El contenedor con cientos de cadáveres que deambuló por la metrópoli de Guadalajara en septiembre de 2018, conocido como el Tráiler de la muerte, y que fue estacionado toda una noche en un predio a la intemperie en una zona habitacional de Tlajomulco, era una bomba de tiempo.
Las investigaciones sobre el caso del “tráiler de la muerte” de la Contraloría de Jalisco y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), arrojan evidencias de que la movilización de ese contenedor no solo se realizó de forma ilegal, también puso en peligro a todos los habitantes de la ciudad que estuvieron cerca.
La primera advertencia del riesgo de explosividad del frigorífico que se le hizo tanto al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que dirigía Luis Octavio Cotero Bernal, surgió el 31 de mayo de 2018, durante la sesión de la Junta de Gobierno del IJCF.
“En uso de la voz comenta que además de ser un foco de contaminación los cuerpos en descomposición generan emanaciones de gases explosivos y en el momento en que se llegue a un punto de saturación se corre el riesgo de que ocurra una situación de inflamabilidad creciente, por lo que se debe buscar la manera de desahogar los cuerpos”, señaló el especialista forense Ezequiel Méndez Calvillo en el acta levantada.
Por ello, recomendó “solicitar a la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCB) que hiciera un dictamen de siniestralidad y un estudio de riesgo de las instalaciones para ser presentado al C. Gobernador y hacerlo conocedor del riesgo que existe para que se pudieran destinar recursos para resolver la situación”.
Así se hizo. La UEPCB evaluó el contenedor que entonces permanecía en las instalaciones del IJCF, y el 12 de julio de 2018 le presentó sus resultados al titular del organismo, Cotero Bernal, en el oficio UEPCB/DG-4034/CSBA2967/2018, donde confirmó el riesgo de explosividad.
“En el patio norte a la intemperie de las instalaciones se cuenta con una caja seca tipo móvil (congelador), donde se tienen almacenados aproximadamente 300 cadáveres, misma que carece de sistema de ventilación y equipo para filtración de gases a la atmósfera, propiciando que en temporada de verano incremente la temperatura y a su vez la aceleración y descomposición de los cuerpos”.
Por lo tanto se están “generando gases tóxicos e inflamables como es el caso del metano, situación que puede ocasionar un escenario desfavorable (incendio y explosión por gases inflamables confinados), esto derivado de la acumulación y nula ventilación de los mismos por lo que no es posible que se conserven tantos cuerpos generando riesgos y por supuesto una afectación a las personas en su vida o bienes”.
La negligencia en el Tráiler de la muerte
La propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco documentó que el dictamen de Protección Civil sobre el riesgo de explosividad del frigorífico fue dirigido a Cotero Bernal, pero éste negó haberlo conocido cuando fue interrogado por la Contraloría el 15 de octubre de 2018.
“Que diga el compareciente, si tuvo conocimiento del contenido y de las recomendaciones del dictamen emitido por la UEPCB, del 12 de julio de 2018, en el que señaló el riesgo inflamable de los cuerpos contenidos en el interior de las cajas refrigerantes”, le cuestionó la Contraloría.
Cotero Bernal respondió que “solamente se hizo una recomendación desde hace más de un año de la necesidad de construir una puerta de salida de emergencia como sí se hizo, y solamente recuerdo que uno de los integrantes de la Junta de Gobierno en la última sesión de esta, en la que solo tiene voz el director en turno de dicho IJCF, hizo un comentario de que tal vez pudieran explotar la caja refrigerante por exceso de cuerpos en descomposición”.
Además de ser un foco de contaminación los cuerpos en descomposición generan emanaciones de gases explosivos
Sustancias peligrosas
El caso del “tráiler de la muerte” no implicó solamente la violación de leyes y protocolos para el tratamiento, identificación, clasificación y conservación de los cuerpos de personas desconocidas, también se transgredió el derecho a la salud, pues los 273 cadáveres que contenía debieron considerarse una “substancia peligrosa”.
Pese a ello, el frigorífico se movilizó por la ciudad como si no representara ningún peligro sanitario y con negligencias como la que narró el exdirector de Área de Recursos Materiales y Servicios Generales de Fiscalía, Marco Antonio Cruz Flores, el 18 de septiembre de 2018, al aceptar que vaciaron sus líquidos al drenaje.
“Cuando se quedó la caja refrigerante en la Bodega de Evidencias tiraba mucho líquido como sangre, por lo que le dije al personal de mantenimiento de la Fiscalía que realizaran algo para que no escurriera ese líquido, por lo que ese mismo día personal de Infraestructura realizó una estructura tubular para que el líquido se fuera directo al drenaje, para que no oliera tanto, informando de ello a la licenciada Maricela Gómez”, dijo.
Inclusive, para movilizar el frigorífico “se debió dar aviso a la Secretaría de Salud, la Coprisjal (Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios), y a los ayuntamientos correspondientes”, señala la CEDHJ en su recomendación 10-2019, pero no se hizo.
Ante el manejo negligente del frigorífico y el dictamen de Protección Civil, la CEDHJ concluyó en la recomendación que “sin lugar a duda se trata de substancias peligrosas o residuos peligrosos biológico-infecciosos, que en forma de gases o líquida acumulados dentro del thermo king y esparcidos en aire y medio ambiente.
“Así como derramados en los lugares donde estuvo colocado y circuló el mencionado contenedor, derivado de la deplorable forma de su manejo, tratamiento, almacenamiento y transporte, pusieron en grave riesgo sanitario y, con ello, en peligro la salud de las personas que estuvieron expuestas, bajo cualquier forma de participación o circunstancia, frente a dicho tráiler y cuerpos”.
El caso sigue impune a pesar de que la CEDHJ señaló responsabilidades de nueve exfuncionarios de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
