El 2020 fue el año de la pandemia de COVID-19 y también de la tortura en la Ciudad de México.
Datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) señalan que en el 2020, la tortura fue la principal causa por la cual se emitieron recomendaciones.
También fue el motivo más importante por el que se llevaron a cabo diligencias psicológicas y médicas por parte del órgano garante de los derechos en la capital.
Ante esta situación recientemente se presentó una iniciativa legislativa en el Congreso local para erradicar el problema, que propone aumentar las penas en caso de que se cometa contra poblaciones vulnerables.
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No obstante, especialistas advierten que si de verdad se quiere terminar con la tortura se deben mejorar la prevención y las medidas de reparación del daño.
Principal problema
El Informe de Actividades 2020 de la CDHCDMX, dado a conocer en julio pasado, señala que durante ese año se emitieron 8 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos a nivel local.
De esa cifra, 3 tuvieron que ver con la comisión de la tortura; el 37 por ciento de las recomendaciones.
Sin embargo, la tortura también fue la principal causa por la que se realizaron dictaminaciones psicológicas y médicas por presuntas violaciones a derechos humanos.
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El documento indica que la comisión realizó un total de 466 dictaminaciones médicas y psicológicas por presuntas violaciones a los derechos, de las cuales, 129 fueron por tortura: el 27 por ciento.
Por último, el documento afirma que la tortura también fue la primera causa por la que en 2020 el órgano inició procesos de sanciones penales y administrativas, aunque en este tema la comisión no detalló cifras.
La iniciativa contra la tortura
En este contexto, el pasado 21 de septiembre de 2021, en el Congreso de la Ciudad de México, se presentó una iniciativa para aumentar las sanciones por tortura en el Código Penal local.
La propuesta fue hecha por el diputado Temístocles Villanueva y busca aumentar las penas mínimas hasta 20 años de prisión, en lugar de 12.
La propuesta de modificación pretende que las sanciones sean dobles cuando las víctimas sean menores de edad, personas gestantes, personas con discapacidad, adultas mayores, pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes, o que ejerzan el periodismo o el activismo en favor de los derechos humanos.
El legislador local mencionó que la actualización del marco normativo era la única vía para atender el grave clima de la violencia, inseguridad, impunidad y violaciones de derechos humanos que persiste tanto en la ciudad como en el país.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en comisiones a donde fue turnada para su estudio y posible dictaminación.
El factor pandemia
La pandemia de COVID-19 y las condiciones económicas desfavorables han sido factores que a nivel nacional han creado un ambiente de violencia, lo que ha hecho que la tortura persista, menciona Diego Guerrero, especialista en el tema y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es importante recordar que, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se perdieron un millón de empleos de marzo a junio de 2020 debido a la suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria.
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Guerrero refiere que la suspensión de actividades y la crisis económica crearon condiciones para la violencia y el aumento del delito, que dieron pie a posibles abusos de autoridad y tortura.
“La pandemia generó desempleo y situaciones de violencia a nivel nacional que crearon un clima de violencia y, en consecuencia, se crearon condiciones para que se cometa tortura”, dice.
Solución a la tortura sin efecto
La iniciativa legislativa para aumentar las penas por tortura no es una solución efectiva al problema, considera Guerrero. El especialista menciona que fortalecer el Código Penal no es efectivo porque es un delito poco común y que tiene modus operandi distinto a otros.
“La tortura no se comete a plena luz del día, la mayoría de los casos se cometen cuando no hay testigos más que la víctima, entonces es difícil que sea perseguido por una fiscalía”, comenta.
En consecuencia, aumentar las penas no es la solución al problema porque no inhibe las acciones.
“Quienes cometen tortura, saben que muy difícilmente los van a descubrir y no hay datos jurídicos a nivel nacional o internacional que muestren que, con mayores penas, haya menos tortura”
Ante esto, dice, una posibilidad real de disminuir la incidencia de la tortura, es que se hagan reformas o medidas para fortalecer las instituciones y atender a las víctimas.
“Un fortalecimiento institucional y capacitación a funcionarios públicos es lo que se necesita, porque la mayoría de los victimarios son autoridades, entonces se requieren instituciones más fuertes”, comenta.
Además, una parte importante de la solución, son las medidas de reparación del daño que incluyen la garantía de no repetición.
“Cuando se toman medidas para la no repetición y reparación del daño, también se logra capacitar a los funcionarios y con ello, por ejemplo, habrá ministerios públicos mejor preparados que puedan hacer más con el marco legal existente”, considera.
En este sentido, la mejor opción es prevenir a través del fortalecimiento de las instituciones y garantizar la reparación del daño, recalca.
