Traiciones en la defensa

Una nueva guerra se está librando dentro de los cuarteles militares de México: un grupo de generales se están enfrentando entre sí para ocupar la silla de la Secretaría de la Defensa Nacional el próximo sexenio. Y para lograrlo, se ha filtrado información que pone en riesgo al propio Ejército.

La revelación en un diario nacional de documentos que detallan pormenores de la compra de equipo táctico de comunicación y vigilancia por 5 mil millones de pesos, ha causado un profundo malestar dentro de las fuerzas castrenses.

Y en todo esto existe un mensaje, ya que la filtración da a conocer las capacidades ocultas del Ejército para combatir al crimen organizado, lo cual da una ventaja a los grupos y cárteles porque cuentan con información valiosa para enfrentar a las fuerzas armandas.

Además de que es un delito grave dar a conocer secretos de seguridad nacional que vulneran la lucha de la Secretaría de la Defensa Nacional contra los grupos criminales.

Pero, sobre todo, es un delito lesivo para México porque es una traición a la patria considerando que se ocasiona un daño patrimonial a las instituciones y se pone en riesgo la vida del personal del Ejército y la Fuerza Aérea.

Las justificaciones

Supuestos funcionarios de la Sedena aseguran que una parte del equipo adquirido fue destinado a un grupo compacto de militares que presuntamente lo utilizarían para hacer tareas de inteligencia política.

De acuerdo a El Universal, este grupo sería encabezado por el general Augusto Moisés García, quien fue secretario particular del ex secretario de la Defensa Clemente Vega y hoy funge como director general de Administración de la Sedena.

Un aspecto a considerar es que se reveló información de los proveedores de equipo táctico a los que recurren las dependencias responsables de salvaguardar la defensa y la seguridad nacional. 

Testimonios de algunos funcionarios militares sugieren que los documentos podrían haber salido de la oficina del subsecretario de la Defensa, el general Demetrio Gaytán, y que fueron filtrados a través del jefe del Estado Mayor, el general Luis Arturo Oliver.

Ha pasado un año desde que se reportaron pugnas al interior de las fuerzas armadas para ganar el poder político que requiere un general de División para aspirar a ser secretario de la Defensa.

Y durante los últimos meses, ha habido pesquisas de altos mandos de seguridad nacional y hasta generales asesinados, lo que sugiere que existe tensión al interior del núcleo militar.

¿Regreso a los cuarteles?

El 10 de abril pasado, Enrique Peña Nieto declaró que crearía una policía nacional con 50 mil efectivos entrenados en tácticas paramilitares para sustituir a los efectivos militares y navales que están desplegados en las áreas más vulnerables y con menor presencia del Estado.

Es muy probable que se refiriera a Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y otras entidades de la frontera sur del país. 

Para ello, más de 60 mil efectivos militares tendrían que regresar a los cuarteles gradualmente. Y gradualmente significa que el proceso podría llevarse a cabo en cinco años. 

El entonces candidato presidencial del PRI también consideró necesario incrementar el tamaño de la Policía Federal. Pero su propuesta no es clara aún, ya que no ha precisado los detalles de su estrategia. 

En tiempos electorales, era impensable creer que dar la espalda a las fuerzas armadas –después de cinco años de ardua, cansada y sangrienta guerra contra el crimen organizado– era una buena jugada política.

Y ahora, ante el actual clima postelectoral, es improbable que Peña Nieto y su equipo propongan un cambio de táctica.

Por ello, el político mexiquense montó desde hace un año una intensa campaña que le permitiera ganar espacios y aliados en el seno de las fuerzas castrenses. 

Con este objetivo en mente, el hoy virtual presidente electo operó a través de su bancada en la Cámara de Diputados el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional. 

Uno de los legisladores designados fue el priista nuevoleonés Rogelio Cerda Pérez, quien preside la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional en la cámara baja.

Otra pieza clave fue el entonces dirigente nacional del tricolor, Humberto Moreira. 

Mientras el debate seguía su curso en la Cámara de Diputados, hubo una serie de movimientos al interior de la Sedena y posteriormente en la Semar, lo que terminaría de consolidar el espaldarazo de la élite militar al candidato tricolor.

Por una parte, las posiciones más importantes de la Sedena fueron cubiertas por dos viejos amigos de Moreira, el ex gobernador de Coahuila: el general de División en retiro Roberto Miranda Sánchez fue nombrado inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea en 2011; y el también general de División DEM Jorge Juárez Loera fue designado oficial mayor de la Sedena. 

Ambos habrían fungido como encargados de la XI Región Militar en la zona norte del país, con sede en Coahuila, cargo que ahora ocupa el recién ascendido general Roberto de la Vega.

El general Miranda Sánchez fue jefe del Estado Mayor durante el sexenio Zedillista y acaparó la atención cuando fue designado comandante del desfile militar del 16 de septiembre pasado. Distinción que tradicionalmente se da a los generales que están mejor posicionados para suceder al secretario de la Defensa.

 Cuatro meses después, el 16 de enero de este año, fue el orador principal durante la ceremonia de retiro de 32 generales de División en el Campo Marte. El cargo de contralor que ocupaba Miranda fue cubierto por el general Marco González Barreda.

Por su parte, Jorge Juárez Loera estuvo poco tiempo al frente de la Oficialía Mayor porque fue asesinado en mayo de 2011 en el Estado de México. Su cargo fue ocupado por un reconocido militar que es amigo de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Zepeda. 

Durante el gobierno de Peña Nieto, Cienfuegos estuvo al frente de la I Zona Militar, que comprende el Estado de México y el Distrito Federal. También fue jefe de la Sección Tercera (S-3), que es la responsable de las operaciones especiales.

Y en 2006 habría sido considerado como posible relevo del secretario general Clemente Vega García. Sin embargo, Cienfuegos se topó con pared cuando el presidente Felipe Calderón designó al general en retiro Guillermo Galván, quien presuntamente fue propuesto por Genaro García Luna. 

Jalisco y Guerrero, las primeras dos zonas militares que comandó Cienfuegos, estaban dominadas por el cártel del célebre Joaquín “El Chapo” Guzmán. Y ambas se volvieron emblemáticas. 

Jalisco porque fue el escenario del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de la fuga del capo sinaloense. Guerrero porque era bastión de la venta de drogas y sede de operativos militares contra grupos guerrilleros.

Además, el general Cienfuegos entabló una estrecha relación con algunos de los empresarios más prominentes de Guerrero, entre ellos Jaime Camil, personaje allegado al grupo de Atlacomulco.

— Augusto Moises Garcia Ochoa

Rango: General de División Diplomado Estado Mayor.

Cargo: Director General de Administración de la SEDENA.

Cargos relevantes: Secretario particular del general secretario Clemente Vega García. Subjefe de la Sección Segunda (S-2,Inteligencia). Instructor invitado en la Escuela de las Américas.

*Será el comandante del último desfile militar del 16 de septiembre del sexenio del Presidente Calderón.

— Salvador Cienfuegos Cepeda

Rango: General de División Diplomado de Estado Mayor.

Cargo: Oficial Mayor de la SEDENA

Cargos relevantes: Fue Inspector y Contralor General del Ejercito, Comandante de las Regiones Militares VII, I, IV y V. Jefe de la Sección Tercera (S-3,Operaciones). Posee una Maestría en Administración Militar para Seguridad y Defensa Nacionales. Fue agregado militar en Japón y Corea, entre otros. Y Director del Heróico Colegio Militar.

— Luis Arturo Oliver Cen

Rango: General de División Diplomado Estado Mayor.

Cargo: Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Cargos relevantes: Jefe del Estado Mayor, Subjefe Operativo del Estado Mayor, Jefe del Estado Mayor de la 27/ava Zona Militar, Guerrero.

— Carlos Demetrio Gaytan Ochoa

Rango: General de División Diplomado de Estado Mayor.

Cargo: Subsecretario de la Defensa Nacional.

Cargos relevantes: Fue Jefe del Estado Mayor, Comandante de la 13/a. Zona Militar, en Nayarit. Comandante de la 31/a. Zona Militar y Comandante del Área de los Altos, en el estado de Chiapas. Ocupo cargos diplomáticos importantes como Agregado Militar en Lima, Perú. Y fue representante militar ante la OEA.

— Roberto Miranda Sanchez

Rango: General de División Diplomado Estado Mayor.

Cargo: En retiro.

Cargos relevantes: Inspector y Contralor General de la Sedena, Comandante de la XI Región Militar, Director del Archivo General de Historia, Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas.

Objetivos de alto valor 

El general colombiano Oscar Naranjo, asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto, declaró que era necesario reducir la violencia sustancialmente en los primeros 100 días de la administración entrante. 

Dijo que para lograrlo se planeaba crear un grupo de choque cuya misión sería capturar y/o eliminar “objetivos de alto valor” (HVT, por sus siglas en inglés). 

Un análisis de lo acontecido durante el sexenio de Calderón es concluyente: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México no están capacitados ni facultados legalmente para efectuar labores de seguridad pública.

Hasta el pasado 23 de abril, después de cinco años de enfrentamientos con grupos del crimen organizado, el Gobierno Federal dio a conocer una serie de protocolos para las fuerzas federales con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y delimitar las acciones de los efectivos. 

Después de 60 mil muertos, miles de demandas de violación de derechos humanos y cientos de recomendaciones de la CNDH, el equipo de seguridad nacional de Los Pinos logró diseñar o imitar un protocolo indispensable para combatir lo que ahora los expertos en seguridad nacional denominan una insurgencia criminal.

La idea de crear un cuerpo paramilitar para enfrentar a los narcotraficantes y al crimen organizado no es nueva. El lineamiento viene de crear una fuerza federal con facultades legales de procuración de justicia, investigación y seguridad pública con capacidad de fuego y disciplina militar.

Hay casos similares en Italia, con los Carabinieri; en España, con la Guardia Civil; en Francia con la Gendarmerie; en Chile, con la Policía Carabinera, en Colombia y en Brasil.

Pero Colombia es el caso de referencia porque la estrategia paramilitar fue una de las medidas que tomó el gobierno para hacer frente al narcotráfico, que amenazaba la permanencia del Estado Colombiano. Y el general Oscar Naranjo dirigió esta policía por varios años.

La asesoría estadounidense fue pieza clave para diseñar esta nueva figura de fuerza pública. 

Lo importante es reconocer que imitar el modelo colombiano no es una opción viable para atacar eficazmente al crimen organizado en México.

Los que llegan con EPN

Los dos personajes que más se mencionan para estar cerca del virtual presidente electo son Eduardo Medina Mora, quien ya fue procurador, y el senador hidalguense Jesús Murillo Karam.

Medina Mora podría ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que Murillo Karam iría a la PGR. Por ahora nada está definido.

Las presiones internacionales se han hecho presentes una vez pasado el fervor postelectoral. La mayoría de los medios de otros países hacen referencia a lo que se espera de la próxima administración en materia de seguridad. 

No se ha definido cuándo regresarán las fuerzas castrenses a los cuarteles –que fue una de las promesas de Peña Nieto–, todo dependerá de cómo funcione la implementación de la nueva fuerza paramilitar.