Todo contra ellas
En el marco del Día Internacional de la Mujer el dictamen contra la violencia política por razón de género no ha sido ratificado por el Congreso de la Unión, donde permanece durmiendo el sueño de los justos desde hace más de un año dando cabida a que este tipo de agresiones sigan aumentando sin ser castigadas
Eduardo Buendia[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_ootse0l4″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La violencia política contra las mujeres se agrava en México. A los diversos tipos de discriminación y agresiones que vive nuestro país se suma este fenómeno que atenta contra el derecho fundamental de participar en la vida pública de México.
Tal es la violencia política en contra de las mujeres, sólo por el simple hecho de serlo, que las autoridades electorales junto con otras dependencias del gobierno se vieron obligadas a crear el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género, un documento ‘sui generis’ para detallar en qué consiste este tipo de violencia y promover su erradicación.
El protocolo señala que “busca responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia”. También tiene como fin que las mujeres puedan identificar qué es y qué no es violencia política en razón de género y con ello tengan una guía para saber a qué autoridades pueden acudir en caso de ser blanco de este tipo de ataques.
Las renuncias manipuladas, la limitación de la libertad de expresión o las agresiones físicas son algunas formas de violencia política
“Las instancias que integramos este protocolo empezamos a conocer de casos de mujeres que ya en el ejercicio del cargo, en campaña o previamente como militantes de un partido político, viven situaciones en donde ven vulnerados sus derechos, pero con cuestiones que están vinculadas con el género (…) entonces se decidió hacer este protocolo”, explica Mónica Maccise Duayhe, directora de la unidad técnica de igualdad de género del INE.
En el marco del Día Internacional de la Mujer y ante la ausencia de normas que atiendan la violencia de género contra las mujeres en la política, el documento detalla que desde el 2012 se han presentado en el Congreso al menos 13 iniciativas para regular esta situación. Sin embargo, hasta el momento ninguna ha sido aprobada.
El último precedente en iniciativas para regular en distintos ordenamientos la violencia política en contra del género femenino se encuentra en un dictamen que el Senado aprobó el 9 de marzo del 2017.
Dicho dictamen propone reformar las leyes de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la de Instituciones y la General de los partidos políticos y la general en materia de delitos electorales, entre otras, y ya fue enviado a la Cámara de Diputados, donde hasta la fecha no ha sido ratificado.
La práctica de la violencia política en contra de la mujer se da en forma de renuncias manipuladas o forzadas una vez que son electas; cuando son víctimas de presión, bloqueo u obstaculización en el desempeño de sus labores; con limitaciones en su ejercicio de la libertad de expresión; al difamarlas o calumniarlas a través de los medios de comunicación; con agresiones físicas, dominación económica en el plano doméstico y político o en forma de persecución a familiares o seguidores y seguidoras, de acuerdo con el protocolo para la atención de esta tipificación de violencia.
“En el ámbito de la política se viven permanentemente situaciones de conflicto de debate y eso es normal. Ahora, la violencia política ejercida tanto en hombres como en mujeres es reprobable. Pero hay un tipo de violencia política que consiste en actos u omisiones, que basadas en elementos de género, pueden tener por objeto vulnerar los derechos político-electorales de las mujeres”, agrega Mónica Maccise.
“Nunca me imaginé que llegaran a ese grado”
El 23 de febrero, unos minutos antes de las dos de la tarde, una decena de hombres entraron a la oficina de Yareli Cariño López, síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
La funcionaria, quien se encontraba acompañada de su hermana, fue agredida a golpes y verbalmente. Este sólo fue el último episodio de violencia política en razón de género que ha sufrido desde hace más de un año.
Cariño López asegura que su vida estuvo en peligro esa tarde como en muchas otras desde que asumió el cargo; pero ese día en especial pensó que sería el último…pensó que la iban a matar.
Al asumir el puesto como síndica procuradora, el diputado local y expresidente municipal de Pinotepa Nacional, Tomás Basaldú Gutiérrez, condicionó a Yareli Cariño a dejarla ejercer su cargo a cambio de mantener una relación sentimental con él
De no haber sido por un radio comunicador con el que intentó pedir auxilio a la policía, asegura que ya no estaría con vida.
“Nunca me imaginé que llegaran a ese grado. Los grabé. Iban molestos todos y uno de ellos se abalanzó contra mí y me dio un manotazo en la cara. Yo que tengo un radio móvil pedí a la policía municipal y estatal que me prestaran auxilio. Creo que cuando ellos escucharon que pedía el apoyo se asustaron. Entonces optaron por retirarse”, recuerda Yareli Cariño.
La funcionaria señala que desde que asumió su cargo como síndica municipal el 1 de enero de 2017, la violencia política sólo por su condición de mujer no se hizo esperar.
Un día después de haber tomado protesta, durante la primera sesión ordinaria de cabildos, el presidente municipal Guillermo García Cajero decidió destituirla sin motivo alguno y la reasignó como regidora de Desarrollo, un cargo que no existía hasta ese momento en el municipio.
Yareli Cariño asegura que a partir de ahí la violencia política se dio de varias formas y de manera gradual.
En una ocasión, al asumir el cargo como síndica procuradora, el diputado local y expresidente municipal de Pinotepa Nacional, Tomás Basaldú Gutiérrez, la condicionó a dejarla ejercer su cargo a cambio de que mantuviera una relación sentimental con él.
“Yo me negué y nunca creí que él tuviera decisión sobre del municipio. Entonces le dije al actual presidente municipal lo que estaba pasando y tampoco le dio importancia”, apunta Cariño López, quien agrega que tras esa negación llegaron la destitución y luego las amenazas.
Al no tener un sustento suficiente, la destitución de Yareli Cariño como síndica procuradora de su municipio, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) aprobó su reinstalación en el cargo en febrero de 2017, luego de haber denunciado hostigamiento y vejación.
A pesar de haber sido restituida en su lugar de trabajo, Cariño López afirma que desde ese momento inició otra pesadilla.
“No me hablan, no me toman en cuenta, no me citan a las reuniones en que se aplica el recurso y más comisiones de las que supuestamente formo parte como la de Obras, Seguridad y Hacienda”, agrega.
Esta omisión de integrar a Yareli Cariño en las tareas en las que por su cargo debe participar también son un tipo de violencia. Sostiene que este maltrato tiene como propósito principal que renuncie a su puesto. Asimismo, asume que en el municipio que labora los hombres son los que toman las decisiones más importantes y las mujeres no son tan activas en la política por el temor a ser discriminadas.
“Las decisiones más importantes del municipio las toman entre hombres; ellos siempre se encuentran en las reuniones y definen el cómo, el cuándo y a qué hora, mientras que las mujeres firman por firmar; no son personas que tengan decisión propia, sino que les ordenan firmar y punto”
Derivado de las constantes agresiones, las autoridades oaxaqueñas determinaron que la vida de la funcionaria se encontraba en peligro, por lo que actualmente cuenta con seguridad en todo momento como medida de protección.
Es por ello que siempre se encuentra acompañada de un agente de seguridad durante los trayectos de su casa a su oficina y viceversa, con el fin de que se detengan los ataques.
Yareli Cariño ha señalado al actual presidente municipal y al diputado Basaldú Gutiérrez, ambos perredistas, como probables responsables de las amenazas, limitaciones y ataques ordenados, como el que ocurrió el 23 de febrero.
Aún con la situación que ha atravesado, asegura que no renunciará al puesto ni a su derecho político de ejercer el cargo de síndica procuradora, aunque también admite que siente temor.
“No sería un buen ejemplo si me retirara. Hay mucho riesgo a pesar de que se me dio la seguridad como medida cautelar. A veces uno pone en una balanza qué es lo mejor y pienso en mi hijo y en mi familia. Es no debería ser el costo que uno tiene que pagar por tratar de estar en la política.
No sé hasta dónde piensan llegar, la verdad sí me da miedo, pero mientras tenga el respaldo de los colectivos, de la Secretaría de la Mujer y de la Fiscalía, entre otras, pues yo creo que puedo seguir avanzando”, indica Cariño López.
Víctima de las redes sociales
Patricia Azcagorta, precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano asegura que el video erótico al que la vincularon unas horas después de anunciar que buscaría competir por ese cargo, tuvo un objetivo claro: desprestigiar su imagen utilizando el estereotipo de las mujeres relacionado con la sexualidad.
“La violencia política existe para todos. Si nos fijamos, los candidatos siempre están tratando de descalificarse unos a otros. Pero a nosotras sí se nos vincula más hacia la sexualidad. Además de que se afirma que las mujeres no podemos porque debemos estar en casa. Quieren dar a creer a la gente que somos incapaces para poder participar en política o para hacer bien nuestro trabajo”, comenta Azcagorta.
Luego de que un video donde supuestamente se ve a Patricia Azcagorta desnudándose se viralizara en internet, la precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, negó ser la persona que aparece en la grabación
De acuerdo con el protocolo creado por el TEPJF, el INE y demás organismos, la violencia sexual se define como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que, por esa razón, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
La precandidata dice que ella sabía que iba a ser blanco de algún tipo de violencia, aunque no esperaba que fuera de esa forma: a través de un video que se compartió en redes sociales.
“Cuando dije ‘quiero participar’, yo ya sabía que iba a recibir algún tipo de violencia. Porque yo ya sé cómo se maneja esto de la política, que en lo personal, no me gusta. Siento que en lugar de mostrar nuestras capacidades, estamos descalificando al participante. Entonces estoy consciente de que se pueden poner peor las cosas”, agrega la aspirante de Movimiento Ciudadano.
Luego de que el video con el que se vinculó a la precandidata se viralizara en internet, Patricia Azcagorta negó ser la persona que aparece en la grabación. Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano de la entidad sonorense condenó la violencia política de la que fue víctima su integrante.
Tras este hecho, Patricia Azcagorta, su partido político y la organización Mujeres en Movimiento denunciaron su caso ante el Instituto Estatal Electoral de Sonora y ante el INE.
La precandidata asegura que pese a esta agresión, ella no dejará de buscar la candidatura y eventualmente la Alcaldía; añade que las mujeres necesitan integrarse más en la política, ahora que las leyes comienzan a favorecerlas
“En Caborca, como en otras partes, hay muy poca participación de las mujeres (…) lo único que falta es que las mujeres levanten la mano y digan ‘yo sí quiero’. Porque pienso que las mujeres tienen la capacidad de ser servidoras públicas, por lo tanto deben dejar de sentir miedo y aventarse a participar”, comenta Azcagorta.
Normas estatales vs. violencia
Los estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Puebla no cuentan con la clasificación de violencia política contra las mujeres dentro de sus leyes.
Aunque en el Congreso se encuentra en pausa la reforma a las leyes para incluir el término violencia política en razón de género y regular su práctica, el 75 por ciento de las entidades ya han incluido en su legislación alguna consideración clasificando este tipo de ataques.
Por ejemplo, las entidades de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima y Sonora -entidad en la que Patricia Azcagorta busca una candidatura a una alcaldía-, cuentan con artículos constitucionales que prevén la práctica violenta en la esfera política contra el género femenino.
21 entidades cuentan con la clasificación de violencia política contra las mujeres dentro de sus leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y 18 más lo incluyen también en sus leyes electorales o de partidos políticos.
En contraste, los estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Puebla, son los que no cuentan con esta figura en ninguna de sus legislaciones.
“La violencia política existe para todos. Si nos fijamos, los candidatos siempre están tratando de descalificarse unos a otros. Pero a nosotras sí se nos vincula más hacia la sexualidad”
