Ser trabajadoras sexuales en las calles de la Ciudad de México en tiempos de pandemia conlleva muchos peligros: infectarse del virus del SARS-CoV-2, ser víctima de agresiones, extorsiones, o en el peor de los escenarios, de asesinato.
De este incremento, más del 40 por ciento fueron mujeres que habían dejado el trabajo sexual, otro 40 por ciento son mujeres que iniciaron por la crisis económica y el otro 20 por ciento son mujeres que no están en un punto específico de la vía pública.
Paty es parte de estas cifras. A sus 56 años logró dejar el trabajo sexual por unos meses, pero la crisis económica la obligó a regresar hace un par de semanas. Hay días que vuelve sin nada o lo que gana lo gasta en el taxi a su casa en la madrugada.
“Está muy difícil para todas, logré salirme unos meses pero la verdad la situación ya me está comiendo viva, ahora sí que estoy endrogada con el casero, la luz, el agua y tuve que volver pero no hay trabajo, yo te voy a decir algo: a los clientes les da miedo.
“Te lo juro no hay nada, vengo en ceros, tengo que conseguir a veces para regresarme en taxi porque no hay nada en las noches, nada, se queda ya vacío”, relata.
Arlen Palestina, representante legal en Brigada Callejera, señala que esta reorganización ha sido difícil porque el hecho de que no haya dinero y que cada vez haya más compañeras también genera violencia entre ellas, lo que se ha ido superando, aunque ha sido complicado.
“Una gran cantidad de mujeres que estaban en su casa, que ya habían hecho algún negocio, que ya iban trabajando en otro oficio tuvieron que regresar a la vía pública, eso también obliga a que haya una redistribución entre ellas de acomodamiento, de orden, lo que también lleva a conflictos severos entre ellas”.
Sin embargo, más que el virus o la crisis económica, las trabajadoras sexuales se enfrentan a otro problema que también creció durante la pandemia de COVID-19: la violencia y el crimen organizado.
Trabajadoras sexuales, víctimas del crimen
Las trabajadoras sexuales que trabajan en la calle tienen un enemigo que puede ser mortal y no es el virus del SARS-CoV-2: son las extorsiones, amenazas y el hostigamiento que sufren a manos de las autoridades de la vía pública de las alcaldías, los policías y el crimen organizado.
“Se vuelven doblemente vulneradas ante esta situación y entonces no solamente tienen que dar dinero a la gente de la alcaldía de Vía Pública, también al hotelero que aumenta los precios, a la delincuencia organizada que llega a cobrar piso y a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que anda de a pie y que está extorsionándolas cotidianamente”, dice Arlen.
La abogada señala que estas tres figuras siempre extorsionan y hostigan a las trabajadoras sexuales, lo cual se incrementó desde el 2020 por la situación de la pandemia.
“¿Te imaginas la locura que está pasando en los puntos por la redistribución de ellas mismas? ¿Te imaginas lo que está pasando por la vía pública? En época electoral, el placer de ver a tanta gente a la que le van a pedir dinero en la calle.
De acuerdo con la información que ha recolectado Brigada Callejera, para que las dejen trabajar, las más jóvenes llegan a pagar hasta 800 pesos a la semana a la delincuencia organizada, más 200 pesos a la camioneta de Vía Pública de la alcaldía y 500 pesos cada mes o cada 15 días al policía de investigación que también acude a quitarles dinero.
Pero no son las únicas. Las trabajadoras de la tercera edad, quienes llegan a ganar 100 o 200 pesos diarios o a veces nada, también son extorsionadas. Sin embargo, no todas pueden pagar debido a que no reúnen el dinero que se les exige y es cuando son agredidas.
De octubre de 2020 a la fecha, la organización Brigada Callejera ha acompañado y apoyado en la apertura de más de 200 carpetas de investigación por delitos como lesiones, amenazas, trata de personas y lenocinio.
Entre las decenas de historias se encuentran testimonios de trabajadoras sexuales que fueron sometidas, golpeadas y amenazadas para que paguen por trabajar en la calle. Las y los cobradores del crimen organizado llegan en motonetas armados para exigirles dinero.
“Al final del día, cuando una mujer sabemos que es madrota tenemos dos opciones, o abrir la carpeta de investigación en contra de ella por trata de personas o abrirla por lesiones, y en su gran mayoría es por lesiones para que cuando esa carpeta tome causa podamos caminar hacia la carpeta de trata”, dice.
Ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales, organizaciones como Tejiendo Pueblos han lanzado iniciativas para ayudarlas. En el 2020, esa asociación inició una campaña para entregarles comida, cubrebocas, condones y ropa. A la fecha, ha repartido más de 500 despensas.