Solache, presentó una iniciativa de reforma para imponer penas de 3 a 9 años de prisión a quienes roben agua.
El argumento de la iniciativa es la crisis hídrica de la capital que afecta a 2 millones de personas en las alcaldías de Magdalena Contreras, Iztapalapa y Milpa Alta. Situación que particulares aprovechan para extraer agua de manera irregular y venderla en pipas con un costo de hasta 5 mil pesos.
Durante la exposición de la propuesta, la legisladora informó que, de acuerdo con cifras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en 2019 se denunciaron 194 tomas clandestinas del líquido relacionadas con la instalación de válvulas en la red de agua, alteración o violación de la infraestructura externa e incluso bombas de succión en domicilios particulares.
Denuncia obstaculizada en Tlalpan
Cardona explica que antes de la pandemia bastaba con avisar a la policía para que acudiera a vigilar.
Pero en cuanto se declaró la pandemia del Covid-19 y llegaron camiones cisterna con más frecuencia, se hizo más difícil que se atendiera la situación.
Los vecinos consideraron que se podían exponer a un riesgo de contagio del coronavirus si acudían a denunciar a un Ministerio Público de Fiscalía General de la ciudad; y en su portal electrónico, no se pueden iniciar carpetas de investigación por todos los delitos.
Por ello, buscaron directamente al secretario particular de la jefatura de Gobierno, Carlos Ulloa, a quien conocen desde que colaboró con la mandataria local, Claudia Sheinbaum, cuando era jefa delegacional en Tlalpan, relata Cardona.
Ulloa es el encargado de remitir y canalizar las demandas ciudadanas realizadas a la jefatura de Gobierno a las diversas dependencias.
La vecina de Fuentes del Pedregal menciona que en este caso, Ulloa encargó a uno de sus colaboradores, Alan Aizpuru, que atendiera el tema.
Fue el 10 de abril, cuando Aizpuru, cuyo cargo dentro del equipo del secretario no especificó, se comprometió vía telefónica a tener más control sobre los horarios y vigilancia de las pipas que van al pozo.
“Yo le pedí a Aizpuru que me mandara audios con los compromisos porque ahora es imposible que salgamos y nos reunamos o firmemos algún papel”, señala.
A pesar de esto, la problemática continuó y el 2 de mayo, relata Cardona, llegó una pipa de 20 mil litros sin lona del programa de estiaje a llevarse agua del pozo.
Cardona llamó a Aizpuru para avisarle lo que pasaba pero el funcionario no hizo caso e incluso amenazó con detener a un vecino que fue a pedir a los piperos los permisos, dice la mujer.
“Me contestó muy enojado, le avisamos que un vecino fue a pedir los permisos y me dijo que ‘cuando se rompe la ley, se rompe la negociación’ y me empezó a decir que iba a mandar una patrulla por mi vecino. No sabemos por qué nos dijo que habíamos roto la ley”, señala.
Del 2 de mayo al 4 de junio, cuando Julima Cardona subió un video a las redes sociales de la fundación contando el problema, no hubo comunicación.
Carlos Ulloa se puso en contacto con Cardona hasta el 4 junio, después de que subiera el video, y vía telefónica el funcionario prometió revisar la situación del pozo y lo sucedido con Aizpuru pero hasta el momento el robo continúa.
“Seguimos esperando una respuesta porque nosotros siempre hemos apoyado y nos hemos unido a las autoridades en los programas, lo único que pedimos es más control de las pipas, para que no lucren con el derecho al agua, algo que en esta pandemia es vital”, explica.
Reporte Índigo solicitó a Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno información sobre la situación del pozo y el seguimiento que ha dado Alan Aizpiru al caso pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
