Las cifras del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, muestran que la población tapatía está disminuyendo su uso del transporte público para optar por un automóvil privado. Los transportistas reconocen esto se debe a un mal servicio, pero argumenta que esa situación se deriva de lo costoso resulta poder dar mantenimiento a sus unidades y acusan al gobierno de Jalisco por negarles la autorización de subir el costo del pasaje.
Esta semana, los transportistas interpusieron diversos amparos ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, para que el Gobierno del Estado, el Congreso local y la Secretaría de Movilidad atienda sus demandas de petición que se han venido realizando desde el 2015. Buscan un diálogo y revisión de las condiciones del transporte, de lo contrario tendrían que verse motivados a realizar un paro en diversas rutas.
Arnoldo Licea, secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte de Jalisco, señaló que podría llevarse a cabo esta medida de presión que han venido realizando los transportistas cada año, con la finalidad de que las autoridades se vean presionadas y atiendan sus demandas.
Estamos acudiendo a la autoridad judicial para hacer valer nuestro derecho a la información, pues como mandatario, Aristóteles Sandoval debería de atender a sus gobernados; esperamos que no sean ignorados y violados nuestros amparos
El transportista reconoció que hay una crisis del transporte público porque no ha visto mejoras en lo general y ha llevado a la afectación primaria con el usuario, a pesar de que este tema fue una de las banderas al iniciar la actual administración estatal.
Agregando que el número de usuarios que van a la baja están optando por el transporte privado, lo que podría ocasionar graves daños a la calidad del aire de la metrópoli por el aumento del parque vehicular, expresó que las autoridades deberían subsidiar el pasaje para que los usuarios no se vean afectados en sus bolsillos, uno de los principales elementos que han detenido los incrementos en el costo de este servicio.
Por ello es que su demanda de amparo se centra en que las peticiones hechas tanto al Ejecutivo como al Legislativo, también contemplen que estos últimos lleven a cabo discusiones en donde se planteé la búsqueda de recursos que puedan ser etiquetados para subsidiar el transporte.
El principal motor de la demanda, según los transportistas, es la grave situación económica en la que se vive actualmente para quienes se dedican a proporcionar las unidades y el servicio, pues a la fecha mencionan que el 60 por ciento de las rutas de la metrópoli han reducido la prestación de servicios al no poder generar los recursos requeridos.
Entre esas rutas están la 174, 181, 186, 50B, 360 y 156. De igual modo, según argumenta Licea, hay otras que ya han dejado de funcionar por las dificultades económicas que les representa dar el servicio, entre las que se cuentan la ruta 45, 110, 190 y 153-A.
Ya desde diciembre este sindicato había advertido con llevar a paro a cerca de 50 rutas del transporte público. Por lo cual ahora vuelven a amagar a las autoridades para que la presión social los lleve a sentarse a la mesa con los transportistas, aunque hasta ahora no ha habido respuesta de dichas autoridades para dar certeza a los prestadores del servicio.
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