La nueva Ley de Transparencia fue aprobada en lo general por el Senado de la República, con lo que avanza así la obligación de los funcionarios de abrir sus cuentas y procesos al escrutinio público.
Con esta legislación las medidas de transparencia estarán homologadas para los tres niveles de gobierno y para los tres poderes.
Se amplía además el número de sujetos obligados y se establece que sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público deberá abrir su información a los ciudadanos.
En el caso de los sindicatos, se trata de los gremios vinculados a dependencias y empresas públicas del Estado o todos aquellos que reciban dinero público.
Además, cualquier persona moral o física que reciba y ejerza recursos “o realice actos de autoridad de la Federación” deberá garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
Por otro lado, se dan más capacidades al IFAI y se le ubica como cabeza del sistema de órganos de acceso a la información de todo el país. También podrá interponer acciones de inconstitucionalidad a leyes y obras.
La aprobación de esta nueva Ley llevó varios meses de negociaciones en el Senado.
Uno de los temas controvertidos fue el del acceso a la información cuando se trate de hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, que el PRI se empeñaba en mantener como reservada.
Sin embargo, los partidos de oposición presionaron para que se estableciera un mecanismo que permitiera el acceso.
Una vez aprobada en el Senado, esta legislación deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados, donde se espera sea recibida esta misma semana.
