Transparencia en conflicto

Un caso de presunto tráfico de influencias entre autoridades del Municipio de Tlaquepaque y el Instituto de Transparencia de Jalisco ha puesto en entredicho la independencia de este último, quien no se ha pronunciado para defenderla
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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“Contestas lo que sea. Ya en el recurso de revisión hay abuso de tráfico de influencias. Bueno, este, ya no soy comisionado, pero de algo me sirvió ser comisionado, abuso del abuso de las influencias”
Vicente Viveros Reyes,Jefe de gabinete de Tlaquepaque acusado de usar sus influencias

La credibilidad del Instituto de Transparencia de Jalisco está en duda.

La Fiscalía Anticorrupción indaga un presunto caso de tráfico de influencias entre el Gobierno de Tlaquepaque y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), lo que ha puesto en entredicho su independencia.

La denuncia penal que interpuso el regidor de Tlaquepaque, Armando Córdova Díaz, en contra de los comisionados del ITEI, así como del jefe de Gabinete de ese municipio, Vicente Viveros Reyes, por este presunto intercambio de favores puede ser la peor mancha hasta ahora en la historia del instituto.

El 20 de marzo, Córdova Díaz anunció que había presentado esa denuncia basada en una grabación en la que el jefe de Gabinete de Tlaquepaque alardea en un curso judicial de tener influencia sobre las resoluciones del ITEI para favorecer a su municipio, debido a que fue hasta hace poco comisionado del mismo. El hecho quedó opacado por otros sucesos como la desaparición de los tres estudiantes de cine en Tonalá.

Pese a la gravedad de la acusación y a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el ITEI no se ha pronunciado de forma institucional al respecto, postura distinta a la que asumió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuando su autonomía fue cuestionada.

En el caso del INAI, su independencia fue puesta en entredicho el 19 de marzo cuando la entonces comisionada Ximena Puente fue incluida como candidata plurinominal del PRI a la Cámara y presentó su renuncia en medio del escándalo. Dos días después el instituto federal envió un comunicado donde reivindicó su carácter autónomo.

“El INAI afirma que la autonomía del órgano garante se sustenta en el trabajo institucional y en las resoluciones emitidas por el Pleno, las cuales son definitivas e inatacables y se resuelven por mayoría o por unanimidad. Ante la polémica suscitada por la decisión personal de la comisionada Ximena Puente de la Mora, el Pleno reafirma su convicción, que el prestigio y la credibilidad de las instituciones está por encima de sus cotitulares”.

Resoluciones por encargo

Los hechos que denunció el regidor de Tlaquepaque, Armando Córdova Díaz, sucedieron el 8 de febrero en un curso que impartía Vicente Viveros Reyes en la Ciudad Judicial y fueron registrados en video.

“En Tlaquepaque vivo una tragedia, en dos años cuatro meses de gobierno hemos recibido 11mil solicitudes de información, 10 mil 900 y tantas solicitudes de información (…) contestas lo que sea. Ya en el recurso de revisión hay abuso de tráfico de influencias. Bueno, este, ya no soy comisionado, pero de algo me sirvió ser comisionado, abuso del abuso de las influencias con mi amigo Miguel (Miguel Ángel Hernández, secretario ejecutivo del ITEI) y con mis amigos comisionados para la gestión de mis recursos de revisión.

“De mis 10 mil 800 solicitudes de información se me han convertido en recurso de revisión como mil, hasta el día de hoy invicto, todas a favor del Ayuntamiento más allá de la buena voluntad que me demuestre mi amigo Miguel y que reconozco públicamente el tráfico de influencias” (sic), dijo Viveros Reyes.

El funcionario, con una larga trayectoria en materia de transparencia, ha argumentado en distintos espacios que dijo aquello como mera “sorna”, pero para Córdova Díaz:

“Estos hechos son un claro ejemplo de corrupción y tráfico de influencias, que atentan contrala legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”
Armando Córdova Díaz,Regidor de Tlaquepaque

Contratos bajo sospecha

El comisionado del ITEI, Salvador Romero Espinosa, sí fijó su postura respecto al tema en la sesión del 21 de marzo y cuestionó la autonomía del órgano.

El regidor difundió la existencia de un par de contratos de Tlaquepaque de enero de 2016 para la firma Consultores Parlamentarios, Edilicios y Electorales, representada entonces por Romero Espinosa, cada uno por 58 mil pesos, para la confección de controversias constitucionales.

El comisionado contraargumentó que los contratos son anteriores a su nombramiento en el ITEI, el 25 de agosto de 2016, y lamentó la situación.

“Me parece lamentable que se pretenda dañar a una institución como el ITEI, llena de trabajadores honestos, responsables, que hacen su esfuerzo máximo todos los días para con poco hacer mucho por la transparencia en este estado y que se pretenda manchar a esta institución con fines netamente electorales. Jurídicamente no tiene absolutamente ni pies ni cabeza el pronunciamiento que se hizo ayer en contra de su servidor y de esta institución””, dijo desde el pleno.

Instituto invisible

Las pocas consecuencias que ha tenido esta denuncia en el ITEI, presidido por Cynthia Cantero Pacheco, puede deberse a lo poco conocido que es la dependencia para los jaliscienses, según datos del INEGI.

En Jalisco solo el 51.90 por ciento de la población conoce o ha escuchado sobre la existencia de una institución encargada de defender el derecho de acceso a la información, y apenas un 5.61 por ciento puede identificar específicamente la existencia de la misma

En la Región Centro Occidente que integra a Jalisco, apenas el 6.7 por ciento de la población ha realizado una solicitud de información formal.

Y en Jalisco sólo el 43.7 por ciento de la población conoce o ha escuchado sobre la existencia de una Ley de acceso a la in, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, realizada a población mayor de de 18 años en áreas urbanas de 100 mil habitantes y más.

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