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Las multas por fin se concretaron. Después de posponerse por tres veces la discusión, este lunes la mayoría del Consejo General del IFE aprobó que se aplique a los partidos políticos una sanción por 341.8 millones de pesos.

Ayer la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) sometió a consideración su nuevo Dictamen Consolidado y su Proyecto de Resolución en torno a los mil 605 informes de campaña que partidos políticos y coaliciones presentaron en referencia al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En su informe actualizado la UFRPP propuso multar al PRI con 148.1 millones de pesos; al PRD con 59.6; al PVEM con 50.2, al PT con 38.8, a Movimiento Ciudadano con 37, al PAN con 5.5 y a Nueva Alianza con 2.6 millones de pesos.

Con siete votos a favor –concurrentes, razonados y particulares– los consejeros electorales avalaron estas sanciones económicas. 

El único voto particular en contra fue el del consejero Alfredo Figueroa Fernández quien, desde el inicio de la prolongada sesión extraordinaria del IFE, precisó no avalaría un dictamen por considerar que “no es constitucional, no es legal ni reglamentario”.

En su opinión, “no se le puede dar primacía a una interpretación administrativa de un órgano técnico del Consejo General frente al (artículo) 41 constitucional”. 

Lo que la Unidad de Fiscalización determinó fue distribuir el gasto entre el mayor número de candidatos posibles lo que propició que “se pulverizara el gasto prorrateable”.

Por tal razón, Figueroa argumentó que no acompañó el proyecto aprobado por la mayoría “porque contiene elementos que distorsionan la naturaleza de la fiscalización”. 

El consejero electoral precisó además que su voto minoritario no se fundamenta en los argumentos de que se ha tratado de perjudicar a una coalición en particular sino que lo emite en contra de los criterios que fue asumiendo la Unidad de Fiscalización que derivaron en “la desigualdad en el trato del proceso de fiscalización”.

PAN e izquierdas impugnarán 

Entre varias determinaciones, el órgano colegiado acordó escindir dos gastos atribuidos a la Coalición Movimiento Progresista y estudiarlos como procedimientos oficiosos que luego podrían ser sancionados. 

Las modificaciones marginales que la UFRPP hizo en los montos de los gastos de campaña reportados se desprendieron de las cinco consideraciones acordadas en la sesión del 10 de julio. 

Sin embargo, los partidos de izquierda no coincidieron con esta apreciación y denunciaron que, a diferencia de la coalición PRI-PVEM, no se les haya permitido reclasificar los 72 millones de pesos de la campaña de su excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

El PRD, el PT y Movimiento Ciudadano así como el Partido Acción Nacional informaron que impugnarán la resolución del Consejo General.

Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE, señaló que este organismo convalidó una campaña inequitativa y adelantó que por no estar satisfecho con la fiscalización actual su partido “no irá a otra elección con este modelo que ha fracasado”.

Por su parte, Camerino Márquez observó que no se acató el mandato del 10 de julio pasado y dijo que con un dictamen inconstitucional las izquierdas están “pagando las consecuencias de haber pedido una fiscalización anticipada”. 

El representante del PRD ante el IFE confirmó que al igual que el PAN acudirán ante el máximo Tribunal Electoral.

Previo a que diera inicio la sesión del IFE la dirigencia del PRD solicitó se destituya al titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas Kaulitz por considerarlo “un delincuente electoral”.

Modelo fiscalizador ‘insuficiente’

El dictamen aprobado por el UFRPP reporta que 195 campañas rebasaron los topes legales de este modo: la Coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) en 151 campañas (149 de diputados y dos de senadores); el PRI en 28 campañas de diputados; la Coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC) en 12 campañas (la de Presidente, 9 de diputados y dos de senadores); el PAN en dos campañas de diputados y el PVEM en dos campañas de senadores. 

El consejero presidente Leonardo Valdés Zurita reconoció que el actual modelo de fiscalización es aún “insuficiente” y tras precisar que las leyes electorales las define el Congreso y no el IFE urgió a “diseñar nuevos paradigmas en materia de fiscalización que eliminen la simulación”.

En los últimos 15 años ha estado vigente la norma que permite a los partidos determinar libremente cómo reportar la contabilidad de sus campañas, argumentó el consejero Lorenzo Córdova Vianello quien subrayó que esta “mala norma” es la que contribuye a hacer irreales los topes de gasto y generar una “verdad contable” que luego no coincide con lo que ocurre en las campañas.

“Se trata de reglas, de las que todos los partidos se han venido beneficiando en un momento u otro de la historia de la fiscalización que no abonan en consolidar a los topes de campaña como elemento de equidad”, indicó Córdova. Por su parte, el consejero Eduardo Guerrero consideró que los criterios de revisión de todas las campañas se aplicaron de forma igualitaria al igual que los parámetros “para determinar los costos de lo no reportado, el prorrateo por campaña beneficiada y la calificación de la sanción”.

El único punto positivo del actual modelo de fiscalización constituyó su propio fracaso. En opinión de Rogelio Carbajal se detectaron 200 millones de pesos no reportados en las campañas de los cuales la coalicion PRI-PVEM no reportó 140.

“Eso no es una omisión, es una conducta deliberada para evitar la fiscalización, para evadir los topes de campaña”, arguyó el panista quien subrayó el problema no radica en el inciso B del artículo 177 sino en dividir entre 510 candidatos los gastos y no en 365, como ocurrió con el resto de los partidos.

Multas desglosadas

> PRI 
148.1 millones de pesos

> PRD
59.6 millones de pesos

> PVEM
50.2 millones de pesos

> PT 
38.8 millones de pesos

> MC 
37 millones de pesos

> PAN

5.5 millones de pesos

> Nueva Alianza
2.6 millones de pesos

Multa general

> 341.8 millones de pesos