La tortura y los maltratos en los reclusorios de la Ciudad de México son problemas que no tienen fin.
Pese al cambio de administración en la capital en 2019 y de que se han emprendido acciones para terminar con la corrupción en los reclusorios, la tortura es un tema que sigue ocurriendo dentro de los penales locales.
En octubre de 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el cese de tres directores de reclusorios después que se comprobó que estaban involucrados en actos de corrupción (Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Martha Acatitla y el Penal de Tepepan).
Sin embargo, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), folio 06/2020, emitida el pasado 23 de noviembre, indica que en 2019 torturaron a 24 internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (RPVO).
Las torturas consistieron en golpes a las víctimas; la investigación revela que tenían marcas visibles de maltrato.
Especialistas en derechos humanos consideran que la tortura persiste porque tanto la población como las autoridades no son conscientes de que los presos son sujetos de derechos y no por haber cometido un crimen, dejan de tenerlos.
Afirman que se debe capacitar a los custodios de las cárceles para evitar que estas prácticas sigan.
En la recomendación citada, la Comisión reconoce que la situación de la tortura en los centros de reclusión en la capital es preocupante porque es una violación al derecho a la integridad de sus internos y porque de 2018 a 2020 se han abierto 10 investigaciones respecto al tema.
La Comisión de Derechos Humanos local considera la tortura en las cárceles un problema grave; de 2018 a 2020 ha emitido 10 recomendaciones por esta situación
Riña destapó tortura
La recomendación 06/2020 y el expediente de investigación que lo sustenta, CDHDF/II/122/IZTP/19/ P6815, señala que el 12 de septiembre de 2019 hubo una riña en el RPVO, por lo que visitadores de la Comisión acudieron para verificar la actuación del personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Una vez que se controló la situación, el personal del órgano defensor de los Derechos Humanos recorrió el reclusorio.
“Se recibió el informe de las autoridades en el que se estableció que había algunas personas lesionadas, las cuales habían recibido atención médica y las que lo requirieron fueron trasladadas a instituciones médicas”, menciona el documento.
No obstante, varios internos dijeron al personal de la Comisión que fueron víctimas de maltrato, por lo cual, se determinó abrir un expediente de queja.
Posteriormente, como parte de la investigación, el órgano indagó y encontró que varios reclusos fueron enviados a otros centros tras la riña y acudieron a entrevistarlos.
“Se constató que (las personas trasladadas) habían sido agredidas físicamente -en la mayoría de los casos las lesiones eran visibles- y requerían atención médica, debido a que no la habían recibido”, explica la indagatoria.
Ante esto, la CDHCDMX determinó que 18 personas fueron víctimas directas de tortura y seis de manera indirecta, también halló que las heridas no fueron provocadas durante la riña, sino que fueron un castigo a quienes se creyó que participaron en ella.
“No se trata de un uso irracional de la fuerza, sino de una acción concreta y determinada a golpear a quienes se creía que habían participado en la riña (…) Las acciones de tortura y malos tratos documentados en la presente recomendación fueron posteriores a la riña cuando ya no era necesario hacer uso de la fuerza”, detalla la Comisión.
Por último, se determinó que los actos de tortura, al igual que en pasadas recomendaciones, son producto de la impunidad ante los abusos de autoridad, corrupción y la falta de capacitación del personal.
Como medidas a seguir por parte de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la CDHCDMX pidió iniciar el proceso para la reparación integral del daño a las víctimas, investigar y sancionar a los funcionarios responsables así como trabajar en temas de asertividad, control y disciplina para que sus elementos de seguridad no recurran al abuso físico.
“La Comisión es testigo de avances importantes por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en el tema de la reinserción social. Sin embargo, es fundamental atender el tema de la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanas”, considera el órgano.
Problema sistémico
La tortura es un problema sistémico que comprende varios factores y continúa a pesar de que la actual administración ha emprendido acciones para terminar con las malas prácticas y la corrupción, dice Rodrigo Brito Melgarejo, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estos actos no son casos aislados y son prácticas sistemáticas y estructurales en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Y la impunidad es el problema más grave
La corrupción también influye porque muchas veces los internos no denuncian por miedo a represalias de las autoridades.
“A pesar de los actos legales y disposiciones para sancionar la tortura no se sanciona. Muchas personas no solicitan la asistencia médica por temor a represalias y corrupción”, señala.
También es un problema social, pues la ciudadanía y las autoridades lo normalizan al considerar que es un doble castigo. Afirma que se debe capacitar y sensibilizar a los custodios de los penales así como investigar y sancionar a los responsables para que se pueda erradicar la tortura.
