Transparencia hecha pedazos

El caso de una funcionaria despedida injustificadamente de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara sacó a la luz pública las relaciones entre los entes auditables y los que auditan, vínculos que tienen condicionada la información pública.

Encima de que la nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco es un retroceso, esta revelación pone bajo los reflectores a los funcionarios de las áreas de transparencia, tanto de los municipios como del estado. E incluso al director del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), Jorge Gutiérrez Reynaga.

Una serie de relaciones personales pone en duda la libertad con que actúan las unidades de transparencia para exigir la entrega de información delicada de los entes públicos.

Esto se suma a otros factores, como la ineptitud de algunos funcionarios y la falta de un control riguroso de la rendición de cuentas de estas áreas que, paradójicamente, son las encargadas de garantizar que no haya opacidad en la información pública.

Y no es la primera vez que en Jalisco se cuestiona la cercanía de organismos auditores o inspectores con la autoridad.

Está el sonado caso del auditor del estado Alonso Godoy Pelayo, quien aprobó las cuentas de las administraciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y del Gobierno de Jalisco a pesar de los señalamientos hechos por ciudadanos y partidos sobre evidentes desvíos e irregularidades.

Y es que en el sector público de Jalisco ya se volvió costumbre tener amistades y compadrazgos cuestionables.

El despido de Cecilia Isabel Ayala Dávalos, quien era empleada de la Unidad de Transparencia (UTI) de Guadalajara, es solo la punta del iceberg.

Ante las cámaras de Reporte Indigo, Ayala Dávalos denuncia la destrucción de información pública por parte de dos empleadas de la dependencia donde laboraba, así como la complicidad de la actual titular, Nancy Paola Flores Ramírez, quien no ha emprendido acciones legales contra ellas.

Quien fue castigada con la rescisión de su contrato antes del plazo estipulado fue Cecilia Isabel Ayala Dávalos.

Y todo por no aceptar ser cómplice de una ilegalidad y además denunciar ante la Contraloría Municipal a las dos empleadas que desaparecían información pública.

“El de jurídico (del Ayuntamiento) me dijo que qué forma había para que se acabara esto. Me dijo que si yo me interesaba en que se terminaran los asuntos, él podía limpiar mi nombre en su resolución”, cuenta Ayala Dávalos.

Las dos empleadas que trataron de convencerla de destruir el archivo para ahorrarse trabajo son Estela Rubio Nuño y Diana Janeth Torres Pacheco, quienes no han sido sancionadas.

La ex burócrata no pide que se le recontrate. Tampoco que se le pague la indemnización correspondiente ni los salarios que no cobró.

Lo que quiere Ayala Dávalos es que se revise lo que se está haciendo con el archivo de las unidades de transparencia, porque mucha información que ya costó tiempo y dinero conseguir podría estar desapareciendo.

“La destrucción del archivo es un hecho que no se puede revertir. Están faltando hasta ahorita –yo tengo conocimiento– 3 mil 517 expedientes. Faltan todavía más de los años 2004, 2005 y 2006. Eso es un hecho que se llevó a cabo y debe ser sancionado”, advierte.

Con base en estas cifras, se estima que alrededor del 36 por ciento de los expedientes de 2007 a 2010 fueron destruidos.

Según Ayala Dávalos, la información de 2004 y 2005 fue destruida en su totalidad. De 2006 no tiene certeza porque la ley no obliga a publicar información anterior a los tres años previos a la administración en curso.

En la actual administración, la UTI se convirtió en una dirección sin capacidad de maniobra para trasparentar la información pública.

Y tampoco administra la información como se indica en la Ley que Regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco.

Bajo el mando de Roberto López Lara, ex secretario general del Ayuntamiento, la UTI se convirtió en un dique.

Retener información, no responder a las solicitudes o responder a medias se volvieron prácticas comunes pese a que el Ayuntamiento actual obtuvo la certificación ISO 9001-2008.

El control era tal, que hasta las solicitudes de información hechas por los medios eran notificadas al secretario general del Ayuntamiento y a los responsables de Comunicación Social.

Y es que en las áreas de transparencia municipales, López Lara acomodó a funcionarios como la hoy acusada Estela Rubio, quien presumía que era su comadre y fue trasladada al Archivo del Ayuntamiento de Guadalajara,  no como castigo por la destrucción, sino por otro caso posterior donde reveló información confidencial por error. 

Relaciones opacas

Luego de la destrucción del archivo, Estela Rubio Nuño “seguía ahí como si nada, yo creo cobijada a que es comadre del ex secretario Roberto (López Lara)”, señala Cecilia Isabel Ayala Dávalos.

Otra de las incondicionales de López Lara en la UTI es Martha Alejandra Santiago Toribio, quien hasta cuidó de sus hijos.

Pareciera que a la autoridad de transparencia tapatía le convino arreglarse con el de arriba en lugar de cumplir su función de informar.

La propia titular de la UTI, Nancy Paola Flores Ramírez, admitió que la rescisión del contrato de Ayala Dávalos fue una “orden de arriba”.

Con esta actitud, también quedan bien con el ITEI, que escruta lo que hacen las unidades de transparencia municipales.

Quizá por eso el Ayuntamiento de Guadalajara dio prioridad al relevo de Verónica Gutiérrez, quien estaba al frente de la UTI tapatía.

La salida fue sencilla: que el ITEI recomiende a alguien. Fue así como Nancy Paola Flores Ramírez salió de esa dependencia, donde se desempeñaba como coordinadora de Procesos Jurídicos, y llegó a la Dirección de la Unidad de Transparencia de Guadalajara.

Y anteriormente colaboró con el ex titular de la Unidad de Transparencia de Tonalá, Hans Jurado Parres, cuyo hijo Hans Salvador Jurado Velazco fue encontrado muerto en febrero de 2011 junto con Carlos López Lara, hermano del ex secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara.

Pero las relaciones interinstitucionales entre la Unidad de Transparencia y el ITEI fueron a más.

El presidente del ITEI, Jorge Gutiérrez Reynaga, recomendó a su sobrino Omar Carpintero Gutiérrez, quien hoy funge como colaborador en la Unidad de Transparencia.

La ex empleada Cecilia Isabel Ayala Dávalos insiste en que la autoridad investigue a fondo la Unidad de Transparencia de la capital de Jalisco.

“Vas a encontrarte irregularidades no solamente en la cuestión de archivo, sino en la cuestión de si realmente se está respetando la ley desde qué se recibe hasta cómo se gestiona y se entrega, porque hay mucha facilidad para hacer las cosas mal, pero aparentar que se hicieron bien”, afirma. 

DESPIDEN A BUENOS FUNCIONARIOS
Cecilia Isabel Ayala Dávalos, quien fue despedida injustificadamente de la Unidad de Transparencia de Guadalajara, pide que se revise la administración de la información pública en Jalisco
Por Ángel Plascencia 

En los cuatro meses que fue parte de la Unidad de Transparencia (UTI) del Ayuntamiento de Guadalajara, Cecilia Ayala Dávalos vio muchas cosas. 

Desde nepotismo hasta apoyo de funcionarios de la UTI en eventos de campaña del hoy gobernador electo de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Pero lo que la hizo presentar una denuncia ante la Contraloría Municipal fue la destrucción de archivos. 

“Aquí la problemática surge desde abril, cuando dos de las compañeras servidoras públicas de nombre Estela Rubio Nuño y Diana Janeth Torres Pacheco comienzan a destruir expedientes sin mayor registro, sin mayor secuencia y sin indicaciones de nadie. 

“Nancy (Nancy Paola Flores Ramírez) en dos momentos diferentes supo lo que estaba pasando. Desde la primera quincena de abril ella ya sabía –yo fui la que le dije– lo que estaban haciendo Estela y (Diana) Janeth. Ella se dio por enterada, hasta ahí. 

“La segunda vez ya le entregué documentos rotos, para que ella tuviera la certeza de que yo le estaba diciendo la verdad, porque Diana es amiga de ella, ella siempre nos dijo que era su amiga. 

“Así pasa abril, y aun cuando no era ni la primera quincena, ella permite que continúen en sus puestos (…). En ese inter que ella (Nancy) autoriza que continúen en sus puestos, vuelven a destruir otro tanto de expedientes. 

“Esta información que destruyen la segunda vez era información que yo depuré, que ya se encontraba lista nada más para capturar en lo electrónico y digitalizar. 

“Del 2007 al 2010 están faltando 3 mil 517 expedientes, uno que fuera ya es delicado, porque como servidores públicos estamos obligados a resguardar la información”, explica la ex empleada de la UTI. 

Indica que a las responsables de destruir información no les fincaron responsabilidad alguna. 

“A Diana Janeth la dan de baja, pero no le fincaron ninguna responsabilidad, ni siquiera le hicieron acta administrativa, ni nada. Y Estela todavía en abril, mayo, siguió en la Unidad de Transparencia, y la movieron a Archivo Municipal por una problemática detonada con una solicitud de información, pero no como consecuencia de su actuar”, precisa. 

Mientras que las dos funcionarias infractoras recibieron un trato privilegiado, a Cecilia Ayala le prometieron una carta de recomendación que nunca llegó. 

Cecilia Ayala Dávalos tuvo una conversación con su jefa, Nancy Paola Flores Ramírez, y la grabó para usarla como prueba en la denuncia que luego presentó ante la Contraloría. En ese audio, se escucha que la titular de la UTI le dice que la orden de su salida “viene de arriba”. 

Y aunque la hoy ex burócrata salió de su cargo el 2 de julio, luego de presentar las denuncias contra las funcionarias, Nancy Paola Flores Ramírez envió el 16 de julio un oficio en el que la acusa de ser una mala empleada. 

Ante tal acusación, Ayala Dávalos cuestiona el cambio de actitud de la titular de la UTI: “¿Cómo me ofreces una carta de recomendación?”.

“El acta dice que yo estuve asignada cuatro meses al área de archivo y que me pusieron ahí porque no di el ancho en otras áreas; que no desempeñé mi trabajo como se requiere y que mi conducta con los compañeros era agresiva y amenazante. 

“Esto es una consecuencia de que yo denuncié la destrucción del archivo de manera intencional, y desde luego estoy señalando no solo el actuar de esas dos servidoras públicas, sino la omisión en la que ha venido incurriendo la titular de la Unidad de Transparencia. 

“Nancy, al entrar a la UTI, recibe de parte de la maestra Verónica (Verónica Gutiérrez, ex titular de la dependencia) 76 cajas y 8 gavetas. Nancy solamente entrega a Archivo Municipal 24 cajas, y ahí se incluye la información que ella recibió y la que ha generado desde el 2010, (cuando) ella entró”, explica Ayala Dávalos. 

La hoy desempleada del Ayuntamiento de Guadalajara tenía un nombramiento como parte del Consejo Ciudadano de Transparencia de Guadalajara, pero lo perdió, al igual que sus aspiraciones de ocupar un puesto en el ITEI. 

Y es que pidió licencia de su cargo como consejera para trabajar en la UTI de Guadalajara, pero al salir de esta dependencia, ya no fue respetado su nombramiento, lo cual viola la reglamentación del consejo. 

“Rogelio Barba Álvarez (presidente del Consejo Ciudadano) me dice: ‘Sí conozco el reglamento, sé cuál es el procedimiento. No lo hice, pero ya no estás en el consejo’. ¿A partir de cuándo presenta esa actitud? A partir de que yo hice pública la denuncia a la Unidad de Transparencia”, señala Cecilia Ayala Dávalos. 

Sabe que esta denuncia pública conlleva el riesgo de no volver a trabajar en las áreas de transparencia de Jalisco, pero insiste en señalar los vínculos entre los titulares de los diferentes organismos. 

“La última semana de junio yo fui al ITEI a una entrevista, a dejar mi currículum (…), pero ella me dijo que Jorge (el presidente del ITEI) le habló y le dijo que yo estaba allá, que no era posible y que actuara contra mí”.

COSTOSOS REZAGOS
Por Paloma Robles

En septiembre de 2011, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que la Unidad de Transparencia (UTI) había obtenido la certificación ISO-9001:2008.

La Asociación de Normalización y Certificación evaluó a la dependencia con el propósito de estandarizar los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Con el anuncio de la certificación, se esperaba que mejorara la operación de la UTI; sin embargo, fuentes consultadas señalan que los protocolos de evaluación ISO-9001 ya no son aplicados.

Ni siquiera se aplica la encuesta de satisfacción del usuario al término de su consulta.

Y los trámites se complicaron con la entrada en vigor de la nueva Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios.

El procedimiento de solicitud de información se ha vuelto engorroso y burocrático. Está comprobado que el solicitante puede tardar hasta media hora tan solo en la etapa de recepción y sello de sus documentos. 

Esto contrasta con lo que indica la normativa, la cual advierte que la unidad debe implementar en el primer año de operación un sistema electrónico de recepción de solicitudes, requisito que no se ha cumplido.

El procedimiento de la Unidad de Transparencia es tan desordenado, que la notificación de las solicitudes puede ser vía electrónica –mediante un correo dirigido a un funcionario del Ayuntamiento– o de manera presencial.

Los términos de entrega establecidos por la ley no se cumplen, y el solicitante debe acudir a la UTI para verificar el estatus de su expediente.

Opacidad en línea

A un mes de que termine la administración, la transparencia del municipio de Guadalajara no cumple ni los mínimos requerimientos.

El portal de Internet de la UTI ya no incluye la nómina, ni los cheques girados a proveedores, mucho menos los contratos firmados o las actas de sesión. 

Reporte Indigo buscó el monto pagado a la consultora Asociación de Normalización y Certificación por el trámite de la certificación ISO-9001:2008, pero fue imposible encontrar el dato, la página marca error.

No obstante, se sabe que un servicio similar cuesta entre 500 mil y un millón de pesos. 

Quedaron atrás los años en que el municipio tapatío obtenía certificaciones de excelencia en transparencia. 

En 2010, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) otorgó el primer lugar en transparencia a Guadalajara como resultado de la evaluación del desempeño de dicho Ayuntamiento durante 2009, año de gestión del panista Alfonso Petersen Farah. 

El resultado de esta evaluación contrastó con el que obtuvo con el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), que demostró el retroceso que se dio con la llegada del PRI a la administración tapatía.

De haber alcanzado 57.7 puntos en 2009, su calificación bajó a 31.8 puntos en 2010. Y aunque en 2011 el Ayuntamiento de Guadalajara consiguió 60 puntos, su calificación sigue siendo reprobatoria.