Ante el olvido de las autoridades, miembros de la comunidad indígena otomí tomaron la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México.
Sus principales demandas son acceder al derecho a la vivienda y también espacios para trabajar.
El 12 de octubre pasado tomaron las instalaciones del INPI y advierten que no lo dejarán hasta que sus demandas sean atendidas por parte del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal
En total, son 120 personas entre mujeres, niños y adultos mayores quienes habitan el espacio en protesta por el olvido y la discriminación sistemática de las autoridades.
La Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) 2017 del Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la ciudad revela que el 87 por ciento de los capitalinos considera que existe rechazo contra los indígenas.
“No nos vamos a mover”
“No tenemos prisa de que nuestras demandas sean atendidas porque en el INPI hay luz, agua y drenaje, servicios que los campamentos de indígenas no tienen”, dice Joaquina Pedro, de la comunidad otomí, quien habitaba el predio de Roma 18 en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
Roma 18 era un edificio abandonado desde el sismo de 1985 que fue habitado por los otomíes; sin embargo, en el 2018, la constructora Eduardo S.A. de C.V. lo reclamó como suyo y logró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojara a sus inquilinos el 19 de septiembre de ese mismo año.
Desde entonces, los desalojados montaron un campamento afuera de Roma 18, donde carecen de los servicios básicos como agua o drenaje.
Una situación similar atraviesan los habitantes de los predios de Zacatecas 70 y Guanajuato 200, quienes también son otomíes.
Por ello, dice Joaquina, no tienen prisa en que Adelfo Regino Montes, titular del INPI, y el Gobierno de la Ciudad de México atiendan sus demandas.
“Aquí tenemos regaderas, lo que es un lujo en el campamento. Allá no tenemos agua y cuando la vamos a buscar, los vecinos se quejan y hasta la policía nos mandan”, dice.
Además, menciona que en el INPI tienen un lugar donde están libres del acoso de las autoridades quienes los extorsionan.
“No tengo miedo a que la policía venga por mí o a que los de vía pública de la alcaldía lleguen y me pidan 30 o 40 pesos diarios para dejarme vender”, señala.
Ante esto, emplaza a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a dialogar para resolver la situación.
“Como mujer y como madre, le digo a Claudia Sheinbaum que venga y platique. Ella nos debería entender”, señala.
Desde que inició la toma, hace tres semanas, los indígenas otomíes venden sus productos afuera del instituto en una carpa, sin riesgo de que la policía los retire.
La lucha por la vivienda
En el caso de Zacatecas 74, ubicada en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc, durante la administración gubernamental pasada de Miguel Ángel Mancera comenzaron el trámite de expropiación; sin embargo, con el cambio de gestión todo se cayó, dice Isabel Valencia, indígena otomí que habitaba el predio.
Hace 25 años, su familia y otras más llegaron a Zacatecas 74, y como nunca apareció un dueño solicitaron hace dos años el trámite de expropiación, dice.
En el último trimestre de 2018, estaba por concluir el proceso pero cambió el Gobierno Central, cuenta Isabel.
Entonces, las nuevas autoridades del Instituto de Vivienda (INVI) argumentaron que había un desaseo administrativo en la dependencia y les dieron dos opciones: empezar de nuevo el trámite o dejarlo.
“Nosotros cumplimos en tiempo y forma, ahora la responsabilidad es de ustedes como Gobierno, les dijimos en marzo antes de empezar la pandemia pero ya no pudimos hacer nada”, explica.
Actualmente, los otomíes siguen ocupando el predio pero corren el riesgo de ser desalojados si alguien reclama la propiedad.
Añade que desde marzo han buscado acercarse al gobierno para tener una solución, pues con la pandemia la falta de una vivienda digna se agravó.
“Nos dicen lávate las manos y mantén limpio todo, pero no hay agua ni drenaje”, se queja.
Isabel dice que Guanajuato 200, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, sufrió daños que hicieron que los miembros de la etnia que vivían ahí decidieran desalojarlo, por lo que también montaron un campamento.
En ninguno de los tres casos, denuncia, han tenido apoyo y por ello decidieron tomar el INPI y no lo dejarán hasta que exista una ruta para que puedan tener una casa y espacios para comercializar sus productos.
“No queremos que nos regalen una casa, queremos pagarla, pero que nos apoyen para gestionarla”, aclara Valencia.
Prometen mesas de trabajo en el INPI
El pasado 3 de noviembre, Adelfo Regino y el subsecretario de Gobierno local, Alfonso Suárez del Real, en representación de la jefa de Gobierno, acudieron al INPI para establecer el diálogo con la comunidad otomí.
Durante el encuentro, las autoridades firmaron una minuta en la que se comprometieron a que en breve se definirán fechas para mesas de trabajo que den solución a las demandas.
La comunidad otomí exigió a las autoridades no ejercer ninguna acción penal en contra de los miembros de la toma. Y se acordó que en caso de que no estén presentes en las reuniones la jefa de Gobierno o el titular del INPI, los trabajos se suspenderán.
Por último, la comunidad otomí aclaró que no dejarán el edificio hasta que vean sus demandas atendidas.
