El uso de la tortura a manos de las Fuerzas Armadas y la policía es una práctica generalizada en todo el país desde hace décadas y su principal aliada es la impunidad.
Una realidad que además de dejar secuelas tanto físicas como psicológicas en sus víctimas, trae consigo una problemática aún más profunda: la ruptura entre el Estado y la ciudadanía.
“La tortura no solo es una acción que se comete en la total irregularidad de la actuación del Estado, algo que es muy grave, también está profundamente vinculada con la forma en la que los ciudadanos rompemos nuestra relación con el gobierno y las instituciones.
“Con esta práctica el Estado fractura el concepto de ciudadanía, fractura la confianza que debe existir entre los que habitamos el país y el gobierno que debe estar para salvaguardar.
“¿Cómo se repara la confianza en la policía, en el sistema de justicia, en las Fuerzas Armadas, en los ministerios públicos, en los jueces…? Son pequeños actos irreparables que erosionan tu ser ciudadano, tu ser de sujeto de derechos.
No podemos pensar que algún día podremos acceder a una ciudadanía plena si el Estado es el principal torturador, el que desaparece a las personas y el que es con la ciudadanía el rompimiento cómplice de la impunidad
El video dado a conocer recientemente, en donde se observa cómo un grupo de policías cuestiona y tortura a uno de los supuestos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, pone en evidencia la sistematización de esta práctica por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia en el país.
En su intento por revertir esta situación, México se ha comprometido en numerosas ocasiones a prevenir, castigar la tortura y otros malos tratos tanto a nivel internacional como nacional, sin embargo, las medidas y los compromisos adoptados rara vez se aplican.
“La legislación que tipifica la tortura como delito se incumple casi sistemáticamente, al igual que la que debería impedir que se utilicen en los juicios penales testimonios obtenidos mediante tortura”, señala el séptimo y último informe que el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas entregó a México el 17 de mayo pasado
Aun así, el gobierno mexicano se complace en afirmar que la tortura ya no es una práctica habitual, aseveración que no se encuentra sustentada en datos transparentes y confiables.
Sin elementos que lo comprueben, el gobierno de México afirma que la tortura ya no es una práctica habitual, una aseveración sobre la cual la ONU ha dicho que tiene sus “reservas”
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Sin forma de medir el problema de la tortura
De acuerdo con las cifras que el Gobierno federal le entrego al Comité Contra la Tortura de la ONU, en 2013 hubo 870 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 las denuncias por tortura fueron 466 y 40 por malos tratos.
En 2013 se registraron 42 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por funcionarios de la Fiscalía General de la República y 32 en 2018.
Las denuncias (por violaciones a derechos humanos) contra trabajadores del Instituto Nacional de Migración fueron 3 mil 569 en 2013 y mil 216 en 2018.
Respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, únicamente se indica que entre 2013 y 2018 esta institución fue objeto de 22 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 11 de ellas por tortura y malos tratos.
Basándose en estas cifras, el gobierno de México ha defendido que los programas de capacitación para miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han contribuido a reducir el número de quejas, sin embargo, el Comité contra la Tortura señala en su informe que “tiene serias reservas al respecto”, especialmente porque en México no hay dato alguno respecto a este problema relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada sobre las quejas registradas, las instancias ante las que se presentaron dichas denuncias o el órgano encargado de su investigación.
Aunado a esto, el Comité asegura que tampoco ha recibido la información solicitada sobre las medidas adoptadas por el país en respuesta a las 18 recomendaciones por violaciones graves en casos de tortura que se dirigieron principalmente a la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Marina y la FGR.
Para la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, la falta de datos y cifras veraces y confiables en México impiden conocer la magnitud y combatir un problema tan grave como lo es el uso de la tortura por parte de los cuerpos de seguridad del Estado
“No hay manera de medir el problema de la tortura y lo grave del mismo ante la falta de datos.
Cuando no tenemos un registro de detención claro y ordenado; porque un registro de detención no es meramente un listado de personas detenidas, de agentes captores, de horas y de lugares. Es un detalle del motivo de la detención, del lugar de puesta a disposición, del estado de salud de la persona detenida, se dificulta mucho la investigación y fomenta la impunidad, pues nos quedamos sin información fundamental para llevar a cabo una investigación”.
Leyes y compromisos, la letra muerta
México cuenta con una de las legislaciones más robustas en materia de combate a la tortura, desaparición forzada y, en general, defensa de los derechos humanos, sin embargo, nada de esto, o muy poco, se ve reflejado en la vida diaria de los ciudadanos.
Algunas de la leyes existentes que han quedado en letra muerta ante su falta de aplicación son, por ejemplo, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Ley General de Víctimas; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y las leyes secundarias de la Guardia Nacional, entre otras.
El hecho de que Mexico cuente con esta cantidad de leyes en la materia y que a pesar de ello sea uno de los países con más delitos de este tipo refleja una debilidad institucional muy grave, dice la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
Por debilidad institucional debemos entender la incapacidad para darle seguimiento a las denuncias, romper el ciclo de la impunidad y de las complicidades por parte del Estado
“El primer síntoma de esta debilidad es que no contamos con una sistema robusto de denuncia y de rendición de cuentas.
“El segundo está en las Fiscalías, que no suelen investigar los delitos de manera adecuada y que no han puesto la ciencia al servicio de la justicia; que no hay personal capacitado y debidamente remunerado, además de que no cuentan con las herramientas necesarias para la investigación de los distintos casos.
“De tal manera que esta debilidad muchas veces se traduce en que las mismas víctimas sean quienes impulsen las investigaciones en lugar de las fiscalías.
“Otra parte clave del problema a nivel instituciones es que nunca hay un llamado de atención o un castigo a las autoridades responsables. Vivimos en un país donde la tasa de impunidad supera el 98 por ciento, lo que quiere decir que la autoridad puede hacer prácticamente lo que se le pegue la gana cuando tiene a una persona detenida y bajo su tutela y salvaguarda porque no pasa nada”.
Además, Tania Reneaum dice que los arrestos y detenciones arbitrarias son la puerta de entrada para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura y la desaparición forzada, por lo que vieron en la creación del Registro de Personas Detenidas, una herramienta ideal para poder atacar y prevenir estas acciones de forma real, el problema es que no se homologó con otros registros, lo que le resta efectividad.
México atraviesa por una grave crisis de debilidad institucional, y la muestra más clara de ello es que a pesar de contar con una gran cantidad de leyes y de acuerdos cuyo propósito es combatir las violaciones a derechos humanos, es uno de los países con mayores problemas en esta área
“Lo que nosotros vemos con muchísima preocupación, es que la Ley sobre el registro de personas detenidas no ha contemplado a las personas detenidas en espacios de migración, en hospitales, en psiquiátricos o en cualquier otro espacio de tutela del Estado, solamente contempla cárceles o detenciones administrativas.
“Tampoco hay un registro de detenidos, y no lo va a haber, que dialogue con otros como el de personas desaparecidas o el de migrantes, con lo cual fácilmente se puede perder el rastro de un individuo cuando cae en manos de funcionarios del Estado”.
Los arrestos y detenciones arbitrarias son la puerta de entrada para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura y la desaparición forzada
