Todo queda entre familia, Guajardo Cantú
Gerardo Guajardo Cantú fue contralor de Nuevo León sabiendo que su hermano, José Francisco Guajardo Cantú, junto con su sobrino y cuñada eran proveedores de la administración estatal a través de la empresa Guajardo y Asociados Constructora S.A de C.V.
Jesús PadillaEl extitular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, Gerardo Guajardo Cantú, tomó protesta el 3 de diciembre de 2019 en el Congreso local sabiendo que su hermano, José Francisco Guajardo Cantú, junto con su sobrino y cuñada eran proveedores de la administración estatal a través de la empresa Guajardo y Asociados Constructora S.A de C.V.
Documentos en poder de Reporte Índigo revelan que esta empresa tenía asignadas obras para la rehabilitación y mejoramiento de una unidad de desarrollo deportivo, pavimentación de varias calles y la ampliación de un centro comunitario. Un contrato fue por un monto de un millón 858 mil de pesos, otro por 11 millones 823 mil pesos y uno más por 9 millones 970 mil pesos.
Hasta antes de su renuncia, el 31 de agosto de 2020, Guajardo Cantú tenía la responsabilidad de inspeccionar el ejercicio del gasto 2019, o podrían ordenar revisiones, auditorías y verificaciones a esta empresa por los contratos, que vencían en 2018 y 2019 o podría incurrir en una falta administrativa.
60
“Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés”, menciona el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
El conflicto de interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los funcionarios en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
Silencio en nombramiento de Guajardo Cantú y renuncia
Diputados del Congreso de Nuevo León avalaron la designación de Gerardo Guajardo Cantú como secretario de la Contraloría del Estado pero la bancada de Movimiento Ciudadano y la independiente Claudia Tapia se pronunciaron en contra.
Con pancartas de #ParidadSinPretextos los legisladores emecistas y Tapia Castelo reclamaron que el nombramiento de Guajardo Cantú no cumplía con el principio de paridad de género. El diputado Horacio Tijerina calificó de fallida la propuesta del gobernador Jaime Rodríguez después de dos años de tener encargados del despacho en la oficina.
Guajardo Cantú participó como fundador en 2018 de la asociación civil de la Coalición Anticorrupción, filial del Consejo Cívico, a cargo de Sandrine Molinard. Dos de sus miembros, Daniel Butruille Ducancel y Salvador Benítez, ni siquiera se pronunciaron contra su nombramiento. En cambio, ambos han descalificado y criticado el proceso de selección para cubrir cuatro vacantes para el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Incluso, Benítez impugnó a través de un amparo el nombramiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC) por no quedar elegido.
Hace una semana, Guajardo Cantú anunció en conferencia de prensa virtual que dejaba su cargo. Con “El Bronco” acordó que su último día en funciones fuera el 31 de agosto.
“Hace algunas semanas le solicité al señor gobernador que tuviera a bien considerar mi renuncia al puesto de contralor por motivos personales, básicamente se refieren a atender mis actividades profesionales privadas”, leyó.
Testigos sociales abandonados
La renuncia de Gerardo Guajardo Cantú como contralor general de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León deja a la deriva la fiscalización del gasto para atender la pandemia por COVID-19.
Guajardo Cantú inició el 14 de julio la capacitación de 60 testigos sociales, quienes se acreditaron el 8 de agosto para ser los encargados de fiscalizar este gasto. Con su renuncia abandonó a su suerte a los ciudadanos a pesar de que les prometió que tendrían acceso a los montos de facturas e información de los proveedores.
En entrevista con Reporte Índigo, Alejandro Gómez Montemayor, un testigo social acreditado, menciona que Guajardo Cantú les aseguró que iban a fiscalizar este gasto por la pandemia de coronavirus, pero nunca cumplió con su compromiso.
Cuando terminamos el curso de capacitación para ser testigos sociales, en esa última sesión que tuvimos, Gerardo Guajardo, contralor en ese tiempo, nos felicitó por supuestamente estar graduados y nos señaló que, dentro de las primeras tareas que iba a haber para todos los testigos sociales que ya había y los nuevos, que íbamos a fiscalizar o revisar los gastos que se han erogado por el Gobierno del Estado para combatir lo del COVID-19 y es fecha que no hemos recibido nada de Contraloría
