Todos contra todos

En medio de la peor crisis de violencia en lo que va de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, el tema de la seguridad se ha convertido en objeto de disputa entre los diversos actores políticos de la entidad.

El enfrentamiento y el cruce de acusaciones por las políticas de seguridad, ya sea por la actuación de las autoridades o por las facultades de los distintos órdenes de gobierno han sido constantes en los últimos meses entre el gobierno del estado, el Congreso local, los mandos de seguridad y las autoridades municipales, mientras la seguridad se sigue deteriorando en Nuevo León

Según datos de la Fiscalía General del Estado, octubre del presente año fue el mes más violento del mandato independiente de Rodríguez Calderón. Diversas organizaciones como Semáforo Delictivo y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac) también advierten de la crisis que azota la entidad, pero la emergencia ha pasado a un segundo plano por el golpeteo político.

Esta semana en la sesión del martes en el Congreso local, la diputada Marlene Benvenutti -en nombre de la bancada panista solicitó al gobernador de Nuevo León que declare una Alerta de Seguridad en todo el Estado y al gobierno federal que refuerce la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad.

Durante la misma sesión, la morenista Claudia Tapia pidió al recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad, Aldo Fasci, no usar armas letales dentro de los penales estatales, una exigencia que también realizó la organización civil Cadhac, después de que el funcionario diera autorización a los elementos de Fuerza Civil para disparar en caso de amenaza.

Estos señalamientos desde el Congreso estatal hacia la administración de Rodríguez Calderón forman parte de una serie de desencuentros que involucran a funcionarios estatales, alcaldes, legisladores locales y organizaciones civiles.

La violencia y la criminalidad continúan en aumento. Mientras los principales actores políticos del estado sigan esta pelea, quienes pagarán las consecuencias son los ciudadanos.

Lo que se avecina para Fasci

Uno de los principales enfrentamientos que mantienen los legisladores locales y los municipios con el gobierno estatal es la posible reducción del Fondo de Seguridad Municipal para el próximo presupuesto de 2019 en la entidad.

La Secretaría de Finanzas de Nuevo León le planteó a los legisladores un incremento para el rubro de seguridad en general para el Paquete Fiscal 2019. Sin embargo, los municipios verían disminuidos sus recursos. De los 853 millones que se destinaron al Fondo de Seguridad para los Municipios en 2018, la propuesta es reducir la bolsa hasta los 500 millones de pesos.

El grupo parlamentario de Acción Nacional se ha posicionado para evitar que los municipios pierdan estos recursos destinados para la seguridad y, por su parte, Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada priista, ha calificado como inaceptable esta reducción ante la inseguridad que se vive en Nuevo León. La negociación por estos recursos es uno de los grandes obstáculos para el presupuesto del año entrante.

En tres años “El Bronco” ha tenido cuatro secretarios de Seguridad: Cuauhtémoc Antúnez, Arturo González, Bernardo González y ahora Aldo Fasci, el excandidato independiente a la alcaldía de Monterrey.

Bernardo González Garza, quien ahora preside el Concejo Municipal de Monterrey ante la ausencia de una autoridad legalmente constituida, fue removido del cargo anterior a principios de mes, por Jaime Rodríguez.

Aldo Fasci Zuazua, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ha provocado enfrentamientos tan pronto como regresó al gobierno del estado, a raíz de las controvertidas decisiones que ha tomado.

Después de su ratificación en el Congreso como Presidente Concejal Municipal, González Garza rechazó la iniciativa de Fasci Zuazua para implementar el Mando Único en Monterrey como forma de contrarrestar la crisis de inseguridad. Argumentó que las condiciones que originaron la intervención del gobierno del estado para tomar el control de seguridad ya no existen después de la conformación del Concejo.

El secretario de Seguridad también dio a conocer el cambio de mandos en los centros penitenciarios y autorizó a los elementos de Fuerza Civil para hacer uso de fuerza letal en caso de amenaza y Cadhac manifestó su rechazo.

A través de un comunicado, la organización expresó su alarma sobre la falta de claridad respecto a los nuevos mandos penitenciarios y la imposibilidad de saber si son las personas más adecuadas para garantizar la estabilidad en los penales. Asimismo planteó como un escenario de riesgo el permiso para la utilización de fuerza letal por parte de Fuerza Civil.

Además de estas disputas, se vislumbra un potencial conflicto entre el gobierno del Estado y la Fiscalía General, después de que el gobierno local modificara el tabulador máximo de sueldos a 106 mil pesos, por lo que el titular Gustavo Adolfo Guerrero y otros funcionarios de primer nivel tendrán que ajustar sus remuneraciones.

Ejecución en San Pedro

En la Zona Metropolitana San Pedro Garza García, fue baleado un elemento de tránsito municipal que se encontraba realizando labores de abanderamiento de una obra.

El ataque se suscitó sobre la avenida Morones Prieto a la altura del Puente Miravalle, cuando un grupo de hombres armados, quienes viajaban en al menos tres vehículos (dos camionetas y un automóvil), disparó en repetidas ocasiones.

Minutos después del ataque, el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, condenó la ejecución de Pedro Camacho Aguilar, de 30 años, y prometió a la familia de la víctima que recibirá todo el apoyo de su administración.

“Condenamos este acto y nos estamos coordinando con las autoridades estatales para que se castiguen estos hechos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en un video, detalló que ya se había comunicado con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con Fuerza Civil y con el C5, para reforzar la seguridad y dar con los responsables.

Este es el primer crimen en donde se atenta en contra de un elemento de la administración del actual alcalde sampetrino, quien apenas cumplió dos semanas en el cargo.