En México la tortura es recurrente y generalizada, utilizada como método de investigación y obtención de confesiones y sobre todo para la fabricación de culpables.
Tras las recientes protestas para la exigencia de justicia por el asesinato de Giovanni López en Jalisco y la indignación por la agresión en contra de una joven en la Ciudad de México cometida por elementos de seguridad, organizaciones de la sociedad civil piden un alto a la tortura en las detenciones de manifestantes.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX golpearon en la cabeza a una joven manifestante
En entrevista, Lucía Chávez, directora del área de Investigación de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), declara que en México la tortura es calificada por la ONU como una práctica sistemática en todo el país.
“Se trata de un número muy alto de personas que son torturadas ya sea durante el arresto, el traslado hacia un centro de detención o al momento de llevarlos ante una autoridad”, explica.
Casos de tortura y abuso al alza
Con base en la lectura y análisis de 999 recomendaciones emitidas por la CNDH, entre diciembre de 2006 y junio de 2019, la Comisión registró dentro de estas 301 casos de violaciones graves a derechos humanos, de los cuales, 73 por ciento se refieren a la tortura.
13 mil
“La magnitud del problema es inmensa. A nivel federal, de 2006 a 2019, tenemos 13 mil 560 investigaciones penales en la Fiscalía General de la República por dicho delito mientras que al pedir datos a las fiscalías estatales solo respondieron 27 de las 32 y dijeron que tienen 22 mil 360 investigaciones, entonces, si sumamos todas las respuestas, quiere decir que en el país hay más de 30 mil denuncias por tortura”, detalla Chávez.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, la incidencia de tortura en México era del 73 por ciento sobre el total de arrestos de delitos del fuero federal y del 70 por ciento para el fuero común. A nivel nacional, la forma de tortura más utilizada es la amenaza de levantamiento de cargos falsos con un 52 por ciento, seguido por el desnudamiento al tener 46 por ciento y patadas o puñetazos con 45 por ciento.
La policía estatal de Jalisco detuvo de manera forzada a manifestantes que exigían justicia por el homicidio de Giovanni López
Sin embargo, la CMDPDH hace hincapié en que una víctima de estos actos puede estar expuesta a otros delitos pues más del 21 por ciento también fueron desaparecidas forzadamente.
Al cuestionar sobre los mayores perpetradores de este delito, Chávez resalta que tanto en la tortura y en tratos crueles inhumanos o degradantes son prácticas particularmente recurrentes en las instituciones castrenses, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), seguida de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Federal.
Tan solo de 2015 a abril de 2019, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) registró un total de dos mil 467 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA y la SEMAR por esta práctica.
Igualmente de las 10 mil 534 quejas por tortura y malos tratos presentadas ante la CNDH, el 43.7 por ciento señalan a la SEDENA como autoridad responsable, seguida por la FGR con 2 mil 084 quejas y la SEMAR con mil 116.
27
“Hemos documentado que la mayoría de personas trasladadas por el Ejército han sido obligadas a desnudarse, a sostener una actividad sexual no deseada o sufrido ataques por asfixia. Cuando la tortura es cometida por estos elementos no se sanciona a los altos mandos sino a los de un nivel jerárquico menor a pesar de que estas prácticas son generalizadas y siguen una política de actuación de las autoridades”, asegura Lucía.
Con respecto a la impunidad que impera en este delito, la investigadora destaca que si se contemplan solo las 13 mil quejas de tortura a nivel federal, en éstas solamente se concluyeron las investigaciones en el 0.2 por ciento mientras que, de dicho porcentaje, menos del 0.01 por ciento alcanzó una sentencia condenatoria.
Para la Comisión resulta lamentable que de 2006 a 2019 solamente se hayan dictado 27 sentencias por tortura y existan únicamente 18 condenatorias a nivel federal.
Para erradicar la práctica de este delito, Chávez urge al Estado a capacitar a las autoridades, enseñar con base en el respeto a los derechos humanos cómo llevar a cabo una detención y, sobre todo, retirar de su cargo a los elementos acusados pues muchas veces siguen en sus puestos pese a las denuncias en su contra.
La falta de justicia y persistencia de impunidad debe acabarse inmediatamente pues puede verse como un incentivo para los perpetradores y decirles que si torturan no pasa nada y finalmente enfocarse en las víctimas y en un esquema de reparación no solo económico sino emocional y físico que implique no criminalizarlas así como reconocer los hechos
