Topo Chico tendrá un nuevo comienzo. Con el cierre del Centro Preventivo y De Reinserción Social, abrirá el Archivo Histórico del Estado y el Parque La Libertad.
El 30 de septiembre, en la clausura, el gobernador Jaime Rodríguez agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su apoyo para terminar con la violencia al interior del penal.
“Imaginar y construir es lo mejor, yo imagino que Nuevo León recuperará su felicidad, este será el principio de lo que nosotros estamos intentando hacer”, dijo.
La reconversión de este espacio por parte del gobierno de “El Bronco” coincide con la transformación del expenal de las Islas Marías en el ahora Centro Ecológico y Recreativo “Muros de Agua, José Revueltas”.
El 8 de marzo de este año, López Obrador firmó el decreto por el que se desincorporaron del Sistema Federal Penitenciario cinco Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) ubicados en el Complejo Penitenciario Islas Marías.
“Si tenemos una mejor sociedad, no habrá necesidad de cárceles. Debemos tener más escuelas y menos prisiones”, afirmó el presidente en la conferencia matutina el 18 de febrero.
De la población de 600 personas privadas de su libertad consideradas de baja peligrosidad en los ceferesos “Zacatal”, “Aserradero”, “Morelos”, “Bugambilias” y “Laguna del Toro”, 200 fueron liberadas y el resto fueron reubicadas. Asimismo, los internos de Topo Chico fueron trasladados a Apodaca y Cadereyta.
Parte de la transformación que pretende lograr el presidente es dejar atrás los más de 100 años de violaciones a los derechos humanos en Islas Marías, una colonia penal desde 1939.
Por su parte, el mandatario estatal busca terminar con los 76 años de inseguridad de Topo Chico, donde en febrero de 2016 hubo 49 víctimas mortales a causa de una riña.
“El autogobierno no va a regresar porque tomamos la decisión: no más extorsiones a los presos, a las personas privadas de la libertad, a sus familias”, pronunció en el cierre del penal.
La conversión de cárceles en espacios culturales en México viene desde que la Penitenciaría del Distrito Federal, mejor conocida como Palacio de Lecumberri, fue transformada en el Archivo General de la Nación (AGN). Las autoridades coincidieron en el cierre del lugar por las injusticias cometidas en su interior, aunque hubo diversas especulaciones sobre su futuro.
En 1977, también por decreto del entonces presidente José López Portillo, el recinto histórico fue designado para concentrar el acervo documental de México y en 1982, al final de su sexenio, inició labores.
Lecumberri fue remodelado pero el AGN aún conserva la estructura en forma de asterisco. Lo mismo sucederá con el edificio central de Topo Chico.
Antes de transformar Topo Chico está la búsqueda de desaparecidos
La transformación de cárceles en centros culturales o recintos que resguarden la memoria documental de una nación apela a los derechos humanos. Pero hay un primer compromiso que debe cumplir el gobernador Jaime Rodríguez para avanzar en esta materia.
La diputada Claudia Tapia propuso descartar oficialmente la existencia de fosas clandestinas en Topo Chico.
La legisladora realizó este exhorto el día del cierre del penal y Nuevo León empezó las indagaciones a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Tristemente Nuevo León es la quinta entidad federativa del país en la que se presentan más casos de desaparición”, argumentó.
Antes de la indagación de fosas y tras su clausura, Topo Chico estaba abierto al público para difundir su historia
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, respaldó la propuesta de la exmorenista. El funcionario también viajó a las Islas Marías con el presidente López Obrador para tratar la política penitenciaria.
Las 10 hectáreas del predio neoleonés fueron divididas en 35 áreas y existen ocho equipos para trabajar en cada una con tecnología y binomios caninos. Al abrir los registros de drenaje, plagas de insectos y roedores salieron, por lo que tuvo que intervenir la Secretaría de Salud para reanudar la indagatoria.
Sin embargo, la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) ya había solicitado la búsqueda antes o durante el cierre del penal. Como esta petición no fue considerada, emitió un posicionamiento con seis exigencias: contar con expertos y un Plan de Trabajo de Búsqueda público, documentación, registro y contexto exhaustivos, participación de familiares, así como recabar información que contribuya a las investigaciones y hacer un dictamen pericial.
Entonces, Tapia solicitó transparencia del gobierno y pidió llevar un proceso de localización manera seria y profesional.
