Desde su creación en 2015, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) se convirtió en uno de los mecanismos más eficientes para supervisar las actividades y exigir la rendición de cuentas a las autoridades tanto federales como estatales de los tres órdenes de gobierno en México.
Sin embargo, con el incremento exponencial de las solicitudes ciudadanas en un periodo de cuatro años, la necesidad de un modelo más competente que permitiera reducir el tiempo de respuesta con el que cuentan en la actualidad los llamados “sujetos obligados”, esta ley se ha vuelto cada vez más evidente.
Frente a este panorama, el pasado 19 de septiembre se presentó ante el Senado de la República una iniciativa cuyo objetivo es acortar los plazos de atención contemplados por la LGTAIP; a la fecha, se brinda una flexibilidad para la atención de solicitudes en más de dos meses y se pretende reducirlo a la mitad del tiempo
La iniciativa impulsada por primera vez en este periodo de sesiones está a cargo del senador Julen Rementería del Puerto, quien pretende agilizar los trámites cambiando los 20 días hábiles para respuestas a solo 10; mientras que en el caso de los recursos de revisión, contemplados para atenderse en un plazo no mayor a 40 días, el legislador propone 20.
Para el integrante de la bancada del PAN, el proyecto se respalda con la evidencia de un incremento importante en la actividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que en su Informe de Labores correspondiente al año 2018 detalla que, de 2014 a septiembre de 2018, los ciudadanos presentaron más de 920 mil solicitudes de acceso a la información en el ámbito federal, cifra que es superior a las 821 mil que fueron presentadas entre 2003 y 2013.
“Han crecido mucho las solicitudes de información, tanto a nivel federal como local en distintas entidades del país y la intención es reformar el artículo 132 y 146 para recortar en el primer caso, de 20 a 10 días (las respuestas) y en el segundo (recursos de revisión) de 40 a 20 días. Con esto se reducirían significativamente los tiempos”, comenta Rementería del Puerto en entrevista con Reporte Índigo.
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El funcionario veracruzano detalla que la motivación para reformar la LGTAIP se debió al uso constante que mantiene la plataforma, experimentando de primera mano las dificultades que representa presentar una solicitud de transparencia y luego esperar por más de 60 días una respuesta, tiempos que en su consideración son excesivos.
“He estado haciendo múltiples solicitudes de información, tanto a nivel federal como a nivel local, y normalmente la autoridad excede los plazos que establece la ley. No argumentan alguna causa específica, pero pareciera que simplemente la intención es no dar la información.
Dilema presupuestal
Uno de los primeros obstáculos que presenta el proyecto del senador es la realidad presupuestal que enfrenta el INAI durante el presente año, pues en conjunto con la Cofece son los órganos autónomos que menos reflejaron los incrementos presupuestales dentro del Paquete Económico 2020.
De momento, se prevé que el INAI recibirá 927 millones de pesos para el próximo año, un aumento del 3 por ciento con respecto a lo recibido para 2019.
Francisco Javier Acuña Llamas, titular del máximo órgano de transparencia en el país, afirmó a principios de septiembre que el presupuesto del Gobierno federal “es congruente” con las políticas de austeridad impulsadas por la Cuarta Transformación. No obstante, ante el rumor de que en la Cámara de Diputados comenzará a circular una propuesta para recortar casi un 6 por ciento a los recursos de diversos organismos autónomos –el INAI incluido– Acuña Llamas manifestó que buscarán hablar con la bancada de Morena pues el tema “aún no está definido”.
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“Este planteamiento lo hizo un diputado (Sergio Gutiérrez). Es muy respetable pero tenemos que esperar a ver a todas las comisiones de todos los diputados para que, en todo caso, podamos explicarles cuáles son las necesidades de la institución”, comentó el titular del organismo al término de un acto de entrega de constancias en el estado de Nayarit el jueves pasado.
Por su parte, el senador Julen Rementería consideró que si bien, el tema del presupuesto es importante, en dado momento no sería indispensable para recortar los tiempos de atención, ya que se trata de un tema de trabajo y voluntades.
“Lo que hay que hacer es que, a partir del INAI y de los propios institutos de transparencia de las entidades, se trabaje de manera expedita, que no se tomen tanto tiempo en analizar las propuestas para que pudieran agilizarse y no acumular procesos. En la presentación de la iniciativa en tribuna también propuse que se pudiera considerar el presupuesto, dictaminar cuanto antes para llevarlo a Diputados y que allá se le pudiera dar un incremento adicional”, dice.
Trabas en la propuesta de reforma a transparencia
Si bien la propuesta del senador cumple con el principio de cubrir una necesidad real de la ciudadanía, aún existen diversos impedimentos que podrían interrumpir su correcta ejecución.
Para la organización Transparencia Mexicana existen algunos puntos que deberían considerarse de forma previa para que la iniciativa no quede relegada como una buena idea pero mal ejecutada.
“La propuesta de reducir los tiempos de respuesta es posible, pero debería estar basada en el análisis de la estadística de lo que ocurre en la práctica con los cientos de unidades administrativas en este tema. Sin evidencia puede ser una propuesta bien intencionada, pero que terminará careciendo de sentido práctico e incluso debilitando el ejercicio del derecho.
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“Detrás de una propuesta legislativa, además de un compromiso con la agenda de transparencia, debe haber un análisis riguroso de las razones que dificultan en la práctica la entrega puntual de información, como, por ejemplo, la baja sanción a las unidades administrativas que la retienen”, informó la organización en un posicionamiento solicitado por Reporte Índigo en consideración a la propuesta de reforma presentada el 19 de septiembre.
En tanto, para el senador panista, su proyecto –el cual ya se encuentra en comisiones y espera que se desahogue antes de la primera quincena del mes de octubre– no debería estar sujeto a controversia, debido a que cubre una necesidad muy evidente de los mexicanos.
“La verdad es que no creo que pueda haber discusiones porque, ¿quién podría estar en contra de que simplemente se pueda dar la información suficiente y oportuna a cualquier ciudadano que la demande? El mismo presidente ha dicho en innumerables ocasiones que él quiere transparencia y un gobierno sin corrupción.
Y ese gobierno se va a demostrar cuando se tenga la información suficiente para que se pueda constatar (...) necesitamos checar y cotejar los datos que se vierten, que nos dan a conocer de manera directa y la mejor forma de hacerlo y de provocar la transparencia como un elemento adicional en el combate a la corrupción es tener una Ley de Transparencia eficiente
