Tormenta de recursos legales contra reforma eléctrica
A través de amparos, acciones de inconstitucionalidad y suspensiones, la Ley de la Industria Eléctrica que promueve Andrés Manuel López Obrador se encuentra detenida. A pesar de la controversia por los posibles daños que esta reforma podría provocar en materia ambiental, de competitividad y de inversión extranjera, el presidente insiste en hacerla una realidad
Rubén ZermeñoLa polémica Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca favorecer la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que es impulsada por el Gobierno federal, Morena y sus aliados, podría no llegar a puerto debido a una tormenta de amparos, suspensiones, controversias e incluso acciones de inconstitucionalidad.
Los promoventes de estos recursos jurídicos son diversos, al igual que sus fines y argumentos. Hay quienes acusan que la reforma afecta la competencia económica y quienes buscan proteger al medio ambiente, ya que la ley deja en un segundo plano a las energías limpias.
Desde el Poder Judicial está naciendo una nueva oposición a la maquinaria aplanadora de Morena y a sus políticas con las que buscan cimentar la Cuarta Transformación, algo que no tiene contento al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, el jefe del Ejecutivo federal, arremetió en contra del juez que concedió la primera suspensión a la reforma, Juan Pablo Gómez Fierro, acusándolo de no actuar conforme a la ley y cuestionando su honorabilidad.
“La ley de amparo establece la posibilidad de suspensión en temas generales, el juez no está actuando más allá de sus facultades, de sus competencias y atribuciones. La sobrerreacción del presidente tiene que ver con la relevancia política para su proyecto de Gobierno que tiene la reforma eléctrica y para la reforma energética en general. El presidente está echando la lámina y es seguro que va a empujar todo lo que considere un obstáculo”, comenta José Roldán Xopa, especialista en derecho constitucional.
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La respuesta del jefe del Ejecutivo federal ha sido enérgica e incluso ha amagado con una reforma contundente al Poder Judicial desde el Poder Legislativo.
Este enfrentamiento no sólo podría mermar la credibilidad de los juzgadores, al mismo tiempo que frena un ámbito estratégico para la Cuarta Transformación, sino que, de acuerdo con expertos consultados por Reporte Índigo, podría derivar en una crisis constitucional.
Las decisiones incómodas del Poder Judicial contra el Gobierno federal en materia eléctrica comenzaron el pasado 3 de febrero cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en definitiva la política eléctrica establecida en el llamado “Decreto Nahle”, que limitaba a productores privados de energías renovables y favorecía a la CFE.
Ese día, la Suprema Corte eliminó, por cuatro votos a favor y uno en contra, las 22 disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener), por violar el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias.
Esa decisión fue histórica, ya que además de fijar un precedente, la controversia fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y no por alguna empresa privada afectada o por alguna organización medioambiental.
No conforme con la decisión de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que retoma todas las disposiciones de la Sener que fueron anuladas.
Un mes después y sin escuchar a la oposición, a expertos y a los demás actores involucrados, el Congreso aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) sin hacerle ningún cambio al proyecto que envió el presidente de la República.
A partir de esa fecha se comenzó a construir un dique de amparos y suspensiones intentando frenar la reforma que entraría en vigor el pasado 10 de marzo.
Hasta el día de ayer, la LIE sumaba 73 suspensiones definitivas promovidas principalmente por Termoeléctrica del Golfo; Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, Eólica de Guanajuato, Eólica del Golfo 1, FV Mexsolar, FV Mexsolar II, Kenergreen, X-Elio, FV Xoxocotla, FV Mexsolar XI, X-Elio FV Conejos Medanos, Recursos Solares PV de México IV, Eólica Tres Mesas 4, BNB Villa Ahumada Solar, Engie Abril PV, Tractebel Energía de Pánuco, Tractebel Energía de Monterrey, Sky Eps Supply SM, y Tala Electric.
Aunque son vías legales distintas y batallas diferentes, Roldán Xopa comenta que la decisión de la Corte de eliminar el Decreto Nahle cimentó el espíritu legal de la viabilidad de los amparos y las suspensiones.
“La decisión de la Corte está pesando en los juicios de amparo, está pesando en las suspensiones provisionales y en las definitivas. El antecedente pesa en la percepción del juez, en las razones que deben de considerarse y además tiene un valor de precedente.
Seguramente van a venir otros recursos, de otro tipo de quejosos y es muy probable que incluso se presenten acciones de inconstitucionalidad por parte del Congreso. Esto es porque la Constitución deja muy en claro en dónde puede participar la CFE de manera monopólica y en dónde debe de haber competencia, el otro problema central es el de las repercusiones al medio ambiente
Al respecto, la abogada especialista en juicios de amparo y suspensiones, Luisa Conesa Labastida, comenta que la misma Corte consideró que con la reforma habría afectaciones al medio ambiente ya que va en contra de las energías limpias.
“En el derecho internacional y en México, es cada vez más utilizado el principio precautorio al medio ambiente. Esto es, que ante la duda no se debe esperar a que haya certezas irrefutables a las afectaciones ocasionadas para el medio ambiente. Además, las suspensiones no son inusitadas porque ya en el pasado se habían otorgado suspensiones en materia energética y ya hay precedentes”, comenta.
La última ofensiva del Gobierno federal podría venir del Legislativo, hace tres días la legisladora de Morena y pasante de derecho, Reyna Ascencio Ortega, presentó en la Cámara baja una iniciativa para evitar que en los juicios de amparo se concedan suspensiones contrarias al “interés social” que representan las empresas productivas del Estado, como Pemex y CFE, en casos similares como el que está ocurriendo con las reformas a la LIE.
